|
Por Adriana Meyer
 Los fiscales federales que
investigan el escándalo de los sobornos en el Senado fueron denunciados
por el jefe de la SIDE. Carlos Becerra envió una nota al procurador
general de la Nación Nicolás Becerra en la que los acusó
de haber filtrado información a la prensa sobre el caso. Eduardo
Freiler y Federico Delgado deberán hacer su descargo, tras lo cual
podrían ser enjuiciados en la Procuración. Además,
el jefe de los espías deslizó la posibilidad de formular
una denuncia penal. La supuesta filtración se habría producido
tras la reunión realizada en la Cámara Federal el 20 de
junio, donde fue exhibida documentación referida a un gasto efectuado
por la SIDE que está bajo sospecha en la investigación.
El 29 de junio, Carlos Becerra hizo llegar a la Procuración una
carta en la que manifestó su disconformidad con una filtración
de información reservada. El funcionario transcribió párrafos
de los artículos periodísticos aparecidos el día
después de la reunión que tuvo lugar en la sala de acuerdo
de la Cámara Federal porteña, a la que él asistió
junto al ministro de Justicia Jorge de la Rúa, el juez Gabriel
Cavallo, los camaristas de la sala I Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani,
y los fiscales Freiler y Delgado. En esa oportunidad los espías
mostraron la rendición de gastos correspondiente a dos cheques
que suman 6 millones 500 mil pesos. La SIDE retiró el dinero el
11 y el 13 de abril de su cuenta en el Banco Nación y los investigadores
sospechan que pueden haber sido utilizados para pagar los sobornos porque
justo en esos días se destrabó la negociación para
la sanción de la Reforma Laboral. La verificación de los
comprobantes de los cheques había sido hecha el 5 de octubre, cuando
el juez del caso era Carlos Liporaci. Pero Cavallo prefirió repetirla.
El jefe de la SIDE se quejó de la gravedad de la situación
porque la información que publicaron los medios era exacta. Carlos
Becerra acusó directamente a los fiscales, en base a “versiones”
que los hacen “responsables potenciales” de las publicaciones.
En la misma nota agregó que la SIDE analiza otras medidas a tomar.
Fuentes judiciales y de la Procuración estimaron que Becerra podría
incluso presentar una denuncia penal en contra de Freiler y Delgado por
violación de secreto de Estado. Los investigadores del caso de
los sobornos sospechan que esto podría ser utilizado por alguno
de los senadores imputados para recusar a los fiscales y así apartarlos
de la causa.
Cuatro días después de recibirla, el Procurador Nicolás
Becerra mandó la carta a los fiscales para que presenten su descargo.
Una vez que lo hagan, el Procurador podría disponer la apertura
de un sumario administrativo, es decir, un expediente ante el jury de
enjuiciamiento del Ministerio Público. El Becerra de la SIDE se
lamentó de que los fiscales no hayan estado a la altura de una
circunstancia “histórica” como fue, según él,
la apertura de las cuentas de la secretaría para la investigación
judicial de los sobornos. Y opinó que la filtración había
causado un “serio daño”.
La diputada Alicia Castro se reunió ayer con los fiscales y salió
a respaldarlos porque consideró “inadmisible que ellos señalen
que la SIDE no puede justificar entre 8 y 20 millones de pesos y ahora
ese organismo los denuncie”. La legisladora instó, además,
a todos aquellos testigos que aún puedan aportar datos a hacerlo.
Castro planteó la semana pasada la necesidad de derogar la ley
de Reforma Laboral porque su concepción fue ilegítima. Los
investigadores se preguntaban ayer por qué fueron señalados
los fiscales como responsables de la supuesta filtración si en
esa reunión había más de veinte personas, entre funcionarios
de primera y segunda línea, y secretarios.
Tras la audiencia en la Cámara, Cavallo, Jorge de la Rúa
y Carlos Becerra siguieron analizando los comprobantes en la sede central
de la SIDE, en cumplimiento del decreto que levantó el secreto
sobre esos papeles. Ahora el juzgado ordenará una pericia que establecerá
si esa rendición de gastos coincide con los asientos de la central
deinteligencia. Y luego determinará con otro peritaje si esto coincide
con la realidad, es decir, si esos gastos fueron realizados concretamente.
LA
IMPUGNACION DE MAGARIÑOS A LA MAGISTRATURA
Un juez se queja del Consejo
Por Susana Viau
El juez Héctor Magariños
impugnó el mecanismo empleado por el Consejo de Magistratura para
ascender al juez federal Gabriel Cavallo al primer puesto de la terna
de la que saldrá el futuro integrante de la Sala 1 de la Cámara
Federal. Cavallo se encontraba segundo en el último dictamen de
la Comisión de Selección pero, tal como informó Página/12,
a propuesta de los legisladores justicialistas Angel Picchetto y Augusto
Alasino el Pleno resolvió modificar el orden de prelación.
Ahora, Magariños compartirá con Cavallo el primer puesto
y en segundo se ubicará Manuel Garrido, miembro de la Oficina Anticorrupción.
En su solicitud de nulidad, Magariños, miembro del Tribunal Oral,
sostiene que “la Comisión de Selección (...) a través
de sus dictámenes tanto de mayoría como de minoría,
había elevado una propuesta de orden de mérito conforme
a la cual el primer lugar de la terna de candidatos sólo me había
sido asignado a mí”. Hasta ese momento, explicó Magariños,
las discrepancias se centraban en dos cuestiones: si el tercer lugar correspondía
a Garrido o a Jorge Luis Rimondi o si, en cambio, el segundo lugar debía
ser disputado entre Cavallo y Garrido.
Sin embargo, en razón de que el Pleno del Consejo no lograba acuerdos
respecto de estos dos puntos, se decidió someter a votación
quiénes serían los tres nombres de la terna a elevar al
Poder Ejecutivo. Magariños obtuvo 14 votos, Cavallo 14 y Garrido
12. En esa ronda, Rimondi sólo cosechó dos sufragios. El
conflicto parecía quedar zanjado. No obstante, cuestiona Magariños
–un hombre al que sus colegas, los amigos como los que no lo son
tanto, le reconocen un alto nivel académico–, la votación
tuvo una derivación inesperada. A propuesta de Picchetto “se
resolvió que en virtud de ella se había modificado el orden
de mérito propuesto (...) pues, según se expresó,
el empate alcanzado en la cantidad de votos (catorce) determinaba que
el primer lugar debía ser ahora compartido por mí y por
el Dr.Gabriel Rubén Cavallo”.
“En consecuencia –prosigue Magariños en su impugnación–
esa total falta de relación entre lo sometido a votación
y lo resuelto por el Honorable Consejo, importa un vicio en el procedimiento
de conformación de la solución adoptada. Ese vicio consiste
en asignar a la votación un alcance ajeno a las cuestiones planteadas
a quienes participaron en ella (...). Dicha irregularidad sin duda exige
ser subsanada por ese cuerpo a fin de no poder en riesgo la legitimidad
de la elección a adoptar por parte de los órganos políticos,
cualquiera sea el nombre del candidato en el que esa elección finalmente
recaiga”.
El cargo en disputa apunta a llenar una vacante de la Sala 1 de la Cámara
Federal que, en la actualidad, está integrada solamente por dos
jueces: Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani.
|
