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Por Raúl
Kollmann y Martín Piqué
 A exactamente dos semanas de
los enfrentamientos de General Mosconi, una autoridad del máximo
rango judicial le adelantó a Página/12 que las evidencias
que existen en la causa indican que uno de los dos muertos -Carlos Santillán
y Oscar Barrios– fue abatido por balas de la Gendarmería y
el otro por proyectiles que salieron de los piqueteros. La fuente se negó
a dar mayores precisiones y sólo agregó que la evidencia
surge del calibre de los proyectiles, la trayectoria de los disparos y
varios testimonios que constan en la causa.
Más allá de la investigación judicial, la batalla
de Mosconi se trasladó al ámbito de las fuerzas de seguridad
y de inteligencia que se cruzan acusaciones durísimas por lo ocurrido
en Salta. La Gendarmería sostiene que el Ejército quiere
instalar la idea de que los hechos de Mosconi están relacionados
con las FARC colombianas y con el narcotráfico: el objetivo de
los “verdes” sería mostrar que es imprescindible la intervención
del Ejército en el Norte para combatir al supuesto narcoterrorismo.
En ese marco, no falta una voz que pide atención sobre el hecho
de que hubo dos detenidos, suboficiales del Ejército, a los que
les habrían secuestrado armas. O sea que la hipótesis –sin
comprobación– sería que el Ejército alentó
el enfrentamiento.
Los “verdes”, por su parte, ratifican el diagnóstico
de que participaron hombres entrenados por las FARC pero, de paso, tiran
patadas contra la Gendarmería: sostienen que en el tiroteo hubo
gendarmes de uno y otro lado, algunos cercanos a los piqueteros y supuestamente
interesados en el negocio del narcotráfico y los otros, llegados
de Santiago del Estero, que fueron la tropa enviada a despejar la ruta.
La historia –según el Ejército– estaría
probada porque hay dos efectivos de la Gendarmería heridos y uno
detenido, los tres del lado de los piqueteros.
El Ejército y la Gendarmería, al unísono, apuntan
contra la SIDE, sosteniendo que está paralizada y que no aportó
un sólo dato de inteligencia que pudiera prever los hechos. La
SIDE, para contraatacar, reitera que la clave está en la acción
psicológica desplegada por las Fuerzas Armadas para justificar
su intervención en materia de seguridad y desliza un dato tan ilegal
como grave: se estarían preparando unidades de infantes de Marina
e infantes de Ejército, especializándolas en operaciones
antidisturbios. Para confundir aun más la situación, en
el informe oficial que la Gendarmería le entregó al Gobierno
se dice que quienes dispararon fueron los piqueteros, que tenían
armas de bajo calibre, apoyados al menos por dos integrantes de una organización
de desocupados surgida en Florencio Varela.
El juzgado
La causa por la muerte de Santillán y Barrios está ahora
paralizada porque la Cámara Federal de Salta debe sortear cuál
de los dos jueces de la zona se ocupa del caso. La instrucción
fue realizada por el juez Abel Reynoso, el mismo que ordenó despejar
el piquete, lo que ya marca una parcialidad.
La altísima fuente judicial que dialogó con este diario
no quiso precisar cuál de las dos víctimas murió
por los disparos de gendarmes y cuál por los tiros que provenían
del piquete o más bien del monte aledaño a la ruta. La voz
del juzgado tampoco quiso dar a conocer qué calibres provocaron
las muertes, aunque siempre se dijo que Santillán, abatido en el
cementerio, fue alcanzado en la frente por un calibre 22, lo que supone
que recibió el disparo desde el piquete o el monte y en cambio
nunca quedó claro de qué calibre fue el disparo con el que
mataron a Barrios, por lo que tal vez sea el abatido por la Gendarmería.
Un participante de la pesquisa reveló también que se encontraron
vainas servidas, correspondientes a calibre 22, en dos casas, una abandonada
y otra habitada, que están a pocos metros de la ruta. Según
parece, en lacausa judicial figuran cinco testigos de identidad reservada,
uno de los cuales menciona que desde esas casas dispararon integrantes
del piquete, que se apartaron de la ruta en el enfrentamiento.
