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 Mientras su hija prepara el
ajuar para la boda con el príncipe heredero de la corona de Holanda,
Jorge Zorreguieta se presentó ayer en el Juicio por la Verdad de
La Plata. Lejos del glamour que rodea a Máxima, el ex subsecretario
de Agricultura de la Nación fue interpelado a la salida del tribunal
por miembros de organismos de derechos humanos que le gritaron “cómplice”
y “fascista”. El ex funcionario de la dictadura fue citado por
la Cámara porque la semana pasada la madre de la desaparecida Lidia
Amigo aseguró que le pidió ayuda y que el hombre “no
hizo nada, en absoluto”. “Yo estaba en otra cosa, en manejar
la agricultura pampeana, no en la cuestión de la seguridad”,
dijo Zorreguieta, quien durante la audiencia trató de no apartarse
de las palabras que había dirigido al Parlamento holandés
antes del compromiso entre Máxima y Guillermo Alejandro.
El miércoles pasado Matilde Leston se presentó ante el tribunal
que investiga el destino de los desaparecidos de La Plata y alrededores
para narrar el caso de su hija, Lidia Inés Amigo, que fue secuestrada
de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata
el 21 de diciembre de 1976. El padre de Lidia, Alberto Amigo, había
ocupado el cargo de subsecretario de Agricultura hasta el golpe de Estado
y acudió a su “sucesor” en busca de ayuda. “Yo recuerdo
que nada más dijo que a su hija se la habían llevado detenida
o algo así”, expresó el padre de la futura reina de
Holanda ante los jueces de la Cámara platense.
“Sabía que había acciones (sic). Por los diarios me
enteraba de lo que ocurría en ambos bandos”, manifestó
Zorreguieta cuando le preguntaron si tenía conocimiento de las
características que tenía la represión durante la
última dictadura. El hombre, como lo dijo en su mensaje escrito
al pueblo holandés, afirmó que se enteró de las desapariciones
recién cuando se realizó el juicio a las Juntas. Pero definió
el plan sistemático llevado a cabo por la última dictadura
–de acuerdo al fallo de la Cámara Federal que juzgó
a los Comandantes– como realizado por “grupos militares independientes”.
La carta del ex funcionario fue necesaria para que el gobierno holandés
no pusiera reparos en la realización de la boda real de Máxima.
El martes el Parlamento aprobó con amplia mayoría el casamiento
del príncipe Guillermo Alejandro con la joven argentina. La ceremonia
se realizará el 2 de febrero del año próximo, pero
según el acuerdo al que se llegó con el gobierno holandés,
el padre de la novia no estará presente. Pese al polémico
pasado de Zorreguieta, de un total de 275 parlamentarios sólo 15
se pronunciaron en contra del casamiento del príncipe holandés
con la hija del ex funcionario de la dictadura. La reina Beatriz había
pasado una situación parecida a la de su hijo ya que su marido
había sido un oficial nazi.
En una audiencia que fue seguida con interés por varios medios
extranjeros, Zorreguieta señaló que luego de su entrevista
con Amigo consultó sobre el caso al teniente coronel Pedro Coria.
Leston narró la semana pasada que Coria conectó a ella y
a su marido con el coronel Roque Presti, entonces jefe del Regimiento
7 de Infantería de La Plata. Presti respondió al matrimonio
Amigo que no sabía del caso porque estaba “de licencia”
el día que la joven fue secuestrada.
Cuando lo interrogaron acerca de si estaba convencido de haber hecho todo
lo posible para averiguar qué había ocurrido con Lidia Amigo,
el hombre respondió: “Hice lo único que creí
que correspondía” y agregó “yo estaba en otra
cosa, en manejar la agricultura pampeana, no en la cuestión de
seguridad”. Además, el hombre recordó que tuvo conocimiento
de la desaparición de otra persona. Según precisó
se trataba de un hombre “de apellido Domínguez, un funcionario
de la Junta Nacional de Granos, que fue detenido, pero volvió a
su casa a los dos o tres días y se reintegró a su trabajo”.
Mientras Zorreguieta, de traje gris, camisa azul y corbata bordó,
declaraba en el juicio que inició la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos de La Plata, algunos de los presentes tenían en
sus manos las fotos de Lidia Amigo y su novio, Oscar Ragni, quien desapareció
en Neuquén un día después que la joven. A la salida
del tribunal, mientras se retiraba en un Peugeot plateado, el funcionario
de Videla también tuvo que enfrentarse a la imagen de Lidia.
LA
AMISTAD DEL JUEZ MIRET CON EL GENERAL SAA
La Verdad de Mendoza llegó a la CIDH
El presidente de la Cámara
Federal de Apelaciones de Mendoza, Luis Francisco Miret, es amigo íntimo
del general Juan Pablo Saá, quien durante la última dictadura
estuvo a cargo de la subzona 33. Por eso, los abogados de los familiares
de desaparecidos solicitaron que Miret se apartara del Juicio por la Verdad
que se está realizando en esa ciudad, pero el tribunal en pleno
se opuso. Ayer, los letrados Pablo Gabriel Salinas y Alfredo Guevara Escayola
pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
que intervenga en el proceso “ante la falta de imparcialidad del
tribunal” en el que se busca el destino de 21 personas y dos niños.
“Ante la falta de imparcialidad del tribunal, el Estado argentino
está incumpliendo la decisión de la CIDH en relación
a las causas de Derechos Humanos que se llevan adelante”, aseguraron
Salinas y Guevara Escayola en la presentación ante el organismo
internacional ya que el Estado argentino se comprometió ante la
CIDH en garantizar el derecho a la verdad sobre el destino de los desaparecidos.
Los abogados resaltaron que “los familiares de desaparecidos ya fueron
privados del derecho a la Justicia a través de las leyes de impunidad
de Obediencia Debida y Punto Final, ahora no pueden ser privados en la
búsqueda del derecho a la verdad de un tribunal imparcial”.
La amistad de Miret con Saá, responsable de la represión
en Mendoza en los años 77-79, fue reconocida por el mismo camarista,
quien en 1987 se excusó de participar en la causa por la desaparición
de Daniel Romero porque conocía al militar desde que en 1973/74
fue procurador fiscal Federal en San Luis y frecuentó a toda la
familia Saá por la “íntima amistad trabada con el entonces
secretario del juzgado federal Hipólito Saá”. Pero
en esta ocasión, Miret decidió intervenir y dirigió
el interrogatorio de su amigo el 23 de marzo pasado.
La Cámara Federal rechazó la recusación contra Miret
aduciendo que el limitado objeto que tienen los llamados juicios por la
verdad” es “la búsqueda del destino de los desaparecidos”.
Los abogados Salinas y Guevara contestaron que Saá “es responsable
civil de los daños que su accionar ilícito pueda haber ocasionado”
y que el militar puede ser responsabilizado penalmente por la desaparición
del bebé de Gladys Cristina Castro de Domínguez, secuestrada
el 9 de diciembre de 1977 cuando estaba embarazada de seis meses.
Los representantes de familiares de desaparecidos de Mendoza también
se quejaron ante la CIDH porque, a diferencia de todas las Cámaras
Federales que instruyen los procesos por la Verdad, no permite la investigación
de todas las víctimas, aun de quienes no se hayan presentado explícitamente
en el expediente.
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