Por Victoria Ginzberg

La Policía Federal sigue buscando al represor Alfredo Astiz por orden de la jueza María Servini de Cubría. La magistrada confirmó –tal como anticipó ayer Página/12– que dispuso el arresto preventivo del “Angel Rubio” y del capitán de fragata Jorge Vildoza de acuerdo con un pedido de la Justicia italiana y aseguró que esperaba “tener novedades”, aunque al cierre de esta edición el ex marino aún no había sido ubicado.
La pesquisa para arrestar a Astiz comenzó el viernes a las 19.30 y hasta ayer por la noche no había respuesta oficial acerca del resultado del procedimiento, por eso todavía no se había declarado “prófugo” al represor de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Desde Italia, donde los organismos de derechos humanos y los investigadores de la causa están a la expectativa de la posible detención, informaron que existen al menos dos direcciones conocidas del ex marino, una en Capital y otra en Mar del Plata. Sin embargo, Astiz no se puede alejar más de 60 kilómetros de Capital Federal debido a una restricción que le fue impuesta cuando fue condenado a una pena en suspenso por apología del delito.
El fiscal Francesco Caporale y el juez Claudio Tortora libraron el miércoles la solicitud para Astiz y Vildoza, ex subjefe del grupo de tareas de la ESMA y apropiador del hijo de la desaparecida Cecilia Viñas. Vildoza alias “Gastón” está prófugo desde mediados de la década del ‘80 yServini de Cubría ya había pedido su captura por su responsabilidad en el robo de bebés.
Los dos ex marinos están acusados en Roma por la desaparición de tres ciudadanos de ese país en Argentina, Angela María Aieta –madre del dirigente peronista Juan Carlos Dante Gullo– y Juan Pegoraro y su hija Susana, que parió en la maternidad clandestina que funcionó en la ESMA. En esa causa también están imputados el dictador Emilio Eduardo Massera y los represores Antonio Vañek, Jorge “El Tigre Acosta” y Héctor Febres. El fiscal Caporale sólo reclamó el arresto del “Angel Rubio” y de “Gastón” porque consideró que en esos casos había “peligro de fuga”. Los otros cuatro represores no pueden huir, están arrestados por robo de bebés durante la última dictadura.
Astiz nunca fue condenado en Argentina por las violaciones a los derechos humanos que cometió como miembro del grupo de tareas de la ESMA. Pero fue el primer represor juzgado en el exterior, cuando en 1990 recibió cadena perpetua en ausencia en Francia por el asesinato de las monjas Alice Domon y Leonie Duquet. Además, en Suecia existe otra causa contra el ex marino por el asesinato de la joven Dagmar Hagelin.
El juez español Baltasar Garzón también ordenó la detención del ex marino que durante la dictadura se infiltró en el grupo de familiares de desaparecidos y logró así que secuestraran a la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor. Pero el reclamo de arresto preventivo con miras a extradición proveniente de España no se efectivizó, gracias a las trabas que le impusieron el ex juez Gustavo Literas y el entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Gil Lavedra.
Cuando en los primeros días del año pasado llegó la orden de captura contra 98 represores que mandó a través de Interpol Garzón, Literas reclamó que la solicitud se hiciera por la vía diplomática y exigió una serie de datos –como fotos y huellas digitales– más adecuados a un juicio de extradición que a un pedido de detención. El juez español debió rehacer su reclamo, esta vez por 48 militares, pero Literas aseguró que los papeles quedaron trabados en la Cancillería. El gobierno de Fernando de la Rúa quiso diferenciarse de su antecesor, pero terminó haciendo lo mismo: interfiriendo en el juicio de España y enarbolando la bandera de la territorialidad y la soberanía jurídica. Cuando Astiz esté tras las rejas, comenzará el juicio de extradición y si no hay trabas en ese proceso el Gobierno tendrá que volver a pronunciarse, podrá optar por amparar a quien se convirtió en un símbolo de la represión ilegal o dejar que la Justicia haga su trabajo.

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