Por Adriana Meyer

“Vinieron unos gendarmes, me agarraron diciéndome que yo estaba cortando la ruta y me empezaron a pegar en la cabeza, mientras me decían ‘te vamos a matar aquí nomás’. Me subieron al camión, me taparon los ojos, me decían que yo era francotirador, sin tener nada que ver con eso. Me bajaron la ropa, me dijeron que me agachara y me pegaron con los bastones. Arriba del camión, agarraron una picana y comenzaron a darme corriente eléctrica.” Esta es parte de la declaración indagatoria de uno de 56 detenidos tras el estallido en General Mosconi. La abogada que los representa, Mara Puntano, del Movimiento por los Derechos Humanos de Salta, aseguró a Página/12 que el juez Abel Cornejo basó la calificación de los delitos imputados a los piqueteros en el testimonio de un muchacho discapacitado que también sufrió los tormentos de los gendarmes. “Le rompieron las costillas y le cortaron una oreja. Le hicieron decir que todos los cabecillas están armados. Es la declaración clave que necesitaban”, afirmó la letrada. Y señaló que el represor Sergio Nazario, ex secretario de Seguridad de Salta, sigue digitando “entre bambalinas” en la gobernación (ver aparte).
“Yo estaba durmiendo en mi casa y entraron varios gendarmes con bastones, gomas, pistolas en las manos y me preguntaron si yo tenía armas, me encapucharon y me llevaron al monte donde me pegaron patadas y me ahorcaron con una remera vieja, también amenazaron a mi mujer y mis hijos, después me subieron a un camión y me siguieron pegando”, declaró otro de los detenidos. Rubén Tripi, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) y co-defensor de los piqueteros, opinó ante Página/12 que “estas aberraciones las sufrieron la mayoría de los detenidos” y se alarmó por “la reaparición de los mismos métodos que utilizaron durante los años negros de la dictadura”.
Desde Salta capital, Puntano suena cansada. Le están por rematar la casa y lo vive como “la misma persecución que están sufriendo todos los dirigentes que levantaron la voz”. Además de representar a los 56 presos de la última crisis lleva el caso de Aníbal Verón, el obrero muerto en noviembre de 2000 en otra represión en Mosconi.
–¿Podría describir cómo y por quién fueron torturados los detenidos?
–Después del 17 de junio hubo 56 detenidos y 55 de ellos fueron golpeados. Ocurrió en el momento de la detención, a manos de la Gendarmería que estaba en la ruta, que eran efectivos de Santiago del Estero y Rosario. Algunos de ellos fueron golpeados por el segundo jefe de Gendarmería del Escuadrón 52, el comandante De la Colina, cuando los llevaban a un galpón de Vialidad. Ahí los torturaron. El único que se salvó es Félix Mercado, que tiene 63 años. Los que venían a Salta ni podían caminar y los acompañábamos a la fiscalía porque en el juzgado no les dicen que tienen derecho a hacer la denuncia por esto. Hay chicos con rastros de picana, lo tenemos verificado con certificados médicos. Iván Dorado, de 17 años, corre riesgo de quedar paralítico por el tiro que recibió. Al detenerlos los gendarmes está fuera de control porque tienen la cara tapada con esas máscaras antigás.
–Usted habla de picana...
–Acá en todas las brigadas de investigaciones hay picanas. Es espantoso. Y sino te ponen sobre un elástico mojado y vos desnudo ahí... A los changos de Mosconi los picanearon con picana, o sea, el aparato. Pero no es nuevo, tenemos montones de testimonios de lo que se hace acá en las brigadas de investigaciones.
–¿Un comandante de Gendarmería también los golpeó?
–Sí. Víctor de la Colina, que además es abogado, golpeó él directamente con trompadas a los camilleros Espinosa y Fernández, acusados de no haber socorrido a un gendarme. Mientras, los otros les pegaban patadas en los riñones. En la indagatoria contaron que les dijeron “así que vos sos elhijo de puta que no quiso socorrer a un gendarme”. Y ahí les pega. Esto consta en el expediente.
