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Por
M. B.
 La
tasa de ganancia sobre ventas de la empresa Telefónica de España
supera en la Argentina el 15 por ciento anual, lo que triplica el promedio
de las diez empresas de telefonía más grandes del mundo,
que apenas sobrepasa el 5 por ciento. Si en vez de calcularse sobre ventas,
la rentabilidad se mide sobre los activos sujetos a explotación,
se advierte que la compañía española y su compañera
en el oligopolio telefónico, la francesa Telecom, gozaban ya antes
del rebalanceo de las tarifas de un 42 por ciento de tasa de retorno promedio.
Semejantes beneficios permiten entender por qué las tarifas argentinas
son las más caras del mundo, un costo social que sólo se
entiende por la corrupción.
Estos y otros datos no menos elocuentes pueden encontrarse en un libro
que saldrá en estos días a la venta: “El oligopolio
telefónico argentino frente a la liberalización del mercado”,
realizado por tres jóvenes investigadores de Flacso, Martín
Abeles, Karina Forcinito y Martín Schorr, coordinados por su maestro
Daniel Aspiazu. El trabajo, serio, riguroso, fue publicado por la Universidad
Nacional de Quilmes en la colección de Economía Política
Argentina que conduce el economista Eduardo Basualdo. No obstante el lenguaje
aséptico de este trabajo realizado en el área de Economía
y Tecnología de la Flacso, la información reunida y correctamente
relacionada confirma desde el rigor científico lo que podía
suponerse a nivel empírico: el modelo privatizador del menemismo
supuso un verdadero saqueo de los activos estatales en perjuicio de los
usuarios de los servicios públicos.
“El oligopolio telefónico” analiza este proceso desde
la privatización de ENTel hasta la presente conformación
de los grupos multimedia abriendo grandes interrogantes sobre la real
competencia que podría alcanzarse en la etapa actual de la desregulación.
En rigor, los autores y su maestro-coordinador, Aspiazu, tienden a creer
que la desregulación sólo supondrá una reducción
de las tarifas para las grandes firmas oligopólicas de la economía
argentina y que el usuario común (residencial) seguirá soportando
“las tarifas más altas del mundo”, como forma de seguir
garantizando tasas de rentabilidad que superan con holgura lo que estas
dos empresas (Telefónica y Telecom) obtienen en sus países
de origen: un promedio de ocho coma seis por ciento para Telefónica
en España y apenas un 3,89 por ciento para France Telecom en las
severas tierras galas.
Por otra parte, el intenso proceso de concentración económica
operado a partir de la privatización de ENTel y la constitución
del oligopolio de Telefónica y Telecom genera “barreras a
la entrada de nuevos competidores, en cualquiera de los segmentos del
mercado, dificultando el futuro surgimiento de una dinámica efectivamente
competitiva que eventualmente tendiera a beneficiar a los usuarios (sobre
todo a los residenciales)”. Si las compañías, el Gobierno
o los economistas liberales pusieran en duda esta suposición, convendría
que revisaran una estimación de FIEL según la cual entre
1996 y 1997 (es decir antes y después del rebalanceo tarifario)
las tarifas residenciales crecieron un 25 por ciento, mientras que las
no residenciales cayeron un 25 por ciento. Esto –según Aspiazu
y los investigadores de Flacso consultados por Página/12–
se relaciona “con la desregulación que se comenzó a
implementar a partir de 1999, porque se abarataron las tarifas de los
usuarios donde cabe esperar que haya más competencia (en el mercado
de los usuarios no residenciales –en especial, el segmento de las
grandes firmas–, mientras que se encarecieron la de los usuarios
cuasi cautivos de las telefónicas (los residenciales)”.
Un esquema con obvias consecuencias negativas en el plano social: en esta
década de teléfonos privados, el impacto de esas tarifas
sobre el salario ha sido notablemente superior al de varios países
desarrollados, especialmente EE.UU. El trabajo aporta un cuadro muy significativo
a este respecto, porque se trata de datos correspondientes a 1996, el
anterior alrebalanceo de tarifas. (Lo que permite suponer que la relación
debe ser aún más grave desde 1997 a la fecha). En el ‘96,
la relación entre el costo de una canasta típica de consumo
telefónico y el salario medio industrial arrojaba esta ilustrativa
comparación: en nuestro país, donde el salario medio industrial
era de 649 dólares, el costo de la canasta telefónica alcanzaba
a 39,31 dólares contra los 13,93 dólares de Estados Unidos,
donde el salario medio industrial era de 2300 dólares.