El Ejército en acción
Ya en febrero de este año, Página/12 reveló en una
nota de Horacio Verbitsky la existencia de un informe del Estado Mayor
Conjunto en el que, con el pretexto del llamado Plan Colombia y las amenazas
del narcoterrorismo, analiza supuestos grupos violentos, la política
migratoria y la guerra social. El informe incluía mapas y describía
el respaldo de las FARC a “indeterminados grupos violentos”
argentinos. Verbitsky no sólo resaltaba la ilegalidad de la acción
de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior –las leyes
lo prohíben– sino menciona tramos ridículos y errores
groseros de un informe que, incluía, obviedades como que “el
atractivo del cultivo de la coca es su precio de venta”.
Fuentes de la SIDE revelaron que el Ejército presentó varios
informes en los últimos meses señalando que en Salta “descansan”
guerrilleros de las FARC, que al mismo tiempo entrenan a grupos de esa
provincia. La idea primordial es siempre la misma: acoger la propuesta
norteamericana de que las Fuerzas Armadas participen en la lucha contra
el llamado “narcoterrorismo”, que –traducido– significa
que intervengan en materia de seguridad interior y en la represión
de las protestas sociales. El dato más alarmante surgido de la
SIDE es que ya existirían unidades de la infantería de Marina
e infantería del Ejército que se están ejercitando
en operaciones antidisturbios. Los hombres de la central de espías
no dicen, por ahora, dónde están asentadas esas unidades.
En forma paralela a las presentaciones del Ejército, la Gendarmería
aportaba informes que decían exactamente lo contrario: negaban
la presencia de guerrilleros colombianos. La SIDE finalmente resolvió
hacer su propia investigación y llegó a la misma conclusión:
el fantasma de las FARC es una creación del Ejército en
su línea de presionar para intervenir activamente en esa zona.
–¿Se está sugiriendo que el tiroteo de Mosconi pudo
haber sido promovido por el Ejército para instalar más la
idea del narcoterrorismo y la necesidad de intervención militar?
–le preguntó Página/12, por separado, a hombres que
ejercen cargos de responsabilidad en la SIDE y la Gendarmería.
–Es evidente que nadie puede llevar gente extraña a un lugar
como ese, porque todos se conocen –señaló el hombre
de la SIDE–, pero el Ejército tiene buchones y no se puede
descartar que haya puesto en marcha a alguno de ellos.
–Mire, hay un dato –mencionó el de la Gendarmería–,
se detuvo a un suboficial retirado del Ejército, mecánico
armero, con bastantes armas en su poder y, además, a otro suboficial
retirado también en actitud sospechosa.
La guerra de los gendarmes
Como es obvio, desde el Ejército contraatacan ratificando el
diagnóstico de que actúan narcoguerrilleros, pero le hacen
a la Gendarmería una lista de imputaciones.
–Hay gendarmes que están con los narcos y por eso niegan lo
que nosotros decimos. La mejor prueba es que en Mosconi hubo gendarmes
de los dos lados, en el cuerpo que fue a despejar la ruta y entre los
que disparaban al lado de los piqueteros.
En realidad, prácticamente nadie –ni la propia Gendarmería–
niega que hubo gente de esa fuerza disparándose entre sí.
Los que fueron a sacar a los piqueteros integraban el Comando Móvil
llevado allí desde Santiago delEstero. En total, unos 200 hombres,
especializados en intervenir en conflictos sociales. Se recurrió
a efectivos de otra provincia básicamente porque los que están
estacionados en Mosconi y sus alrededores se especializan en la custodia
de la frontera –y no en despejar rutas– pero también
porque se trata de hombres de la zona muy mimetizados con la población.
Tal como adelantó Página/12 inmediatamente después
del tiroteo, hubo dos ex gendarmes detenidos y uno herido del lado de
los piqueteros. Esto alimenta otra vez las sospechas de una infiltración
y es usado como argumento de que los disparos pudieron partir de esos
gendarmes metidos furtivamente entre los piqueteros. La Gendarmería
sostiene que los tres hombres fueron dados de baja hace muchos años
y que, por lo tanto, serían piqueteros como cualquiera de los otros.
