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Por Geoffrey Robertson*
 Los procedimientos que empezarán
la semana que viene en La Haya seguramente recibirán el rótulo
de “el proceso del siglo 21”. Pero serán tanto un proceso
sobre Slobodan Milosevic como sobre el sistema de justicia penal internacional
que está empezando a nacer.
No existe un verdadero precedente para el procesamiento de un ex jefe
de Estado bajo acusaciones de cometer crímenes contra la humanidad.
Nuremberg no fue una corte internacional, porque todos sus jueces venían
de las “cuatro grandes” potencias victoriosas. El tribunal de
La Haya hasta ahora sólo ha condenado a soldados que violaron,
mataron y torturaron, o a los generales que les dieron sus órdenes,
no a políticos acusados de responsabilidad por atrocidades que
fallaron en evitar o por genocidios de los que livianamente se dice que
son sus “autores intelectuales”.
Los ministros hutus encarcelados por la sucursal de La Haya en Arusha
se han declarado en su mayoría culpables, para evitar la pena de
muerte que recibirían si fueran procesados en Ruanda.
El caso contra Milosevic se limita hasta el momento a varios cientos de
asesinatos serbios en Kosovo, pero seguramente incluirá más
acusaciones de genocidio por las limpiezas étnicas en Bosnia, empezando
por la masacre del hospital de Vukovar en diciembre de 1992.
El proceso se basa en la teoría de la “responsabilidad de
comando”, que atribuye a un líder militar o político
criminalidad por no haber dado “pasos necesarios y razonables”
para prevenir o castigar crímenes contra la humanidad que él
sabía que estaban siendo cometidos. Esta doctrina nace de la decisión
de la Suprema Corte de Justicia norteamericana que aprobó la condena
judicial en Tokio contra el general Yamashita. La doctrina es correcta
en principio, pero en la práctica puede ser muy fácilmente
mal aplicada por una corte parcial: los historiadores aceptan hoy a Yamashita
como el único general japonés que genuinamente ignoraba
que sus tropas estaban cometiendo atrocidades, y su ejecución aparece
retrospectivamente como una mala aplicación de la justicia.
Este solo hecho basta para enfocar la atención en la identidad
y la nacionalidad de los jueces internacionales, los tres que van a presidir
el proceso y los cinco que decidirán sobre la inevitable apelación.
La primera táctica de los abogados de Milosevic será objetar
a jueces de los países de la OTAN, trayendo como precedente el
fallo de la Cámara de los Lores británica que descalificó
a Lord Hoffmann en el caso Pinochet por sus conexiones con Amnesty International.
Los jueces del tribunal de La Haya hasta ahora no han mostrado ningún
prejuicio a favor ni en contra de los comandantes serbios y croatas que
han condenado (y, en algunos casos, absuelto), y el procesamiento de Milosevic
fue aprobado por David Hunt, un autorizado juez penal australiano, pero,
aún así, fue irresponsablemente calificado como “político”
por los gobiernos de Grecia y Rusia.
Esto anticipa el primer gran test para la justicia penal internacional:
¿pueden sus jueces elevarse por encima de las políticas
y orientaciones de los gobiernos que los han nombrado? La experiencia
de la corte internacional de justicia no es reconfortante: las decisiones
de los juristas rusos, norteamericanos y chinos, en particular, han tendido
a reflejar las políticas de esos países. Pero están
apareciendo signos de una nueva camada de jueces globales verdaderamente
independientes, especialmente en la corte europea de derechos humanos
(donde el juez del Reino Unido es muy festejado por su disposición
a fallar en contra del Reino Unido). En el caso de Milosevic, el primer
problema de la corte va a ser si insistir en la independencia e imparcialidad
de todos sus jueces, o constituir un tribunal especial compuesto de jueces
cuyos países no hayan tomado posición ni a favor ni en contra
del bombardeo de la OTAN.