En 1997, cuando la Corte Suprema autorizó el rebalanceo telefónico,
se dijo que la reestructuración tarifaria no afectaría la
facturación ni significaría un aumento de rentabilidad sobre
ventas para las empresas telefónicas. Las cifras, como suele suceder
en nuestro país, desmienten el discurso del poder.
En 1996, las ventas de Telefónica de Argentina SA sumaron 2750,8
millones de dólares y las utilidades alcanzaron los 385,1 millones
de dólares. Al año siguiente, las ventas treparon a 2994,3
millones de dólares y las utilidades ascendieron a 474,3 millones
de dólares. Con Telecom Argentina SA pasó algo similar:
las ventas subieron de 1930,4 millones a 2037 millones. Las utilidades
pasaron de 260,3 millones en el 96 a 307 al año siguiente.
Se confirmó de esta manera una tendencia histórica que favorece
groseramente a los concesionarios en perjuicio del usuario: aun antes
de traspasar ENTel al sector privado, el gobierno de Menem autorizó
un aumento de más del 700 por ciento en la tarifa telefónica.
De manera que las empresas que se hacían cargo con la bendición
del ministro de Obras Públicas, Roberto Dromi, la liquidadora de
ENTel, María Julia Alsogaray, y, obviamente, el presidente de la
República, pasaran a operar desde un piso tarifario más
que redituable. Sin embargo, en los años de la convertibilidad,
del 1 a 1 y de la inflación prácticamente inexistente (entre
la firma de la Convertibilidad y diciembre de 1998), el costo del servicio
telefónico se incrementó en 41,5 por ciento.
Esto fue posible, entre otros privilegios especiales otorgados a las compañías,
por la sanción del decreto 2585/91 que se saltó a la torera
la prohibición de indexar que establecía la propia Ley de
Convertibilidad y permitió a las telefónicas privatizadas
“expresar el valor del pulso telefónico en dólares
estadounidenses” y que dicho valor pudiera ser actualizado en forma
semestral –en abril y octubre de cada año– según
las variaciones en el Indice de Precios Al Consumidor de los Estados Unidos.
Porque la inflación vernácula es mala, pero la importada
de EE.UU. tiene un aroma especial.
La ganancia sobre activos sujetos a explotación ha desbordado con
creces aquel 16 por ciento que establecía el pliego de concesión
en la privatización de ENTel. Según un estudio realizado
por la American Chamber of Commerce del año 1995 “la tasa
de retorno calculada para los ejercicios 90/91 (10 meses) y anuales 91/92,
92/93 y 93/94, (es de) un 41,3 por ciento, 42 por ciento, 42,4 por ciento
y 36, respectivamente”. Lo que explica que la ganancia acumulada
por el oligopolio (Telefónica–Telecom) en el período
1991–1999 haya alcanzado a 3354 millones de dólares, triplicando
la inversión original de 1000 millones que se amortizó en
apenas cuatro años. Fuera de la droga y en menor medida las armas,
no hay muchos negocios tan rentables en la Tierra.
El año ‘95 es muy interesante (y no sólo por la reelección
del actual procesado Carlos Saúl Menem) sino porque fue el año
donde se registraron los mayores ingresos por privatizaciones y en los
que el resultado fiscal, sin embargo, resultó negativo.
No es de extrañar que con semejantes beneficios las empresas hayan
avanzado en un proceso de concentración del capital y diversificación
de actividades en el campo de las comunicaciones. Además de su
operación en telefonía básica, llamadas internacionales
y transmisión de datos, Telecomy Telefónica operan en telefonía
celular, comunicaciones satelitales, servicio de comunicaciones personales
y televisión por cable. Además, Telefónica de España,
asociada a CEI Citicorp Holdings, controla dos canales de televisión
abierta (Telefé y Azul Televisión), emisoras radiofónicas
y productoras de contenidos.
¿Pudieron lograrse estos pingües beneficios sin que mediara
la corrupción? No es lo que revelan, por ejemplo, las famosas cajas
del Senado estadounidense, investigadas por la Cámara de Diputados.
Según los legisladores Elisa Carrió y Gustavo Gutiérrez,
Telefónica desembolsó 5 millones 700 mil dólares
en “pagos ficticios” al Banco República del procesado
banquero menemista Raúl Moneta, un reconocido experto en paraísos
fiscales.
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