Cuando el Ejército menciona la relación con los narcos,
pone en realidad sobre el tapete las enormes sospechas que existen sobre
actividades de los carteles de la droga en Salta: según los especialistas
norteamericanos, en esa provincia habría pistas de aterrizajes
y laboratorios donde se procesa la droga que viene de Bolivia. De todas
maneras, en la zona de Mosconi se menciona mucho más el contrabando
que las drogas, ya que el narcotráfico requiere de una cadena aceitada,
con gente que no es lugareña, y se mueve en el marco de una organización
de envergadura. Cuando se habla de narco, se habla más bien de
funcionarios o de grandes potentados de la zona. “Si usted cruza
la frontera con un kilo de coca, en la zona de Mosconi ¿a quién
se la vende? En cambio si cruza con una caja de cigarrillos, de inmediato
la coloca. La droga, en ese tramo de la cadena, no es un negocio de chiquitaje.
El contrabando, sí”, le explicó a este diario un veterano
conocedor de esa frontera.
De todas maneras, entre el Ejército y la Gendarmería no
hacen más que cruzarse acusaciones: la Gendarmería sugiere
que el Ejército pudo haber incentivado a los que dispararon y el
Ejército habla del enfrentamiento entre gendarmes.
A las 10
Las recriminaciones cruzadas también abarcan la propia operación
de despeje de la ruta.
La Gendarmería sostiene que le planteó claramente al juez
Cornejo que todo debió hacerse a las 5 de la mañana del
viernes. A esa hora hay pocas mujeres y niños, el factor sorpresa
es decisivo, los piqueteros estaban dormidos y después se venía
un fin de semana largo –el lunes fue feriado- para amortiguar el
impacto periodístico de la operación.
–¿Por qué no se hizo entonces el viernes? –preguntó
este diario.
–No sabemos ni nos dieron explicaciones -.bramó un hombre
de la Gendarmería.
Lo cierto es que el despeje se intentó recién el domingo
a media mañana, Día del Padre. Tal vez lo más notorio
es que la operación era un secreto a voces: durante toda la semana,
el juez Cornejo fue deteniendo a dirigentes del piquete, sobre todo integrantes
del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y del Partido Obrero
(PO), los partidos de izquierda que hace mucho tiempo tienen arraigo en
la zona. Eso ya era un indicio de que se venía la represión
largamente reclamada al juez por las petroleras de la región. Además,
como lo reconocía un jefe de la Gendarmería, “hay muchos
gendarmes que viven en la zona, son parte del pueblo, ganan lo mismo que
la gente y, por supuesto, se enteran de que se está por poner en
marcha una operación, aunque se haga con efectivos traídos
de Santiago del Estero”. Esto explica también por qué
en el piquete había armas: ya en noviembre hubo tiroteo y la gente,
con criterio de autodefensa, llevó sus rifles y pistolas de bajo
calibre hasta la ruta. Es una zona donde casitodos tienen armas en su
casa, porque suelen cazar o por razones de seguridad.
Es obvio que a esta altura resulta casi imposible determinar quién
disparó primero. Los piqueteros sostienen que no tiraron los gendarmes
que venían en la formación que avanzaba para despejar la
ruta sino los apostados en los tanques de combustible de las petroleras.
La Gendarmería asegura que los tiros salieron del piquete y sobre
todo de un grupo que se apartó de la ruta y disparó desde
las dos casas ubicadas a unos metros, donde supuestamente aparecieron
las vainas. La Gendarmería también insiste en la participación
de dos hombres, llegados a la zona para una especie de encuentro de piqueteros.
Los propios dirigentes de Mosconi, Piquete Ruiz y Pepino Fernández,
deslizaron esta semana que efectivamente hubo un par de militantes “extraños”
que actuaron esa mañana: “vinieron de otra provincia, pero
nosotros los echamos”, dijeron.
