El Gobierno ya fijó su posición: no aceptará la extradición del represor Alfredo Astiz a Italia y defenderá el principio de territorialidad. Así lo definieron públicamente el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, y el subsecretario de Comunicación, Juan Pablo Baylac. “El debate no es extradición sí o extradición no”, dijo el vocero y agregó que “si el delito existió en la Argentina, debe ser juzgado por la Justicia argentina”.
Jaunarena fue el primer funcionario que hizo declaraciones públicamente en defensa de un supuesto principio de “soberanía” que, según estima el Gobierno, se vería afectado si Italia intenta hacer justicia sobre los represores argentinos que quedaron libres por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Las palabras del ministro fueron que “más allá de la condición emblemática de este personaje” estaba “convencido de que (no extraditarlo) es la manera de preservar el principio esencial de soberanía”.
Luego de la reunión de gabinete, las definiciones acerca del futuro del asesino de la joven sueca Dagmar Hagelin y secuestrador de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet estuvieron a cargo del vocero del Gobierno. “Debe circunscribirse este tema a la reivindicación de la jurisdicción penal argentina, al principio de la territorialidad de la ley penal”, señaló Baylac. El funcionario resaltó que “Argentina ha aprobado la creación de la Corte Internacional de Derecho Penal y por tanto es vanguardista en este aspecto de buscar un tribunal que tenga categoría y jerarquía internacional, y que se aboque, en el supuesto caso de existir el tipo de delito de lesa humanidad, a su análisis”. Pero la Corte Penal Internacional aún no se terminó de conformar, por lo tanto Astiz, preso desde el domingo a la noche en el Departamento de Investigaciones Penales Administrativas de la Prefectura, no puede aún ser juzgado por ese tribunal.
Al referirse específicamente a la orden de captura librada por la justicia italiana contra el “Angel Rubio” por la desaparición de Angela María Aieta y Juan y Susana Pegoraro, quien dio a luz una niña en la Escuela de Mecánica de la Armada, Baylac afirmó que “si el delito existió en la Argentina debe ser juzgado por la justicia en la Argentina”.
Hasta ahora, la mayoría de los crímenes del ex marino están amparados por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, ya que la anulación de esas normas dictada por el juez federal Gabriel Cavallo vale por el momento sólo para las desapariciones de José Poblete y Gertrudis Hlaczik. Pero hoy “El Cuervo” puede ser juzgado, como el resto de los represores, por el robo de los bebés nacidos en las maternidades clandestinas montadas por la última dictadura, como el caso de la hija de Susana Pegoraro, incluido en la causa por la que se solicitó la detención de Astiz desde Roma. La jueza María Servini de Cubría tiene abierta una investigación aquí por el mismo hecho. Hasta ahora sólo arrestó por ese caso al oficial de la Armada Policarpo Vázquez, quien confesó haberse apropiado de una menor y quedó en libertad la semana pasada porque pasaron dos años sin condena.
La situación de Astiz no se resolverá hasta que el gobierno italiano no mande formalmente el pedido de extradición. Las autoridades de ese país tienen 45 días para preparar los papeles y luego la Cancillería y el ministerio de Justicia argentinos tendrán la palabra.

El Ministerio de Justicia de Francia contraataca

El gobierno francés renovó el pedido de extradición del ex marino Alfredo Astiz para que sea juzgado en ese país. En 1990, Francia condenó en ausencia al represor a cadena perpetua. Alice Domon y Leonie Duquet, las dos religiosas francesas desaparecidas en la Argentina.