–¿Hicieron alguna denuncia específica al respecto?
–Los detenidos fueron de Mosconi a Tartagal, y de allí al juzgado federal en Salta. Llegaron totalmente golpeados. Pero la justicia federal de Salta todavía tiene una estructura dictatorial y no hay médico del Poder Judicial sino de la Policía Federal. Entonces, por falta de garantías pedimos que los médicos del hospital San Bernardo certifiquen las lesiones.
–¿El juez conoce estos relatos?
–Sí, porque lo contaron en las indagatorias. Esto es Macondo. Es una locura. El juez actuó como un patrón de estancia, el gobernador igual. Los fallos son de la dictadura militar. Para caratular la causa como sedición, incitación a la violencia y apología del delito usó la declaración de un discapacitado mental al que torturaron salvajemente. Se llama Edgar Cabrera, tiene 27 años y no sabe leer ni escribir. De hecho, cuando declaró la firma se la hizo un gendarme. El 18 de julio estaba en el campo arriando vacas cuando aparecieron los gendarmes. Casi ahorcado con un lazo lo bajaron del caballo y empezaron a patearlo. Le rompieron las costillas y le cortaron una oreja. De chico sufrió epilepsia y para tapar las lesiones dijeron que había tenido un ataque pero su madre afirma que hace mucho tiempo no los sufre. El mismo contó que en Gendarmería lo bañaron con agua fría y le dieron ropa nueva. Le hicieron decir que todos los cabecillas están armados y qué armas tienen en el monte. Es la declaración clave que necesitaba para decir que hay francotiradores y grupos armados.
–¿Hay alguien imputado?
–Sí, es personal de Gendarmería Nacional, habrá que individualizar a cada uno. Están acusados de “apremios ilegales”. Y se están peleando los jueces Cornejo y (Miguel) Medina para no tenerla. Lo mismo pasa con la denuncia del camarógrafo Aníbal Arias, de Videotar, que lo golpearon.
–¿Cuál es el estado de la causa de Verón?
–El juez la unificó con la de este corte de ruta. La de Verón tiene ocho cuerpos, y hay irregularidades desde que nace la causa. Aprovecho la oportunidad que me dan para pedir personal especializado para hacer pericias, sobre todo balísticas y médicos forenses, porque desde el comienzo se ha tratado de destruir al estilo del caso Cabezas toda clase de pruebas para impedir que se confirme lo que es “vox populi”: que se trato de un disparo de la policía y no de los piqueteros o de los parientes como el juez y toda la policía están empecinados en demostrar.
–¿La presencia de los funcionarios nacionales influyó en la actitud del juez Cornejo?
–No, mantiene el pedido de captura de la gente. En este momento debe estar en la zona porque no está en su despacho. Es esos casos es porque están buscando el momento oportuno para detener a la gente. Ahora la lista de los que tiene captura es de 39. Y los dirigentes José Barraza, Carlos Gil y César Rainieri siguen presos, acusados de “sedición”.
–¿Hubo nuevas detenciones?
–No porque los que están en esa lista son los que tienen el apoyo de toda la gente. Si los tocan se va a levantar el pueblo. Ellos mientras tanto están tratando de dividir. El gobernador sabía que todo esto iba a pasar y recién ahora recibe a la gente. El secretario (Enrique) Martínez dijo que comprendía que el reclamo es justo y prometió interceder para que venga alguien del ministerio del Interior porque él no tiene facultades para el tema de los desprocesamientos. Pero hay gente de ese ministerio que está con el gobernador y dicen que no van a hablar con delincuentes.
–¿Usted tiene el apoyo de otros organismos de derechos humanos?
–Sí, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh). Es importantísimo hacer una red de abogados porque esto va a pasar en todos lados.

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