Lo concreto es que el enfrentamiento de Mosconi produjo dos muertos, 15
piqueteros heridos y 24 gendarmes con impactos de bala. Este diario dialogó
con los médicos de guardia del hospital de Orán, que constataron
las heridas de 15 gendarmes –supuestamente los demás fueron
atendidos en Salta capital y dos en Buenos Aires– e incluso chequeó
las radiografías en las que se ven los impactos, todos calibre
22. No hay constatación en cambio de la gravedad o levedad de las
heridas de los otros nueve gendarmes y ya Verbitsky señaló
una contradicción: el sargento Mario Bravo, diagnosticado en estado
grave, apareció hablando en el programa de Mariano Grondona con
lo que aparentemente parecía una herida más bien leve.
Igualmente, el saldo de muertos y heridos dejó a la Gendarmería
y también a la SIDE en el centro de varias polémicas.
 Si se ratifica lo que le adelantó
a Página/12 la alta fuente judicial, por de pronto la Gendarmería
deberá explicar quién, cómo y por qué mató
a una de las dos víctimas. En la fuerza sostienen que en la primera
parte de la acción sólo llevaban elementos antimotines,
o sea palos y gases, pero que cuando empezaron los tiros volvieron con
fusiles.
También está
la imputación de que se actuó con notoria falta de información
previa. “Nadie permite que le bajen 24 efectivos”, deslizan
desde las otras fuerzas. En la Gendarmería no tienen mucha explicación
sobre esa falla, le echan parte de la culpa a la SIDE, pero sacan de la
galera un fuerte argumento: “es meritorio lo que se hizo. Si otra
fuerza tiene las bajas que tuvimos, responde con una masacre de envergadura”.
Hay que tener en cuenta que las imputaciones de “debilidad en la
respuesta” dejan el campo propicio para verdaderos peligros en una
próxima represión. Se dice que ya circula una orden tajante:
“donde veamos alguien que tire, lo bajamos”.
Tampoco debe creerse que la
Gendarmería se quedó con las ganas. En los días siguientes
al domingo 17, la represión –según todos los testigos–
fue de una violencia inusitada. Con el argumento de que cumplían
con la orden de detener a los supuestos francotiradores y a Piquete Ruiz
y Pepino Fernández, los gendarmes entraron en las casas, golpearon
con saña increíble, destruyeron muebles y bienes de la gente
de la zona e incluso les pegaron palizas feroces a los detenidos.
Continuará
Transcurridas dos semanas de los hechos de Mosconi, el conflicto continúa,
pero por otros medios. No sólo se dirime en el terreno de la negociación
para encontrarle alguna salida, una vida más digna, a los pobladores
de la zona. Tal vez lo fundamental se está moviendo en forma más
callada: en la Casa Rosada, en las fuerzas de seguridad e inteligencia,
en el oficialismo, en la oposición e incluso en la voz del banquero
Eduardo Escasany que reclama una represión ejemplificadora a los
que cortan rutas.Se sigue hablando de un ministerio de Seguridad, de que
Carlos Ruckauf sugiere la intervención de los militares en tareas
de apoyo en materia de seguridad, de nuevos papeles para la Policía
Federal y de las ya mencionadas unidades antimotines que se estarían
preparando en la Marina y el Ejército. Por decreto, la Federal
–por ejemplo– será responsable de la seguridad de los
aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, lo que ya se enmarca en los previsibles
enfrentamientos con trabajadores de Aerolíneas. El pronóstico
no parece demasiado alentador: a menos que alguien ponga cordura, lo de
Salta quizá sea una película destinada a permanecer demasiado
tiempo en cartel.
TENSA
PAZ EN GENERAL MOSCONI
Un pueblo que está solo y espera
Por Marta Dillon
Enviada
especial a Salta
“Lo que espero es que de
todo esto salgan buenos dirigentes, que la gente los quiera, que no sean
en vano los muertos, los heridos.” Con el tono de quien advierte
que la pulseada está por definirse, Pepino Fernández cambió
la ironía por la reflexión y sutilmente parece tomar el
último tren de la larga noche del conflicto. Un llamado a elecciones
en un plazo no mayor a 60 días fue la última sugerencia
de Enrique Martínez, secretario de Pymes, para llevar a Mosconi
esa “paz pública” que necesita el juez Abel Cornejo –responsable
de los pedidos de captura que mantienen la vigilia en la plaza del pueblo–
para ordenar el retiro de los 800 efectivos que todavía cercan
esta pequeña ciudad sitiada en la que más de la mitad de
sus habitantes están desocupados.
