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 Chrystian Colombo, jefe de Gabinete,
debió trabajar ayer en etapas y por separado con los gobernadores
justicialistas para tejer un acuerdo que ayer, a última hora, parecía
a punto de lograr. Durante la tarde logró convenir con once provincias
un ajuste en los gastos de esas jurisdicciones y de la administración
nacional, del 3 al 5 por ciento para alcanzar un déficit manejable,
al tiempo que les aseguró el financiamiento, a través de
la banca privada, de los desequilibrios del segundo trimestre (vencido
este fin de semana). Con el gobierno bonaerense, la solución requirió
más esfuerzo: anoche se encontraban reunidos en el Palacio de Hacienda
el jefe de Gabinete y el gobernador, Carlos Ruckauf, buscando acordar
la fecha en que el gobierno nacional liberará los fondos para que
la provincia pueda afrontar los pagos a proveedores y de aguinaldos del
personal. Pocos minutos antes del encuentro, Ruckauf había advertido
que podría llegar a pagar dichas deudas con un bono emitido por
la provincia si no encontraba una solución en la Nación,
pero negó, al mismo tiempo, que haya pensado en renunciar si no
le giraban el dinero.
El Gobierno le pidió ayer a las provincias que participan del programa
de saneamiento fiscal una nueva reducción de gastos, con el fin
de lograr que un núcleo de bancos otorgue el financiamiento para
cubrir los pagos adeudados del Fondo Fiduciario. El jefe de Gabinete indicó
que el achicamiento del gasto debe ser de “entre 3 y 5 por ciento”,
según cada caso particular, y especificó que las provincias
deben ajustarse en conjunto 300 millones y la Nación en una cifra
similar. Colombo también anunció que Buenos Aires debería
hacer un ajuste adicional de 1000 millones de pesos para “encuadrarse
en el Fondo Fiduciario” y así acceder a los recursos para
poder financiar sus cuentas fiscales.
Las reuniones entre funcionarios del gobierno bonaerense y del gobierno
nacional se sucedieron a lo largo de toda la jornada, con varios contactos
telefónicos en el medio entre Colombo y Ruckauf. Estas conversaciones
estuvieron precedidas por la amenaza que lanzaron allegados al gobernador
en el sentido de que tanto el mandatario provincial como intendentes y
legisladores de la provincia –se aseguraba que eran más de
130– estaban dispuestos a renunciar si la Nación le seguía
retaceando los fondos y le endosaba un conflicto político social
al impedirle pagar las remuneraciones a su personal.
El gobierno nacional impulsa a los mandatarios provinciales del PJ a una
“encrucijada en la no podamos pagar (los sueldos) y que la gente
entonces se enoje con nosotros”, había reflexionado ayer ante
una emisora radial el gobernador Ruckauf. El mandatario bonaerense se
preguntó “por qué razón no nos giran el dinero
si ellos (la Nación) tienen todos los días”, en referencia
a que el gobierno nacional es “el único que está recaudando,
a través del impuesto al cheque (débitos y créditos
en cuenta corriente)”, al que calificó como “una máquina
de ingresos diarios”. “Yo tengo toda la sensación de
que hay algunos hombres del sector político del Gobierno que quieren
llevarnos a una encrucijada”, denunció, “no tengo otra
explicación de por qué no nos pagan”.
El gobernador de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, señaló que
está “firme al timón de la provincia” y anunció
que estudia la implementación del pago a proveedores y empleados
públicos mediante la emisión de un bono, aunque aclaró
que esa posibilidad dependerá de las “condiciones” que
quiera imponer la Nación.
Las 14 provincias gobernadas por el peronismo habían lanzado una
ofensiva en los últimos días en reclamo de una deuda del
gobierno federal que estimaron en 1300 millones de dólares, de
los cuales 580 corresponden al reclamo de Buenos Aires. Durante la tarde,
había trascendido una oferta del gobierno de liberarles 650 millones
de pesos, a cambio de que entreguen a sus proveedores un bono como pago
de parte de sus deudas y de una reducción de gastos del 25 por
ciento, rechazada por las provincias.
SUBE
EL RIESGO PAIS, AUNQUE WALL STREET DESCANSE
Los remezones tras el temblor
El feriado en los Estados Unidos
cambió el clima en la city. Por un día no hubo corridas
ni histeria de los financistas. Las pantallas de los operadores no marcaban
precios de los bonos, que en su enorme mayoría se negocian en Wall
Street. Aun así, en las operaciones marginales que por la mañana
se efectúan en la plaza londinense, hubo una nueva caída
de los títulos argentinos que llevó el riesgo país
hasta los 1094 puntos (15 más que en el cierre anterior). A su
vez, las acciones cayeron 0,8 por ciento en promedio, dejando al índice
MerVal en su peor nivel de los últimos dos años y medio.
En tanto, la tasa interbancaria en pesos creció del 10,5 al 11
por ciento anual. Economía analiza modificar la próxima
licitación de Letes por la crisis.
En Brasil volvió a golpear las turbulencias en la Argentina. El
real se devaluó 3 por ciento: quedó en 2,42 unidades por
dólar, hubo un fuerte salto de las tasas de interés y la
Bolsa de San Pablo perdió 2,1 por ciento. La crisis también
afectó a Chile, donde el peso cayó a 642 unidades por dólar.
Y a la Bolsa madrileña, que cayó 1,2 por ciento por culpa
de las acciones de empresas y bancos con fuerte presencia en la Argentina,
como Telefónica, el BBVA, Repsol-YPF y el banco Santander.
La fuerte depreciación de los bonos, que disparó el riesgo
país, dejó a los títulos públicos con rendimientos
muy altos. El tema es preocupante porque el martes que viene Economía
debe salir al mercado a licitar Letes. En los actuales niveles de los
bonos, el Gobierno debería afrontar tasas de interés de
entre 18 y 20 por ciento anual. Un costo excesivamente elevado que hace
imposible ilusionarse con la reactivación económica. Para
evitar la convalidación de semejantes tasas, Economía estudia
la posibilidad de reducir los montos de las licitaciones y acortar los
plazos de los títulos.
En principio estaba programado colocar 850 millones de dólares:
500 millones a un año y otros 350 millones a seis meses. Sin embargo,
en la city descuentan que Domingo Cavallo achicará esas emisiones
y las hará a plazos más cortos, con el objetivo de endeudarse
a tasas algo más bajas que el 18 al 20 por ciento que los bancos
le pedirían en caso de que mantenga la pauta original.
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