Por Horacio Verbitsky

El Ejército sigue usando los servicios del abogado neonazi Juan Enrique Torres Bande, pese a que su jefe de Estado Mayor, Ricardo Brinzoni, dijo que lo había despedido. El Estado Mayor General del Ejército envió un nuevo recurso de hábeas data al Centro de Estudios Legales y Sociales, con el mismo texto, la misma tipografía, el mismo diseño y fijando el mismo domicilio legal que en los presentados en marzo último con el patrocinio de Torres Bande.
Al cabo de cuatro meses en los que Brinzoni concurrió a la Delegación de Asociaciones Israelitas, DAIA, a pedir disculpas por haber contratado al dirigente y apoderado del partido del Nuevo Triunfo, la única diferencia es que ahora la firma de Torres Bande no figura, como se aprecia en los facsímiles que acompañan a esta nota. Sin embargo, el domicilio constituido para el nuevo recurso de hábeas data, Marcelo T. de Alvear 777, piso 2º, departamento D, es el mismo en el que Torres Bande recibió el 23 de abril la respuesta a más de 600 recursos de hábeas data, entregada en sus propias manos por los directivos del CELS. El abogado supo de la presencia de los integrantes del organismo de derechos humanos por los periodistas que se agolparon en la puerta, descendió hasta la calle y acompañó a sus visitantes hasta el estudio, de cuya puerta tenía llave. El nuevo pedido de hábeas data, firmado por el capitán Guillermo Oscar Voget, fue enviado al CELS en un sobre con membrete de la Secretaría General del Ejército en su frente. Al dorso lleva un sello del Estado Mayor General y su dirección, Azopardo 250, y el franqueo fue cargado a la cuenta 11047 del Correo Argentino.
La respuesta entregada en abril a Torres Bande por el Centro de Estudios Legales y Sociales informó sobre nueve oficiales por su posible intervención en crímenes atroces y aberrantes durante la guerra sucia, diez por haber participado en los alzamientos contra el orden constitucional, dos por su eventual responsabilidad en otros delitos y nueve por haber cursado en la Escuela para torturadores de las Américas. Gracias a Brinzoni ahora sus archivos asocian a 663 oficiales con el neonazi partido del Nuevo Triunfo, que dirige Alejandro Biondini, secundado por el abogado de confianza de Brinzoni.
La constatación de que Torres Bande sigue trabajando para Brinzoni implica:
1. Desobediencia a la directiva del ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, quien ordenó a Brinzoni no insistir con el envío de recursos de hábeas data a organismos de derechos humanos.
2. Desmentido a la afirmación oficial de que los 663 recursos de hábeas data presentados en marzo habían obedecido a iniciativa personal de sus firmantes, entre ellos Brinzoni y todo el generalato, con excepción del jefe de la Casa Militar de la Presidencia, general Julio Alberto Conrado Hang. Queda una vez más en claro que se trata de una política institucional, dispuesta por el jefe de Estado Mayor.
3. Comprobación de que Brinzoni y su secretario general, Carlos Alfonso, faltaron a la verdad cuando, luego de ser descubiertos, dijeron que habían prescindido de los servicios de Torres Bande. Un trascendido oficioso dijo que dos oficiales habían sido sancionados por la contratación de Torres Bande, pero no hubo ninguna información oficial. Fuentes castrenses dijeron a este diario que el responsable directo fue el coronel Dalmiro Sosa Mendoza, el mismo al que Alfonso envió a Ezeiza recibir como un héroe al ex mayor Jorge Olivera, cuando escapó de la Justicia italiana gracias a la falsificación de un documento sobre el destino de su víctima, la ciudadana franco-argentina Marie Anne Erize.
Brinzoni brindó sus explicaciones personales a Jaunarena y al presidente Fernando de la Rúa, a quienes les dijo que tenía convicciones democráticas y que había sido sorprendido en su buena fe. Brinzoni negó en un reportajeser nazi y admitió que se había comportado como un “estúpido”. El 6 de mayo, en un reportaje al diario chaqueño Norte, Brinzoni reconoció que en Margarita Belén no se había producido un intento de fuga, como era la versión oficial, sino el fusilamiento de más de veinte detenidos. Con las solicitudes de hábeas data y las solapadas reivindicaciones de la dictadura, Brinzoni intenta protegerse, rodeándose de oficiales jóvenes que, por razones generacionales, no tuvieron participación alguna en la dictadura militar.
El 28 de mayo, el CELS lo denunció ante el juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, como cómplice o encubridor de esa masacre, ocurrida en diciembre de 1976, mientras él era alto funcionario político de la intervención militar en esa provincia. El 29 de mayo, en el Día del Ejército, el Presidente ratificó su confianza en Brinzoni, aunque Jaunarena le ordenó que se dedicara a conducir el Ejército y no volviera a hablar de la guerra sucia militar contra la sociedad argentina de la década de 1970. Esta noche, después de las 21, De la Rúa dirigirá un mensaje a los militares durante la comida anual de camaradería de las Fuerzas Armadas, que se realizará en el Salón San Martín del Edificio Libertador. Allí tienen su sede el ministerio de Defensa, la Jefatura del Estado Mayor Conjunto y la Jefatura de Estado Mayor del Ejército. No puede descartarse una nueva referencia a la proximidad del abogado nazi a la conducción del Ejército.

