Por Irina Hauser

Investigar los delitos económicos con que se benefician los funcionarios y empresarios más poderosos es una misión casi imposible en Argentina. Ese es el mensaje que surge del texto de la renuncia que presentó ayer el fiscal general Maximiliano Rusconi, que desde su cargo al frente de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y de Contrabando (UFITCO) detectó y denunció ilícitos vinculados a los grandes grupos de poder. “Estoy harto de no recibir otra cosa más que obstáculos”, les dijo a sus colaboradores más cercanos al darles la noticia.
En una carta que entregó al Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra, Rusconi dice que su decisión de dejar el cargo “no se vincula con los objetivos alcanzados sino en todo caso con los proyectos que atendiendo a una innumerable cantidad de factores no se podrán concretar”. “Me voy –dice– por una evaluación realista: no podré hacer más de lo que hice”. “Me siento muy solo en este lugar y estoy harto”, tradujo entre su gente de confianza.
Rusconi, de 35 años, fue consultor de Naciones Unidas, participó en proyectos de reforma judicial de varios países latinoamericanos, asumió como fiscal general de Política Criminal en 1997 y, desde ese rol, se hizo cargo de la UFITCO cuando fue creada en diciembre de 1999. Ahora se dedicará a trabajar como abogado en algún estudio, que podría ser el de Luis Moreno Ocampo. Su futuro reemplazante deberá concursar para el cargo, aunque Becerra designaría un suplente transitoriamente. Entre los nombres posibles suena fuerte el fiscal oral Luis Cevasco.
Como fiscal de Política Criminal, Rusconi denunció una red policial dedicada a armar causas y procedimientos truchos de los que fueron víctimas cerca de un centenar de personas. Se opuso, además, al aumento de facultades policiales y alertó sobre los posibles abusos y violaciones de las garantías que derivarían de ellas. Desde la UFITCO, entre las pesquisas más resonantes que condujo junto a su equipo investigó el dinero negro de la Side relacionado en parte con los sobornos en el Senado; denunció al ex titular del Banco Central, Pedro Pou, por enriquecimiento ilícito; a Víctor Alderete por falsificar documentación para evadir impuestos; analizó los negocios sospechosos de Mariano Perel en el Banco Mercurio; concretó un allanamiento clave a IBM –que el ex juez Adolfo Bagnasco no había hecho– en la causa de las coimas pagadas al Banco Nación; comenzó a analizar la relación entre la adquisición de una decena de canales de televisión vinculados a Raúl Moneta y al grupo de Daniel Vila y José Luis Manzano con el lavado de 400 millones de dólares; y denunció a Aerolíneas Argentinas por subversión económica.
En la Procuración atribuyen la renuncia a una “interna” entre fiscales progresistas y procesistas. Rusconi hizo saber a algunos allegados, sin embargo, que estaba “cansado de las presiones y de que obstruyan su trabajo desde la justicia federal, la DGI, y el Gobierno”. Ejemplos que circulan: cuando allanaron el Mercurio, en el despacho del director del banco apareció una copia del pedido de allanamiento; al iniciar la investigación del posible blanqueo de dinero ligado a Moneta, Vila y Manzano, pidió la documentación enviada por el senado norteamericano y el Ministerio de Justicia (que participó en la creación de la UFITCO) no se la dio; más aún, el juez Claudio Bonadío mandó a buscar el original de ese expediente a la oficina de Rusconi con tres policías; el ex juez Carlos Liporaci intentó arrebatarle la el expediente con pruebas sobre la plata sucia de la Side.

PRINCIPAL