|
Por
Eduardo Videla
 La
Procuración General del gobierno porteño estudia la posible
rescisión del contrato con la empresa concesionaria de la autopista
Illia. Lo hace a partir de un pedido del secretario de Obras y Servicios
Públicos, Abel Fatala, tras detectarse presuntas anomalías
en la renegociación del contrato entre la Ciudad y la empresa,
en 1998, por el que se aumentó el peaje de 0,50 a un peso, se le
reconoció a la empresa una deuda a su favor de 28 millones de dólares
y se extendió la concesión a 20 años. La decisión
se adoptó pues los originales de los tramos decisivos del contrato
no fueron hallados en la sede del Gobierno porteño, donde sólo
aparecieron fotocopias que no están firmadas. Esas presuntas anomalías
fueron denunciadas por un particular ante la Justicia penal, donde se
investigan los delitos de defraudación e incumplimiento de los
deberes de funcionario público. La autopista podría considerarse
como la más cara del mundo pero no solo por su peaje: desde su
concesión, en 1981, la ciudad le pagó a Covimet 350 millones
de pesos –sin contar los ingresos por peaje– por la Illia y
la 9 de Julio Sur. La AU7, inaugurada por el gobierno porteño el
año pasado, costó 14 millones de pesos, para una extensión
ligeramente menor.
El caso derivó en un conflicto entre el gobierno porteño
y la empresa Covimet, actualmente denominada CCI: la firma quiere cobrar
parte de lo adeudado por la ciudad, que se niega a pagar hasta no aclarar
los términos del contrato. No es lo único que mantiene paralizada
la prolongación de la autopista hasta la General Paz: la construcción
del tramo que falta requiere correr las vías del Ferrocarril Belgrano
y desafectar parte de los terrenos de Aeroparque.
La autopista Illia conecta la 9 de Julio con la Costanera, hacia la provincia,
y la avenida Cantilo con la 9 de Julio, hacia el centro. Concesionada
en 1981, durante la gestión de la dictadura, el primer tramo se
inauguró recién en 1995. Hasta la fecha, el contrato sufrió
cinco renegociaciones (ver aparte). La última es la que hoy está
cuestionada.
La denuncia inicial fue producto de una investigación particular
realizada por Marcelo Gey, un ex dirigente del Partido Demócrata
de la Capital, legislador porteño en 1973, quien fuera convocado
por Fernando de la Rúa cuando asumió la jefatura de Gobierno,
en 1996, para integrar un consejo asesor ad honorem.
Gey comenzó la investigación a partir de un hecho casi fortuito:
descubrió en un edicto que la empresa Covimet “ofrecía
como garantía para un crédito del Banco Provincia por 14
millones de pesos, la recaudación del peaje de la autopista Illia”,
relató Gey a este diario. A partir de ese dato, pidió el
expediente en mesa de entradas, haciendo uso del derecho que le otorga
la Ley de Acceso a la Información Pública. “Allí
me encontré con una serie de anomalías, como que el Anexo
XIV, donde se establece el monto de la deuda de la Ciudad con Covimet,
es una fotocopia sin firma, de una planilla de cálculos sin membrete,
con entradas y salidas de dinero entre 1993 y 1998”, dijo el denunciante.
Gey le llevó el caso al propio De la Rúa, por entonces jefe
de Gobierno. “Nunca tuve respuesta”, dice ahora. También
le acercó la denuncia a su sucesor, Aníbal Ibarra, y a la
Legislatura porteña, en octubre de 2000. En ambos casos, informa
que presentó una denuncia por “estafa e incumplimiento de
los deberes de funcionario público” ante el juez Nelson Jarazo
y el fiscal Alejandro Molina Pico.
El gobierno porteño, a través del secretario de Obras y
Servicios Públicos, Abel Fatala, hizo la denuncia ante el procurador
general, Juan Carlos López, para que investigue la denuncia a través
de un sumario. “Se constata que el anexo del contrato donde se fija
el monto de la deuda es una planilla que no tiene firma”, coinciden
las fuentes consultadas por este diario tanto en Obras y Servicios Públicos
como en la Procuración. “Tal como está, el cálculo
no aparece certificado por ningún funcionariodel gobierno de la
ciudad”, agregan. Según las fuentes, el mismo faltante se
detectó “en la renegociación realizada con la empresa
por el ex intendente Jorge Domínguez, en 1995”
“Esto podría derivar en la nulidad del contrato y justificar
la caída de la concesión y la captura de la autopista para
la ciudad”, volvieron a coincidir las fuentes de ambas carteras.
Los técnicos de la Procuración estudian ahora si una eventual
rescisión de contratos puede ser vulnerable desde el punto de vista
judicial: quieren evitar la sangría de recursos que provocó
la ejecución de la autopista, en 20 años de concesión.
En caso de pasar a la ciudad, la autopista sería gestionada por
la Autopistas Urbanas SA (AUSA).
La renegociación del convenio con Covimet fue autorizado por el
decreto 3135, firmado el 23 de diciembre de 1998 por De la Rúa
y sus secretarios de Producción y Servicios, Nicolás Gallo,
y de Hacienda y Finanzas, Eduardo Delle Ville. Curiosamente, el decreto
fue publicado en el Boletín Oficial dos meses después, sin
estar acompañado por los anexos que lo complementan.
Sobre los 28 millones que se le reconocieron a Covimet, el gobierno pagó
2,5 millones de pesos a principios del ‘99. El denunciante pidió
que se investigue si el pago fue realizado conforme a la ley: el 16 de
diciembre de 1998, la Contaduría General devolvió el expediente,
justamente porque faltaban el maldito anexo.
Gallo –hoy secretario general de la Presidencia– dijo a Página/12
que el contrato firmado con Covimet fue sumamente ventajoso para la ciudad:
“Se consiguió una tarifa de un peso cuando la empresa pedía
1,30, establecido en el contrato original”, afirmó. Con respecto
a los expedientes originales faltantes, solo dijo que “ya están
en el juzgado”, aunque no aclaró por qué no aparecían
ni cómo llegaron hasta allí. Fuentes vinculadas con la causa
dijeron a este diario que fueron aportados hace una semana por la empresa
Covimet.
Covimet cambió su nombre por CCI cuando se presentó a licitación
para otra controvertida obra, la canalización del arroyo Vega,
cuya suspensión derivó en las inundaciones de febrero último,
en el barrio de Belgrano.
|
