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Por Adriana Meyer
 La Justicia investigará
si el sector privado pagó los sobornos a senadores para la sanción
de la Reforma Laboral. Tras el receso invernal, la Sala I de la Cámara
Federal ratificaría la falta de mérito de los senadores
imputados en el caso y en esa resolución trazará el camino
para que el juez Gabriel Cavallo ordene medidas tendientes a establecer
si el dinero de las coimas salió de bolsillos no públicos.
Mientras tanto, la causa sigue sumando pruebas tales como las declaraciones
de los empleados del Hotel Elevage. Esos testimonios confirmaron encuentros
entre el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, el ex jefe de la SIDE
Fernando de Santibañes y el dirigente radical Enrique Nosiglia.
También fue interrogada una ex secretaria de Flamarique.
Uno de ellos había declarado que entre fines de 1999 y principios
de 2000 los vio “con mayor frecuencia, como clientes del restaurante
o tomando café”. Este testigo describió que en el décimo
piso del hotel hay un salón más reservado. “Escuché
sobre los senadores pero no los conozco fisonómicamente, y cuando
más se charló sobre la presencia de estos funcionarios fue
entre fines de 1999 y principios de 2000”, declaró el empleado.
Todos los testimonios coinciden en que “Nosiglia frecuenta con regularidad
el hotel y allí mantiene diversas reuniones, almuerzos o desayunos
de trabajo”. Otro trabajador del Elevage aseguró que vio al
ex presidente Raúl Alfonsín, al jefe de Gobierno porteño
Aníbal Ibarra y al ex ministro del Interior Federico Storani. La
ministra de Trabajo Patricia Bullrich es otra de las funcionarias que
fue reconocida, participando de almuerzos con Nosiglia y otros políticos.
Pero en ese período era secretaria de Política Penitenciaria
y Asuntos Penitenciarios de la Nación, de modo que no tenía
nada que ver con la negociación de la reforma salvo por su pertenencia
al entorno de De Santibañes.
En una artículo periodístico publicado en enero, el senador
justicialista Alberto Tell había expresado: “A nosotros no
nos invitaron ni a la casa de (Enrique) Nosiglia, ni al hotel Elevage,
ni a las conversaciones con Flamarique”. El representante legal del
hotel, Alejandro de Robertis, afirmó haber visto a los imputados
en ese establecimiento.
Una de las ex secretarias de Flamarique declaró en mayo que su
ex jefe fue visitado en distintas oportunidades por el abogado de la CGT
Lucio Garzón Maceda, junto a Rodolfo Daer, Juan Manuel Palacios,
Gerardo Martínez, Armando Cavallieri y que hablaba con Hugo Moyano.
También refirió entrevistas con los senadores Alberto Tell,
José Genoud y Alcides López. Según la testigo, con
Augusto Alasino mantuvo conversaciones telefónicas, al igual que
con De Santibañes. Y afirmó que entre enero y mayo de 2000
Flamarique recibió en su despacho a De Santibañes en dos
oportunidades.
Hasta ahora todos los esfuerzos de los investigadores estuvieron orientados
hacia el sector público y distintas reparticiones del gobierno
nacional, con especial énfasis en la SIDE. Pero ahora, a partir
de la orientación que darán los camaristas Luisa Riva Aramayo
y Horacio Vigliani, podrían reflotar una teoría que circuló
al principio del caso: que los sobornos habrían sido pagados por
empresas directamente beneficiadas por las modificaciones en la legislación
laboral o por una “vaquita” o colecta entre los empresarios
más poderosos del país. En aquel momento, un representante
de ese sector había salido al cruce de la versión con el
argumento de que la reforma no terminaba de satisfacerlos.
A pedido de los fiscales, Cavallo solicitó a su par Jorge Urso
la causa que investiga un millonario contrato firmado entre el consultor
internacional Dick Morris y la SIDE. A fines del año pasado, Urso
secuestró en la sede de la central de inteligencia el original
de ese contrato, que estaba en la caja fuerte del despacho que había
ocupado Fernando de Santibañes.
Por su parte, los fiscales recibieron una nota firmada por Juan Villa,
director de asuntos jurídicos de la SIDE, en la que el funcionario
rechaza darles información argumentando que no fue informado del
carácter “complementario” de la investigación
que llevan adelante. Y se dirigió al juez para que le indique los
“pasos a seguir”. Freiler y Delgado tienen delegada la realización
de algunas medidas en el caso y por lo tanto tienen facultades para requerir
información.
EL
FISCAL RUSCONI SIGUE EXPLICANDO SU RENUNCIA
“Ningún apoyo a las investigaciones”
“Hay una falta de compromiso
del sistema judicial y de la estructura estatal en la persecución
de las defraudaciones tributarias”, dijo ayer Maximiliano Rusconi
al explicar por qué presentó su renuncia el lunes a su cargo
de fiscal general y titular de la Unidad Fiscal de Investigación
de Delitos Tributarios y Contrabando (Ufitco), como adelantó Página/12.
Durante su gestión, Rusconi hizo 65 denuncias que comprendieron
una evasión fiscal de 350 millones de dólares, “una
cifra equivalente –señaló– al 50 por ciento de
lo que se pretendió recaudar con el impuesto docente”.
“No había ningún tipo de apoyo sólido a las
investigaciones que estábamos llevando adelante”, sostuvo
Rusconi al hablar por radio. “Cuando surgió la Ufitco, había
un compromiso absoluto de todas las esferas, por lo menos declarado en
el discurso, de investigar sobre todo las grandes evasiones. Cuando llegamos
a la AFIP el discurso instalado era justamente que los grandes no evaden,
porque estaban sometidos a un conjunto de controles que hacían
casi imposible que los grandes grupos evadieran (...) sin embargo, las
grandes evasiones que hemos detectado son, sobre todo, de grandes evasores,
de grandes grupos económicos”, añadió. Rusconi,
que asumió como fiscal general en 1997, presentó una carta
al procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, en
la que dice que una “evaluación realista” lo conduce
a pensar que “no podré hacer más de lo que hice”.
“El modo más eficiente para que el organismo (en referencia
a la Ufitco) muera es no darle oxígeno”, añadió.
Su futuro reemplazante deberá concursar para el cargo, pero transitoriamente
podría suplantarlo el fiscal oral Luis Cevasco.
Entre algunos de los temas que investigó Rusconi figuran el vaciamiento
de Aerolíneas Argentinas, el posible enriquecimiento ilícito
del ex titular del BCRA, Pedro Pou, el dinero negro de la SIDE, las presuntas
maniobras evasoras de Víctor Alderete, los negocios del Banco Mercurio,
el posible blanqueo de dinero a través de la adquisición
de canales de TV por parte de grupos empresarios ligados a Raúl
Moneta, Daniel Vila, Constancio Vigil, José Luis Manzano, entre
otros.
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