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Por Eduardo Videla
 Para las pymes puede haber
vida después de la recesión. Esa parece ser la premisa de
Norberto Payo un comerciante de artículos eléctricos del
barrio de Pompeya que ideó una estrategia para sobrevivir a la
crisis. Cuando su negocio cayó en picada, armó en su local
un espacio donde los fabricantes daban charlas técnicas a sus clientes,
los electricistas. Este vínculo fue la semilla que derivó,
tiempo después, en una asociación informal de empresas pequeñas
y medianas de la zona sur porteña. La idea entusiasmó a
muchos: concentrar esfuerzos para que unos puedan utilizar la capacidad
ociosa de otros y mejorar su producción sin necesidad de invertir
una suma imposible. Hoy suman 134 las pymes de la zona que conforman el
grupo Buenos Aires al Sur (BAS), que consiguió el apoyo del gobierno
porteño.
“Tengo una necesidad brutal de generar laburo”, se define Payo,
con una frase acorde a su actitud hiperactiva. “Es que tengo ocho
hijos, con sus familias, y me preocupa que tengan de qué vivir”.
Muchos de esos empresarios que conforman el BAS participaron anoche del
taller organizado en el segundo piso de la firma Payo y Cía, en
la calle Traful, a una cuadra de la iglesia de Pompeya. Hasta allí
llegó el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, en respaldo a
la experiencia.
Ese segundo piso, que Payo construyó como depósito de su
comercio en tiempos de prosperidad, allá por los ‘80, se convirtió
ahora en una sala de conferencias, en un aula donde se dan clases de electricidad,
refrigeración y aire acondicionado, y en un gabinete tecnológico,
donde trabaja un grupo de investigadores. “Estamos desarrollando
un brazo robótico, comandado por computadora”, explica Fernando
Bianco, estudiante avanzado de Programación, uno de los tres investigadores
que dedican sus ratos libres, después del trabajo, el emprendimiento.
“La idea es, en algún momento, autofinanciarnos, ofreciendo
estos desarrollos a las empresas de la zona, para que puedan mejorar su
producción y exportar”, agrega Rodolfo Bassi, encargado del
área electrónica del proyecto.
El gabinete tecnológico, que funciona desde hace un año,
es sólo una parte de la iniciativa Buenos Aires al Sur. El núcleo
del proyecto es la posibilidad que han tenido los dueños de pymes
de vincularse entre sí para hacer algo más que lamentarse
sobre las consecuencias de la recesión. “Una empresa había
comprado un centro de mecanizado, para la fabricación de elementos
de goma. Por baja en la producción, el equipo estaba con muy poco
uso. A través nuestro, la empresa se lo alquiló a precio
de costo a otra, que no tenía ninguna posibilidad de hacer una
inversión”, relató Payo a Página/12.
Hay otras anécdotas de asociaciones con resultados positivos, que
aparecen en boca del comerciante, mientras atiende llamados y se preocupa
por los detalles de la reunión con los funcionarios. “Un fabricante
de gabinetes para equipos tenía dificultades para vender su producto
porque venían unos de origen chino que incluían una fuente.
Lo vinculamos con un fabricante de transformadores y ahora ambos están
en mejores condiciones para hacer una oferta”, puso como ejemplo.
Payo empezó hace 30 años con el negocio. En los ‘80
llegó a tener sucursales en el centro, Liniers y la ciudad de Rosario.
Después vino la caída y, más tarde, los proyectos.
Dice que vendió dos departamentos para sostener la propuesta. Y
no se arrepiente. En el 2000 se contactó con la Secretaría
de Desarrollo Económico, que se interesó en el tema y comenzó
a hacer su aporte.
“Se hizo un relevamiento de las necesidades puntuales de los empresarios
de la zona sur y se los convocó a una reunión, donde se
presentaron todos los instrumentos que el gobierno ponía a disposición
de las pymes”, dijo a este diario Federico Sánchez, director
general de Industria del gobierno porteño. A esa primera reunión,
realizada el 4 de enero, concurrieron cerca de 70 empresarios. “El
objetivo es asesorarlos para que tengan la posibilidad de trabajar mejor
y aumentar su capacidad competitiva”, explicó Sánchez.
El funcionario también trajo su ejemplo: el de unfabricante de
envases que buscaba desesperado a un productor de tapitas. Lo encontró
a pocas cuadras, gracias al encuentro de pymes.
Del relevamiento surge que, sobre las 134 empresas, la mayoría
fabrica maquinarias (19 por ciento) y productos de metal (19 %), seguidos
por la industria gráfica, caucho y plástico, equipos eléctricos
y muebles. Cerca del 50 por ciento tiene su capacidad instalada ociosa
y la gran mayoría, no ha realizado en los últimos años
innovaciones tecnológicas, porque carecen de recursos para afrontar
los costos.
REVISARAN
EL CASO DE EL ALCAZAR
Un fallo muy polémico
Por H. C.
El beneficio de la duda, utilizado por el Tribunal 1 de Posadas para absolver
el año pasado al médico acusado de colocar una bomba y asesinar
a un chico de 11 años en El Alcázar, sufrirá ahora
un efecto inverso: el Superior Tribunal de Justicia misionero anunció
su decisión de revisar el polémico fallo, apelado por la
fiscal de Cámara Mabel Picazo. En aquella ocasión, la sentencia
había sido dividida hasta el extremo: dos jueces consideraron al
imputado como inocente. El tercero, pidió cadena perpetua. Entretanto,
el médico Fernando Salazar del Risco, que terminó el juicio
con su libertad y un ojo en compota, ahora reside en la otra punta de
Misiones, en la localidad de Andresito, atendiendo pacientes en un dispensario.
En El Alcázar, nadie cree que, de realizarse un nuevo juicio, alguien
pueda encontrar al médico para sentarlo en el banquillo. En ese
aspecto, Salazar es el único que no parece tener dudas.
El 15 de octubre del ‘98, minutos después de las 6.30, una
bomba casera rellena de clavos estalló a pocos metros de la puerta
de Salazar del Risco, en la calle principal del pueblito de El Alcázar.
Se encontraba oculta dentro de un maletín. La activó la
curiosidad de Jorge –”el Pelado”– Brítez, de
11 años, hijo de un hachero de la localidad. Junto a él,
caminaba su compañero Maximiliano Piris. El estallido destrozó
el cuerpo del Pelado y provocó graves heridas a Maxi.
A partir de allí, la investigación fue cercando a Salazar,
pero chocó con cuestiones procesales. Hasta que la recusación
del juez abrió el camino a la investigación y la puerta
de rejas al principal sospechoso, el médico del pueblo. Durante
dos años, Salazar pasó sus días en la cárcel,
hasta la iniciación del juicio, en noviembre del año pasado.
Durante las audiencias, las pruebas parecían llevar a una condena
segura: los nudos del hilo que activaba la bomba eran de cirujano; los
testigos señalaban movimientos sospechosos en la puerta de Salazar,
momentos antes de que estallara la bomba y Salazar fue el último
en acudir en auxilio de los chicos.
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