Por Eduardo Febbro
Desde París

La Justicia francesa volvió ayer a la carga en su pugna por ver presos en el país a los criminales de la última dictadura militar. El Ministerio de Justicia solicitó a la Argentina la extradición del capitán Alfredo Astiz en una decisión cuya rapidez tomó desprevenidos hasta a los mismos abogados de las familias de los desaparecidos franceses. El Ministerio pidió la extradición sin siquiera prevenir a los abogados, principalmente a quienes se ocupan de los familiares de las dos monjas, Alice Domon y Leonie Duquet, desaparecidas en Buenos Aires en 1977 con una semana de intervalo. La acción de la Justicia sorprendió tanto más cuanto que hacía apenas 24 horas que los abogados habían pedido a París que reactivara el mandato de arresto internacional lanzado contra el capitán Astiz luego de que en 1990 Francia condenara a Astiz en ausencia y a cadena perpetua.
Todo parece indicar que la demanda de la Justicia italiana y la posterior detención de Astiz desencadenaron el pedido francés. Así, luego de haber sido el primer país en condenar a un militar argentino por los actos cometidos contra ciudadanos extranjeros en el curso de la dictadura, Francia se suma ahora a las demás naciones que solicitan la “presencia” de Astiz en su territorio para que cumpla su condena. Cabe destacar que los medios franceses allegados al caso Astiz nunca renunciaron a la idea de que el marino estuviese presente en Francia a fin de que pudiese celebrarse un nuevo juicio en presencia del acusado. Hace unos 5 años, sectores militares argentinos admitieron como posible esa eventualidad y consultaron en París a varios estudios de abogados capaces de asumir la defensa de Astiz si este era capturado o tomaba la decisión de presentarse ante sus jueces. Aunque la idea fue abandonada, los familiares de las víctimas y la Justicia francesa no terminan de aceptar que Astiz haya escapado a todo juicio a pesar del voluminoso prontuario que tiene.
Tras las dos amnistías que lo salvaron de la Justicia, Astiz sólo fue sancionado en 1999 por “apología del crimen”. “Lo más doloroso es que Astiz nunca haya tenido que responder en su país por el resto de los crímenes de los que está acusado”, comentó la abogada francesa Sophie Thonon. En cuanto a la jurisdicción territorial reivindicada por la Argentina, Thonon declaró que Buenos Aires “la reivindica cuando le conviene ya que, simultáneamente, ha firmado diversos tratados internacionales. De hecho, si la justicia europea juzga se debe únicamente a que la Justicia argentina no juzga”.
Según los abogados, los últimos acontecimientos tornan posible un juicio europeo a Astiz. Como la excepción a las amnistías argentinas ha sido el robo de bebés, el marino enfrenta hoy una demanda italiana en cuyo legajo está el caso de una desaparecida que estaba embarazada cuando fue secuestrada. Susana Pegoraro dio a luz en la Escuela de Mecánica de la Armada. La criatura fue entregada al ex marino Policarpo Vázquez, quien confesó ante la jueza argentina María Servini de Cubría que la nena que crió no es su hija. La duda es si Evelyn es la hija de Pegoraro porque la chica se niega a hacerse el estudio de ADN.
En ese contexto, Sophie Thonon alega que ese “elemento puede llevar a que se procese a Astiz. Además, Italia firmó un tratado bilateral de extradición con Argentina. Pero mientras Roma actúa ateniéndose a la instrucción de un proceso en curso, Francia pide la extradición de Astiz luego del proceso que se le hizo en 1990, que terminó con una sentencia a cadena perpetua”. Nadie ignora que, no obstante, seguramente, Astiz está detenido en el marco de una estrategia planeada por sus abogados a fin de enfrentar mejor a la justicia argentina y no para responder a cualquier solicitud extraterritorial. Con todo, para los familiares y sus abogados cualquier forma de acecho que se cierna sobre un criminal como Astiz es ya “una forma de condena”.

