Página/12
en Bolivia

Por Oscar Guisoni
Desde La Paz

Como si no debiera enfrentar suficientes crisis, una muy inesperada estalló en la mañana de ayer en las manos del gobierno boliviano. La Organización de Deudores, un grupo de aguerridos endeudados con la banca local, en su mayor parte prestatarios de microcrédito, ocuparon la sede de la Superintendencia de Bancos, el organismo que regula el sector bancario nacional. Pero no se trató de una ocupación de las que soporta este país cotidianamente.
Los deudores montaron un auténtico operativo desde las 8.30 de la mañana. Algunos se disfrazaron con trajes, para no llamar la atención y otros fueron ubicándose en lugares estratégicos del edificio, sin que los guardias de seguridad se percataran. Minutos antes de las diez de la mañana, el grueso del grupo llegó al edificio, ubicado en el barrio residencial paceño de Sopocachi.
Por entonces, la Policía apostada en la puerta ya no los pudo detener: los manifestantes venían pertrechados con cartuchos de dinamita y bombas molotov. En quince minutos, los 5 pisos de la Super, como se la conoce popularmente en la ciudad, estaban ocupados y sus 60 empleados eran rehenes de los Deudores.
En el hall de entrada del edificio maniataron a la secretaria del Superintendente, Carlos Calvo y a dos empleadas más, a unas sillas y sujetaron varios cartuchos de dinamita alrededor de sus cuerpos, amenazando con hacerlas volar por los aires si la Policía entraba en el edificio.
A su vez, los ocupantes rociaron con gasolina el cuarto piso, donde se encuentran los archivos concernientes a todos los movimientos bancarios del país, mientras que un grupo de ellos se apostaba en los balcones y arrojaba dinamita a la calle apenas veían movimientos policiales o de particulares, intentando aproximarse al edificio.
Los policías que se encontraban dentro fueron maniatados y sus armas pasaron a poder de los ocupantes, que las utilizaron para controlar a los empleados y como un instrumento para disuadir cualquier tipo de intervención armada.
Minutos después, otros grupos de Deudores ocupaban la sede de la Conferencia Episcopal nacional y de la Defensoría del Pueblo, también armados con molotovs y dinamita, aunque no tomaron rehenes y permitieron a los empleados de ambas dependencias el libre tránsito. Este es el fin de una larga crisis protagonizada por los deudores morosos de todo el país, que desde hace 95 días viven en dependencias universitarias de la ciudad de La Paz, protagonizando al menos una manifestación diaria, en protesta por lo que consideran un trato usurero de la banca local.
La mayoría de estos deudores son indígenas pobres del interior del país, que han tomado préstamos de ONGs financieras y banca privada en general, a tasas de interés superiores al 40 por ciento anual, más un añadido de extrañas y costosas comisiones, intereses penales por mora y una decena de cargos más, que llevan los costos de los pequeños préstamos a un interés acumulado que en algunos casos llega a superar el 120 por ciento.
Hace dos semanas hasta el mismo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) había advertido sobre la usura bancaria en Bolivia, que afecta a los sectores de menores recursos. Y desde que comenzaron las protestas de los deudores, muchas instituciones (Iglesia Católica, organizaciones de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo) se han preocupado por la suerte de estas personas que, en total, suman más de 300 mil en todo el país.
Esta crisis le estalla al gobierno de Banzer en un momento en el que está haciendo lo imposible por apaciguar al líder indígena Felipe Quispe,quien desde hace más de una semana mantiene bloqueadas las carreteras del Altiplano, que conectan Bolivia con el Perú, en pedido de una modificación de la ley de Reforma Agraria, además de otras viejas reivindicaciones que estaban pendientes desde el final de la última gran crisis que vivió el país, en septiembre del 2.000.
Al cierre de esta edición, la Iglesia y la Defensoría del Pueblo habían llamado a un diálogo entre los representantes de los deudores y la Banca, con el fin de terminar el conflicto, aunque el gobierno no estaba dispuesto a sentarse a la mesa de negociaciones si antes no se liberaban los rehenes de la Superintendencia de Bancos. El Ministro de Gobierno, Guillermo Fortún, advirtió a los mediadores del conflicto que, si no se llegaba a una rápida solución, antes de la caída del sol, la Policía irrumpiría violentamente dentro del edificio. “Si eso ocurre”, gritaban los ocupantes desde los balcones de la Super, “estamos dispuestos a morir aquí. También morirán algunos de ellos, así que no tenemos nada que perder”.

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