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Por
Claudio Scaletta
 Si
no lo decide antes la Justicia, la opción de “disolución”
de Aerolíneas Argentinas será tomada el próximo 23
de julio, cuando se reúna nuevamente la asamblea de accionistas.
La operación costará los mismos 350 millones de dólares
que la SEPI, el holding estatal español controlante de AA, había
comprometido para continuar las operaciones de la compañía
hasta su eventual transferencia. La decisión es coherente con los
planes de potenciales adquirentes que aspiran a conservar el nombre comercial
y las rutas de Aerolíneas, pero no sus pasivos y las dificultades
gremiales. También, en la actual realidad financiera de la empresa,
aparece como la opción políticamente menos costosa para
los gobiernos de Argentina y España. E infinitamente superior para
el destino legal de los miembros del directorio, siempre temerosos de
una posible quiebra fraudulenta.
Ayer en Madrid, el presidente de la SEPI, Pedro Ferreras, fue explícito:
Es “una hipótesis bastante improbable que Aerolíneas
Argentinas pueda salvarse en el último momento”, adelantó.
“Si los gremios siguen sin aceptar el Plan Director”, insistió
anacrónico, “no habrá más solución que
proceder a la liquidación de la empresa”. “Mientras tanto,
la Sociedad está realizando todos los esfuerzos posibles para ver
si alguien se muestra en condiciones, o manifiesta la voluntad, de poner
en marcha un plan de reflotamiento de la compañía en vista
de que sistemáticamente no se ha querido que fuera SEPI quien pusiera
en marcha el plan director”, se quejó Ferreras.
Los potenciales interesados en Aerolíneas Argentinas, los candidatos
más probables, Eduardo Eurnekian y Juan Carlos Pellegrini, consideran
sin embargo que el mejor escenario es la refundación de una nueva
empresa conservando de la antigua sólo el nombre comercial y una
porción minoritaria de sus empleados, inicialmente alrededor de
2500 “recontratados”. Para estas aspiraciones, la liquidación,
cuando no directamente la quiebra, es un paso previo, pues los pasivos
y las indemnizaciones deberán ser absorbidos por la SEPI. En el
proceso, parte de los fondos necesarios podrán surgir de la venta
de activos. Un cálculo estimativo sugiere que el total de recursos
para “disolver” la empresa rondaría los 350 millones
de dólares, la misma cifra que la SEPI se había comprometido
a aportar en el hipotético caso de que se hubiese alcanzado un
consenso con los gremios para la aplicación del fracasado plan
director. De acuerdo a estas cuentas, los 300 millones que se adeudan
por leasing de aeronaves se solucionarían simplemente devolviendo
los aviones, en tanto que los pasivos comerciales por más de 250
millones se cubrirían con la venta de activos: aviones propios,
inmuebles y empresas subsidiarias como Jet Pack, o la misma Austral, que
en el actual contexto podría ser “reflotable”. Por supuesto,
en el camino, el estado deberá aportar los poco más de 8
millones que aun debe capitalizar. Para que esta operación sea
posible, el próximo 23, la asamblea de accionistas se basara en
el artículo 94 de la Ley de Sociedades Comerciales, que en su inciso
4 establece como causante de “disolución” a “la
imposibilidad sobreviniente” de lograr el “objeto para el cual
se formó” la sociedad. En este caso, volar. Pero el punto
fundamental es que la disolución habilita la venta por partes de
los activos de la empresa.
Lo que seguramente deberá solventar la SEPI son los 280 millones
de indemnizaciones. Siempre visto desde la situación actual y amén
de la neutralización del potencial conflicto social, esta opción
resulta para los trabajadores una alternativa más deseable que
una quiebra. En una reunión mantenida la semana pasada entre los
sindicatos y el gobierno, un integrante del gremio de los pilotos se habría
referido a las indemnizaciones como “un problema de algo más
de 300 millones”. Rápida, la ministra de Trabajo, Patricia
Bullrich, corrigió la cifra a la baja: “No son 300, son alrededor
de 280 millones”, sostuvo dando muestras de que los números
ya estaban hechos. En tanto, esta semana vence el plazo máximo
para pagar los salarios de junio. Mientras Emilio Cabrera anunció
el pasado viernes que la SEPI no aportará dinero y el Estado argentino
tiene la misma decisión, el flujo de fondos de la compañía
no generó ni podrá generar los recursos necesarios para
cumplir con esta obligación.
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