ENTREVISTA CON PHILIPPE TEXIER
Salida de emergencia

Por E.F.
Desde París

Si Alfredo Astiz fue condenado en Francia a cadena perpetua y hoy vuelve a estar en las redes de un pedido de extradición, Philippe Texier es uno de los jueces que más contribuyó a ello. A finales de los años ‘80, Texier fue el primer juez que instruyó en Francia el caso Astiz que luego desembocó en la sentencia de 1990. Este abogado de reconocida trayectoria internacional sumó todas las piezas al expediente e incluso intentó ver a Astiz cuando el militar era un prisionero de guerra de los británicos y estaba detenido en una isla situada entre Inglaterra y los Estados Unidos. Philippe Texier analiza, en diálogo con Página/12, el pedido de extradición al tiempo que asegura que aún no existe una justicia internacional capaz de reparar las fallas de las justicias nacionales que no juzgan.
–¿Considera que el pedido de extradición hecho por Francia se inscribe en una lógica justa dentro de la extensa trayectoria del caso Astiz?
–Es lo más normal que haya un pedido de extradición, sobre todo porque Astiz está actualmente arrestado y ya existe un pedido de captura internacional contra él. Además, resulta también perfectamente coherente que sea Francia, es decir el primer país que lo enjuició. Cabe destacar que Astiz tiene derecho a un proceso normal. El fue juzgado en Francia en ausencia y si de pronto algún día llegara aquí lo podríamos juzgar de otra manera, con testigos y un proceso con todas las garantías.
–Hay sin embargo una imposibilidad real, que es el principio de extraterritorialidad.
–Efectivamente. Yo no sé si hay un acuerdo de reciprocidad con Francia. Lo que pasa es que Argentina tiene una posición, que me parece además jurídicamente correcta, de no extraditar a sus nacionales. Francia tiene la misma posición. Yo no le veo entonces mucha posibilidad de éxito, ni al caso italiano, ni al caso francés ni a ningún otro. Mientras Astiz esté en la Argentina esto me parece difícil. Claro, otra cosa muy diferente sería si Astiz estuviese en otro país. Sin embargo, la mayoría de los países se niegan a extraditar a sus nacionales.
–Parece una suerte de imposible rompecabezas jurídicos. ¿Cuál sería para usted la solución?
–Como siempre, lo ideal sería que la Justicia argentina lo juzgue. Lo que pasa es que con todo lo que hubo en la Argentina, las leyes de amnistía, de Obediencia Debida y Punto Final, ya no hay ninguna posibilidad de juzgar este período de la historia argentina. Por eso, en este caso, la única posibilidad es que sea juzgado en otro país por esos hechos. Lamentablemente, la justicia internacional todavía no existe. Algún día habrá una Corte Penal Internacional. Su estatuto se aprobó en Roma en 1998, pero todavía no existe. La única manera de juzgar a Astiz es juzgarlo en un país que reconozca la competencia de esa Corte Internacional.
–Queda con todo un aspecto controvertido cuando se analiza el carácter de los crímenes cometidos y su calificación. Se trata, en suma, de crímenes contra la humanidad. En ese sentido, cómo interpretar la posición del gobierno argentino que dice que no entregará a Astiz.
–Si se considera que lo que cometió Astiz son crímenes contra la humanidad, la posición del Gobierno es entonces errónea. No sé cómo lo han calificado en la Argentina. Lo interesante en esto es que ya hace años que Astiz no puede salir del país porque si no, como hay una orden de captura internacional, corre el riesgo de ser detenido.
–Usted tuvo la ocasión de instruir el caso Astiz en un momento muy especial: era la primera vez que se intentaba en Francia un juicio de esa naturaleza contra un militar latinoamericano.
–En aquella época todavía había en Francia testigos argentinos. Los refugiados aún no habían vuelto a su país. Pude interrogar a variostestigos y obtuve muchos documentos. Al final, el dossier Astiz fue lo suficientemente completo como para que Astiz fuera condenado a cadena perpetua en París. Recuerdo que la instrucción del caso Astiz coincidió con la Guerra de las Malvinas. El estaba preso en una isla situada entre el continente americano y el continente europeo. Era un preso de guerra y estaba totalmente aislado. Yo mandé una comisión rogatoria al juez británico porque ir a verlo a la isla era una expedición muy compleja. El juez lo interrogó pero Astiz se protegió detrás de las convenciones de Ginebra sobre el derecho humanitario de la guerra: dio su identidad pero se negó a contestar cualquier otra pregunta.

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