Milosevic no podrá alegar, como lo hizo Pinochet, que como ex jefe
de Estado él dispone de inmunidad, porque está excluido
de manera expresa por el Artículo 7(2) del estatuto del tribunal
de La Haya. Su defensa ante lasacusaciones de responsabilidad de comando
por las masacres de Kosovo deberá ser que no sabía nada
sobre ellas. La mayor parte (pero no todas) fueron cometidas después
de que la OTAN empezó su bombardeo, una acción que los abogados
de Milosevic ciertamente tratarán de argumentar que fue un ataque
a la soberanía serbia. Para fundamentar esta tesis, con su potencial
de arrinconar a la OTAN en una posición incómoda, los abogados
indudablemente citarán las dudosas conclusiones del comité
especial de Donald Anderson en la Cámara de los Comunes, que no
admitió el derecho legal internacional a transgredir la soberanía
en una emergencia humanitaria, o para prevenir o castigar un crimen que
se está cometiendo contra la humanidad. Puede que la corte no encuentre
necesario fallar sobre este tema, porque masacrar civiles inocentes nunca
puede ser un acto justificable de autodefensa ante un ataque ilegal.
Un argumento de la defensa que no prosperará es su alegato de que
la extradición a La Haya fue el pago de rescate por ayuda económica
y contraria a la Constitución serbia. Todos los Estados tienen
la obligación internacional de procesar a aquellos acusados de
crímenes contra la humanidad y de extraditarlos a un foro que los
procesará.
Eichmann fue secuestrado, los acusados en el caso Lockerbie fueron sacados
de su país como consecuencia directa de las sanciones contra Libia,
y el general Blaskic (sentenciado a 45 años de prisión por
ordenar la destrucción de aldeas serbias) fue enviado a La Haya
por Croacia a cambio de un importante préstamo de Estados Unidos.
Esta “era de puesta en vigencia” de los procesamientos por derechos
humanos amanece con una cierta calidad de “catch as catch can”:
la culpa de Milosevic por sus primeras atrocidades en los Balcanes puede
no ser mayor que la del ex presidente croata Franjo Tudjman, quien murió
sin ser procesado. Pero la existencia de pruebas sustanciales de que Milosevic
es al menos parcialmente responsable por una guerra que duró siete
años y costó un cuarto de millón de vidas demanda
un encare judicial, más allá de la forma en que el acusado
haya llegado a la corte.
Esa guerra, que la acusación dice que él libró a
través de sus subordinados serbo-bosnios, será el tema de
un nuevo procesamiento de Milosevic por genocidio. Sensatamente, esto
será tratado después de las acusaciones por Kosovo. Su defensa
consistirá en echarle la culpa de todo a los serbo-bosnio, lo que
vuelve crucialmente importante la entrega al tribunal de Radovan Karadzic
y Ratko Mladic para que se unan a Milosevic en el banquillo de los acusados,
tal vez para que lleven adelante el estilo de “defensa cortagargantas”
que es usual entre conspiradores que se culpan mutuamente en la corte
de Old Bailey en Londres y que usualmente termina en la condena de todos
ellos. Si el veredicto es “culpable”, Milosevic no puede recibir
una sentencia menor que Blastic, y esto significa una cadena perpetua
de la que nunca será liberado.
Sin embargo, la condena de Milosevic dista de ser la conclusión
anticipada del proceso, y su juicio puede proporcionar armas a los diplomáticos
occidentales y oficiales del Pentágono que se oponen a la sola
idea de una justicia penal internacional. Churchill demandó la
ejecución sumaria de los líderes nazis, temiendo que explotaran
el juicio de Nuremberg como una tribuna, o que los convertiría
en mártires. (Fue derrotado en esto por Truman, que tenía
una fe idealista en la justicia, y por Stalin, que adoraba los procesos
manipulados en que todos los acusados son fusilados al final). Nuremberg
tuvo éxito por dos razones: fue dirigido de modo bastante imparcial
(varios acusados fueron absueltos), y entregó un imperecedero registro
histórico para destruir toda posterior negación del Holocausto.
La tarea del tribunal de La Haya, cuyos trabajos durarán varios
años, es elevarse por encima del actual triunfalismo por el arresto
de Milosevic. De su capacidad de encarar un juicio justo depende la suerte
de un futuro tribunal penal internacional. No debe rehuir la absolución
del hombre quelos medios llaman “el carnicero de Belgrado” si
las pruebas no logran establecer su culpa más allá de toda
duda razonable.
*Geoffrey Robertson es un importante abogado británico y autor
de Crimes Against Humanity - The Struggle for Global Justice (Crímenes
contra la humanidad - La lucha por una justicia global) publicado en el
Reino Unido por Penguin.
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