ETCHECOLATZ, ARMADO Y SIN CUSTODIA
La pistola desnuda

Le embargaron la pistola al ex comisario Etchecolatz, por no pagar los honorarios al abogado de Alfredo Bravo. Tenía el arma en su casa, cargada y lista para disparar, pese a estar bajo arresto. El beneficio podría ser revocado. Miguel Osvaldo Etchecolatz, ex subjefe de la policía con Camps. Su Browning estaba cargada y en condiciones de funcionar.

Por H. V.

El ex subjefe de la provincia de Buenos Aires, Miguel Osvaldo Etchecolatz, cumple su arresto domiciliario sin custodia alguna y armado con una pistola 9 mm cargada con diez proyectiles y lista para disparar. Así lo comprobó ayer el ex juez federal Juan Ramos Padilla, a quien Etchecolatz le debe 7800 pesos de sus honorarios como abogado, cuando se presentó en el domicilio de Etchecolatz junto con un oficial de justicia en busca de bienes a embargar. El juez Fernando Larraín lo condenó a tres años de prisión en suspenso por calumnias al diputado nacional Alfredo Bravo, quien lo querelló con el patrocinio de Ramos Padilla, quien es abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. La condena fue confirmada por la Cámara Nacional de Casación Penal.
En abril de este año el juez federal de La Plata, Arnaldo Corazza, ordenó la detención de Etchecolatz, por la sustracción y supresión de identidad de una menor, hija de desaparecidos durante la dictadura militar y le concedió el arresto domiciliario porque tiene más de 70 años. La Cámara Federal de La Plata confirmó justamente ayer su procesamiento (ver aparte). En la misma causa están detenidos el ex jefe del Cuerpo I de Ejército, Carlos Suárez Mason y el ex comisario médico de la policía, Jorge Antonio Bergés. El ex subjefe de Ramón Camps también fue procesado por amenazas e intimidación pública por el juez correccional Omar Facciuto, quien lo absolvió. Ya durante la audiencia pública en el juicio por calumnias el detector de metales reveló que uno de los defensores de Etchecolatz, el ex policía Alfredo Tadeo Torres intentaba ingresar armado, con cargador completo y bala en la recámara.
Luego de tres años sin cobrar sus honorarios, Ramos Padilla reclamó el embargo judicial sobre los bienes del ex policía. Ayer por la mañana se presentó junto con un oficial de justicia en el domicilio donde cumple su arresto Etchecolatz, en el departamento A del 9º piso del edificio de Pueyrredón 1035, en la Capital Federal. En el momento del procedimiento no había custodia alguna en el edificio; apenas un agente policial que recorría la cuadra y que dijo estar afectado a la vigilancia de los bancos del vecindario. Recién luego del aviso que ese hombre hizo por radio se presentó un patrullero de la Policía Federal en el lugar. Etchecolatz dijo que no era propietario del departamento ni de los bienes muebles en su interior. “Ni siquiera admitió poseer una zapatilla”, dijo el ex juez Ramos Padilla, quien en marzo de 1987 había arrestado y procesado a Etchecolatz, Camps y otros nueve miembros de la banda, por la colocación de una serie de explosivos, en la creación del clima que condujo a la rebelión carapintada de Semana Santa. Ramos Padilla y el oficial de justicia recorrieron el departamento en busca de objetos de algún valor que fueran embargables, conducidos por la esposa del represor. En un momento del recorrido, Etchecolatz advirtió:
–Ahí no, que tengo el arma.
–A ver –insistió el oficial de Justicia.
El funcionario le pidió que le entregara la pistola, marca Browning Nº 93875.
–Cuidado que está cargada y funciona –insistió Etchecolatz.
A solicitud del oficial, el ex policía retiró un proyectil del arma y nueve de su cargador. La pistola fue embargada pero el oficial de Justicia la dejó en poder de Etchecolatz, ahora en carácter de depositario. Esa es la conducta habitual en los procedimientos civiles, pero es de dudosa aplicación a este caso, en el que la persona embargada ha sido condenada por un juez y está a disposición de otro, en arresto domiciliario. La ley, complementaria del Código Penal, faculta en su artículo 33 la detención domiciliaria de los mayores de 70 años. Pero el artículo 34 faculta al juez a revisar ese beneficio. El artículo 502 del Código Procesal Penal de la Nación dice que la detención domiciliaria “se cumplirá bajo inspección o vigilancia de la autoridad policial”, lo que no ocurría en este caso. Ramos Padilla solicitará a los jueces que envíen a Etchecolatz a una verdadera cárcel, y sin su arma.
En 1997, Etchecolatz publicó un folleto, “La otra campana del Nunca Más”, en el que reivindicó los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. La jueza Ana María Bulascio de Rúa lo procesó por apología del delito, dijo que “nunca tuvo complejo o culpa por haber matado” y destacó “su fanatismo cuando señala que fue convocado por la Patria”.
Durante el programa de televisión “Hora Clave”, Etchecolatz agravió además al diputado Alfredo Bravo, a quien había detenido y torturado durante la dictadura. Cuando Bravo narró ese episodio, Etchecolatz lo llamó “mentiroso” y afirmó que “el tratamiento que nosotros le hicimos” a lo mejor lo hubiese curado de los callos y del pie plano. Se cree que la niña por cuya sustracción fue procesado Etchecolatz es la hija de la desaparecida enfermera Aída Celia Fernández, detenida en su domicilio de San Antonio de Padua el 23 de diciembre de 1977, junto con su madre Elsa Fernández de Sanz, quien había venido desde el Uruguay al parto de su hija. Las dos mujeres siguen desaparecidas.

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