Por Gabriela Cañas
Desde Bruselas

Augusto Pinochet, Ariel Sharon, Saddam Hussein, el difunto Laurent-Désiré Kabila, Laurent Gbagbo y otros dirigentes o ex dirigentes de diversos rincones del planeta están denunciados en Bruselas por crímenes contra la humanidad. Una ley única en el mundo de competencia universal permitió el mes pasado condenar por genocidio a cuatro ruandeses y eso ha provocado la cascada de denuncias que temía el gobierno belga. La querella contra Sharon, el primer ministro israelí, acaba de ser admitida a trámite y se da la circunstancia de que el político emprende hoy mismo una gira por Europa en la que no está incluida Bélgica, país que preside este semestre la Unión Europea.
Las denuncias contra Sharon, contra Hussein, el presidente iraquí, y contra Gbagbo, presidente de Costa de Marfil, han sido presentadas en el último mes; justo después de que el Tribunal de Justicia de Bruselas condenara por genocidio a cuatro ciudadanos ruandeses (dos religiosas entre ellos). Era la primera vez que el Tribunal llevaba hasta el final la ley belga de 1993 que permite juzgar crímenes contra la humanidad cometidos en cualquier parte del mundo por cualquier ciudadano. Tras el veredicto ruandés, y mientras la opinión belga aplaudía esta suerte de Tribunal Internacional instituido en Bruselas, el gobierno alertaba contra la cascada de denuncias que, finalmente, está cayendo sobre la justicia belga y que viene a sumarse a denuncias anteriores: la de Pinochet, la del presidente del Congo ya fallecido Laurent Kabila y su ministro de Exteriores, contra el presidente de Ruanda, Paul Kagame, contra tres ex dirigentes jemeres rojos, contra el ex ministro marroquí del Interior, Driss Basri, contra dirigentes guatemaltecos y contra el ex jefe de Estado del Chad, Hissène Habré.
Pero por el momento la denuncia que más incomoda a la diplomacia belga es la de Ariel Sharon, en manos ya de un juez de instrucción. Sharon tenía previsto visitar oficialmente Bruselas el mes pasado. El atentado en una discoteca de Tel Aviv que costó la vida a 17 personas y dejó 70 heridos fue una razón contundente para anular la visita. De paso, Sharon eludió aterrizar en un país cuya justicia puede iniciar en breve su persecución.
Sharon emprende hoy jueves una visita a Europa. Estará en Berlín y París, pero Bruselas no figura en la agenda del viaje. Tanto la Comisión Europea como el Ministerio belga de Asuntos Exteriores alegan razones de calendario y rechazan cualquier relación con la denuncia, pero el jueves mismo el rotativo Le Soir aventuraba dicha relación y aseguraba que el canciller israelí Shimon Peres ha dicho en una reunión interna que Bélgica “no tiene el derecho moral de juzgar a Israel”.
El canciller belga Louis Michel se reúne hoy en Berlín con Sharon y en su departamento aseguran que el gobierno belga desea la presencia del primer ministro israelí en Bruselas, aun reconociendo que la ley de 1993 y las denuncias (hay dos en realidad contra Sharon), generan a la diplomacia belga una “situación embarazosa”. La denuncia presentada a mediados de junio contra Sharon y que ya está en fase de instrucción la firman 28 ciudadanos familiares de víctimas o supervivientes de la matanza de los campos de refugiados de Sabra y Chatila en 1982, donde murieron entre 700 y 3.500 personas a manos de las milicias libanesas, que actuaron con el visto bueno de Sharon, entonces ministro de Defensa.
La querella contra Saddam Hussein la han presentado cinco refugiados kurdos que viven en Bélgica y Holanda. La de Laurent Gbagbo va firmada por 150 personas e incluye en la acusación a los ministros de Interior, Boga Doudou, y de Defensa, Lida Kouassi. Una asociación llamada Prevención del genocidio, fundada por un sociólogo belga, está detrás de esta denuncia que también tiene asignado ya un juez instructor. Otros ciudadanos deIsrael ya han anunciado que preparan otra denuncia contra el líder palestino, Yasser Arafat.
La avalancha de denuncias y la creación de situaciones incómodas para la diplomacia han obligado a Bélgica a replantearse la aplicación de una ley pionera que le ha permitido erigirse en defensora internacional de los Derechos Humanos. Pero en ausencia de un acuerdo global torpedeado por Estados Unidos que permita instituir un Tribunal Penal Internacional, Bélgica no desea quedarse sola en esta batalla, como indica el propio Michel y apoyan otros estamentos. “Este caso debería servir de ejemplo para que otros países persiguieran los crímenes contra la humanidad”, dice Michèle Hirsch, una de las abogadas apersonadas como parte civil contra los ruandeses, que también sospechaba la llegada de esta avalancha de denuncias y que, además, considera que la norma puede mejorarse: “La ley de 1993 es tan dura que con ella podríamos meter en la cárcel a la mitad de la población de Ruanda”.
El cambio que de momento se propone introducir el gobierno belga va en otro sentido. Un equipo de expertos presididos por el ministro de Justicia quiere enmendar la norma este mismo año para poder “filtrar” las denuncias. Un aspecto que se baraja es el de consultar al Parlamento en caso de que el denunciado esté en el poder. Otro, crear un colegio de magistrados que resuelva previamente los asuntos antes de admitirlos a trámite, porque, como dicen en Exteriores, “mezclar la política con la justicia no es deseable”.

MATARON A UN CATOLICO EN IRLANDA DEL NORTE
Echándole nafta al fuego

A medida que se acerca la marcha protestante del próximo domingo, la escalada de violencia en Irlanda del Norte amenaza con desandar a pasos agigantados el acuerdo de paz del Viernes Santo de 1998. Tony Blair condenó ayer el asesinato de un joven católico de 19 años a plena luz del día y en la vía pública e instó a los grupos paramilitares a entregar sus armas, a la vez que se entrevistó con su par irlandés, Bertie Ahren, para evitar el colapso total de las tratativas entre ambos gobiernos y establecer un calendario de negociaciones para esta misma semana.
A dos días de la renuncia –el pasado lunes– del premier de Ulster, David Trimble, en rechazo al incumplimiento de los plazos de desarme de la guerrilla republicana del IRA exigidos por su Partido Unionista del Ulster (PUU), otro acontecimiento se suma a los retrocesos en las negociaciones de paz. El crimen que el grupo Defensa de las Manos Rojas se atribuyó –el cual fue identificado como la organización paramilitar Fuerza de Voluntarios Lealistas– anuncia la posibilidad de que la violencia tome toda la provincia este fin de semana, como viene ocurriendo durante los últimos seis años en esta misma celebración: una tradicional marcha por la ciudad de Portadown que recuerda una batalla ganada a los católicos hace siglos. “Fue un ataque a sangre fría y bien organizado”, señaló el vicejefe de Policía de Irlanda del Norte, Alan McQuillan, en referencia a que el joven fue asesinado a corta distancia desde una motocicleta.
A su vez, un portavoz del partido Sinn Fein (brazo político del IRA) rechazó nuevamente el desarme del IRA aduciendo que las negociaciones entre ambos bandos deben incluir la retirada de tropas británicas de Irlanda del Norte y la reforma de la policía probritánica.

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