El premier israelí Ariel Sharon inició anteayer una postergada minigira por Europa en el marco de la ofensiva diplomática que cruzan israelíes y palestinos para inclinar la balanza a su favor en el conflicto en Medio Oriente. La de Sharon parecía una parada brava porque los países de la Unión Europea tienen una posición propalestina y el premier sabía que le iban a llover recriminaciones. Lo que no sabía, o lo que sabía pero no entraba dentro del cuadro político, era que su persona podía estar involucrada en un caso judicial como el de Pinochet, ya que una fiscalía belga admitió dos denuncias en su contra por las masacres de Sabra y Chatila, en el Líbano, en 1982. Como Sharon no quiso pisar Bélgica, el canciller belga Louis Michel se entrevistó con él en Berlín para decirle que no está de acuerdo “en absoluto” con la decisión de la Justicia de su país y le pidió que lo reciba en algún momento en Israel.
El de Bélgica es un caso testigo de los problemas y soluciones de una justicia global que se expande cuando no existe ningún Tribunal Penal Internacional que la administre. Michel hizo notoria su figura cuando celebró la detención y el juicio de Augusto Pinochet en Londres. Que la ley funciona en Bélgica, no hay dudas: cuatro ciudadanos ruandeses ya fueron condenados el mes pasado por genocidio. Pero no es lo mismo que el acusado esté o no en el poder. Por eso, Michel ya no celebró el caso Sharon. De hecho, expertos del Ministerio de Justicia belga están estudiando una enmienda a la ley que “filtre” aquellas denuncias que se refieran a personas que tengan cargos gubernamentales.
Entretanto, la lucha judicial global en torno a Sharon ya estalló. El líder cristiano libanés Elie Hobeika, ex jefe de la milicia proisraelí Fuerza Libanesa, dijo estar dispuesto a declarar “en cualquier sitio” contra Sharon. Es que Hobeika fue condenado por “responsabilidad directa” en las masacres de Sabra y Chatila por una comisión parlamentaria israelí, la misma que había condenado a Sharon de “responsabilidad indirecta”. Por otro lado, el gobierno libanés estudia la posibilidad de acusar al Estado de Israel ante el Tribunal de La Haya, incluso con pedido de indemnización, por las reiteradas incursiones aéreas israelíes en su país.
Y entre todo esto, claro, está la cuestión circunscripta a la batalla diplomática entre palestinos e israelíes. Ayer por la mañana, Sharon llegó a Berlín y se entrevistó con el jefe del gobierno alemán, Gerhard Schroeder, quien no perdió la oportunidad de exigirle a Sharon que Israel “muestre más flexibilidad” en cuanto al freno de la construcción de las colonias judías en territorio palestino, una medida que figura para el mediano plazo en el informe Mitchell de la ONU que es la base de la actual tregua no-tregua que sostienen israelíes y palestinos.
Después fue el turno de París. Sharon le planteó al presidente francés Jacques Chirac que la Unión Europea tiene que presionar todo lo posible a los palestinos para que detengan la violencia en sus territorios, a lo que Chirac le respondió que evite “debilitar” la posición de Arafat en el mundo palestino porque eso será “contraproducente” para Medio Oriente. Hoy Sharon se reúne con el premier francés Lionel Jospin. Una manifestación de cientos de personas, organizada por unas 30 organizaciones de derechos humanos en el centro de París, protestó por la presencia de Sharon en Francia: “Sharon, persona non grata”, gritaban, en alusión a cuando el gobierno francés, calificó así al actual premier por responsabilizarlo del estallido de la Intifada palestina, el 28 de setiembre pasado.
Pero también hubo actividades del otro lado. En Israel, el consulado belga en Jerusalén Tel Aviv fue atacado con piedras en reacción a la noticia proveniente de Bruselas. A globalización de la justicia, globalización de los conflictos. O viceversa.

CHILE TAMBIEN QUIERE INTERROGARLO
Kissinger, turno 3

El juez chileno Juan Guzmán confeccionó una lista de preguntas para el ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger sobre el asesinato del periodista estadounidense Charles Horman –ocurrido en 1973– a manos de las fuerzas represivas de Augusto Pinochet y relatado en la película Missing. Las preguntas fueron elevadas a la Corte Suprema que, ahora, debe decidir si enviarlas o no a Estados Unidos.
Kissinger, premio Nobel de la Paz, está siendo implicado judicialmente por numerosas y controvertidas actuaciones internacionales de Estados Unidos durante su mandato, incluyendo el bombardeo a Camboya y el apoyo a gobiernos autoritarios como el de Pinochet. Mientras visitaba París –en mayo– Kissinger fue citado a declarar sobre la muerte de ciudadanos franceses bajo el régimen pinochetista. Se negó a concurrir aduciendo otro compromiso. Al mismo tiempo, el juez argentino Rodolfo Canicoba Corral está buscando su testimonio en la causa referida a la Operación Cóndor, por la cual las dictaduras latinoamericanas intercambiaban información y planificaban acciones conjuntas.
A fines de los 70, la esposa de Horman inició una acción civil contra Kissinger y otros oficiales norteamericanos acusándolos de negligencia, connivencia y encubrimiento por la muerte de su marido. Sin embargo, abandonó el caso argumentando que el gobierno norteamericano retenía la información necesaria para continuar. La mujer declaró ayer: “Kissinger era el verdadero responsable en cuestiones de Estado y de la CIA sobre lo que pasaba con los americanos aquí. Es él quien debe responder las preguntas por la desaparición de mi marido”.

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