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Por Horacio Cecchi
 En los últimos cuatro
meses, se quintuplicó el número de denuncias de torturas
y apremios ilegales contra menores en comisarías e institutos bonaerenses,
en comparación con los siete primeros meses de la gestión
de Carlos Ruckauf como gobernador. Según el Registro abierto a
tales efectos por la Suprema Corte provincial, desde su creación
en setiembre pasado hasta junio de este año se presentaron 800
denuncias. Cuatrocientas corresponden al período marzo-junio de
este año, a razón de 100 denuncias por mes. El departamento
judicial de Lomas de Zamora, que agrupa seis partidos, es la niña
bizarra de la estadística: alcanzó el máximo de 121
episodios de violencia. El máximo tribunal bonaerense envió
un informe crítico a Ruckauf, a la titular del Consejo del Menor,
Irma Lima, y al ministro de Seguridad, Ramón Verón.
En junio pasado, el mismo Verón se cruzó públicamente
con la Suprema Corte, poniendo al rojo vivo la polémica existente
entre su jefe y el tribunal. En aquel momento, Verón había
argumentado en favor del hasta entonces ignoto agente Angel Fontanini,
de la Comisaría 1ª de Quilmes, a quien la Justicia investiga
por torturas contra menores. Verón sostuvo que la causa se había
cerrado y lanzó su memorable frase: “Estoy acostumbrado a
que la policía sea el jamón del sandwich”. Además
de que no era cierto, porque la causa aún hoy sigue abierta en
la Fiscalía 2ª de Quilmes, a cargo de Luis Armella, los 800
casos reunidos por el Registro de la SC en sus 9 meses de vida indican
claramente que el jamón es otro.
A fines de agosto, Página/12 publicó un informe del asesor
de menores de San Isidro, Carlos Bigalli, elevado a la Suprema Corte y
en el que se indicaba el aumento de denuncias por torturas en comisarías.
Según ese informe, en los primeros siete meses del año 2000
coincidentes con los inicios de la gestión de Ruckauf, las denuncias
treparon de 7,16 casos por mes a 22,71. Según las cifras anunciadas
ayer en la resolución 71 de la Suprema Corte, desde septiembre
pasado hasta junio de este año incluido, se produjeron 800 denuncias.
Cuatrocientas corresponden al período que va de marzo a junio,
es decir, a un ritmo de 100 denuncias por mes, cinco veces más
que el primer período de la mano dura.
La jurisdicción judicial de Lomas de Zamora, que agrupa los partidos
de Lanús, Avellaneda, Almirante Brown, Ezeiza, Esteban Echeverría
y la propia Lomas, está a la cabeza bonaerense con 121 denuncias,
en su mayoría mérito de las comisarías 2ª de
Avellaneda y 5ª de Lanús.
La resolución de la SC apunta al Consejo del Menor, a su titular
Irma Lima y a Verón y, por elevación, a Ruckauf. En síntesis,
acusa a la policía de torturar y al Consejo de rechazar a los menores
que los jueces le derivan, y que por falta de cupo deben realojarse en
las comisarías. “Cuando inicié mi gestión –señaló
Irma Lima a este diario–, había más de 150 menores
en comisarías. Hoy hay alrededor de 80.”
La reducción fue muy reciente. Hace quince días, adelantándose
a la resolución 71, Ruckauf ordenó el “inmediato retiro
de menores de las comisarías”. La comparación fue contundente:
de casi 120 menores en seccionales a fines de junio se pasó a los
80 mencionados por Lima en la actualidad. La reducción no fue milagrosa:
“Están apretados en el Registro de Evaluación y Ubicación
del Consejo –reveló una fuente judicial–. Tiene, con
muchas ganas, capacidad para 30 menores muy apretados. Ahora debe andar
por encima de los 70”.
El Registro de Evaluación y Ubicación es el organismo que
distribuye a los menores derivados por la Justicia a los diferentes institutos.
Pero los institutos ya no tienen cupo y vuelven a Evaluación y
Ubicación. “Y qué puedo hacer si ya no tengo espacio”
sostiene Lima, mientras aguarda los fondos prometidos por Ruckauf para
futuros centros de detención que, de todos modos y a este ritmo,
serán sólo aspirinas.
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