Pero como una serpiente que se come la cola, todo parece estar subordinado
a algún paso previo, y a otro, y a otro. Las elecciones tendrían
sentido para los piqueteros si pudieran presentar sus propios candidatos,
candidatos que seguramente serían, a su vez, quienes tienen orden
de captura. Ordenes que no se ejecutan para no alterar el frágil
equilibrio que quedó en Mosconi después dos semanas de conflicto
y toda clase de visitas institucionales. Por otro lado, sólo el
gobernador Juan Carlos Romero podría convocar las elecciones y
esto parece estar muy lejos de su voluntad, más cuando sabe perfectamente
que ningún favorito suyo tiene chances. Así, es fácil
creer que el futuro de Mosconi está marcado por una frase que el
juez dijo el viernes: “La Gendarmería se va a quedar por mucho
tiempo en la zona”.
Por las dudas, Romero sigue haciendo anuncios para la zona, muchos en
coincidencia con los que aportó la comitiva que dirigió
Martínez. Otros, ya prometidos anteriormente, como la remodelación
del aeropuerto de Mosconi, obra adjudicada hace cuatro años aunque
nunca realizada, igual que la construcción de tres puentes en la
ruta 34. Su carta más dura, sin embargo, es el control de los planes
Trabajar que hasta ahora gestionó la Unión de Trabajadores
Desocupados, la organización que crearon los piqueteros de Mosconi.
Para esto Romero contó, a favor, con el guiño de Renée
Bonetto, secretario de provincias del Ministerio de Interior que públicamente
habló de la necesidad de un control institucional de los planes.
Y en contra, con Enrique Martínez, que pudo comprobar in situ,
después de escuchar una última exposición detallada
de lo hecho hasta ahora con 850 planes, “que se ha trabajado mejor
en Mosconi que el gobierno provincial administrando 3000 planes, me queda
claro que esta gente tiene un mayor compromiso con la zona”.
Hoy a las cinco de la tarde, Juan Pablo Cafiero acompañará
a Martínez en una reunión con el presidente Fernando de
la Rúa para exponerle un balance de su gestión en Salta,
de la que se siente seguro. El miércoles 11, se abriría
en la sede Tartagal de la Universidad Nacional de Salta una oficina de
extensión de la secretaría de Pymes para darle continuidad
a su presencia en la zona, uno de los compromisos adquiridos en Mosconi.
En la semana se reunirá con los gerentes de las tres petroleras
concesionarias de área –Tecpetrol, Pluspetrol y Refinor–
para intentar articular la acción social de la empresas que aseguran
que invierten en ese sentido 2 millones de dólares, aunque no quede
claro en dónde. La obra que se ve a simple vista es lo más
parecido a un tenedor para tomar sopa: grandes salones para escuelas sin
infraestructura interna en las comunidades indígenas –o sin
alero en una zona en la que el sol aplasta– o toneladas de madera
que no se pueden hacer leña sin motosierra.
Pero el reclamo más urgente, ese que se expresa en las heridas
de un pueblo arrasado por la represión de la Gendarmería,
va a tardar en acallarse. En la plaza de Mosconi se espera que el juez
conteste un pedido de eximición de prisión para los líderes
del piquete, pero los plazos ya se cumplieron y el juez asegura que no
tiene ningún recurso de esa naturaleza. Martínez evalúa
que los piqueteros están mal asesoradosjurídicamente, pero
nadie en Mosconi puede obviar que detrás de los laberintos legales
es necesaria una solución política. O al menos unificar
un discurso oficial que no termina de decidir, monolíticamente,
se es necesario seguir criminalizando la protesta o atender a sus causas.
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