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Doménico Cavallo no
volvió solo
Al amparo del regreso de Domingo Cavallo, el mago, retornaron a
Economía y adyacencias varios brujos, la mayoría de
tonada cordobesa y pasado comprometedor, en general a puestos con
importante manejo de fondos e intereses estatales. A casos como
los de Oscar Cayetano Chialvo u Horacio Tomás Liendo, ya
mencionados en esta columna, se suma, entre otros, el de Rubén
Domingo Poncio, ex subsecretario de Normalización Patrimonial
(del actual se habla más abajo) y ahora nuevo liquidador
del Instituto Nacional de Reaseguros, con $ 425 millones a repartir
entre compañías privadas. La primera función
que, diez años atrás, le asignó Cavallo fue
la de interventor del hoy extinto Banco Nacional de Desarrollo.
Por aquel desempeño, Poncio está imputado en una causa
por vaciamiento del BND, en la que está procesado su antecesor,
Roberto Luis Arano. A Poncio se le imputan 11 ilícitos, consistentes
en malversación de caudales públicos, cuyo eje fue
la aceptación –a pesar de que la ley de Emergencia Económica
se lo prohibía– de una propuesta de Celulosa Puerto
Piray (CPP), para cancelar una deuda por 18,2 millones de dólares
mediante la entrega de acciones de Celulosa Argentina (CASA). Ambas
empresas pertenecían a Citicorp Equity Investments, que se
las había comprado al propio BND con títulos de la
deuda externa argentina. Las mentadas acciones, que el Banco tomó
a siete veces su valor, fueron fruto de una suscripción recíproca
de papeles entre CPP y CASA, ambas del Citi. Todo lo que aportó
CASA a CPP fue un pagaré por 19 millones a cuenta de futuras
emisiones de acciones. Con ese pagaré de CASA, CPP le “compró”
las acciones que fueron entregadas al BND. El resultado final fue
cancelar una deuda millonaria a costo cero. La causa fue sobreseída
dos veces por el juez Rodolfo Canicoba Corral, pero una y otra vez
la Cámara (Sala II) revocó sus fallos. El juicio lo
lleva desde noviembre Jorge Urso, pero no lo ha movido.
De la reaparición de figuras fuertemente cuestionadas en
su momento forma parte la del cordobés Daniel Tillard como
subsecretario de Normalización Patrimonial, el viejo puesto
de Poncio, por lo que han invertido el orden jerárquico.
De esa órbita depende la coordinación de entes liquidados,
incluyendo la ex Obras Sanitarias de la Nación, de la que
Tillard fue liquidador tras la privatización. En aquel momento
fue acusado por Antonio Erman González de estar pagando porcentajes
“exorbitantes” a una UTE (unión transitoria de
empresas) a la que adjudicó la cobranza de cuentas viejas
en marzo de 1995. Según datos que aportó Erman, el
cobrador privado se quedaba con tajadas que iban del 62 al 79% de
lo recaudado. González se vengaba así de Cavallo,
que lo había tildado de corrupto por un proyecto con el que
pretendiera tercerizar el cobro de todas las tarifas públicas,
antes de las privatizaciones, pagando 15%.
Tillard también fue elegido por Cavallo para liquidador del
Instituto de Servicios Sociales Bancarios, pero una medida cautelar
de la Justicia frenó su asunción porque la esposa
del nombrado, Julia Couzo Peñaloza, había sido hasta
muy poco antes prestadora del ISSB por intermedio de la clínica
y prepaga Amedín, propiedad de la familia Couzo. Otro familiar,
Enrique Couzo, fue a su vez síndico del Instituto. El negocio
de los prestadores del Instituto, en manos del sindicalista Juan
José Zanola, consistía en cobrar por sus servicios
una cápita, o asignación mensual fija individual (en
el caso de Amedín era de $ 15,40), pero sobre un padrón
de bancarios hipertrofiado. Esto es, al menos, lo que descubrió
una auditoría de Harteneck López (Coopers & Lybrand),
según la cual los listados contenían “un número
significativo de afiliados que correspondería dar de baja”.
Otros bocados importantes aparecen entre los conflictivos proyectos
que impulsa el ministro de Infraestructura y Vivienda, el cavallista
y cordobés Carlos Bastos. Entre otros anhelos suyos, quiere
disolver el Tribunal Arbitral de Obras Públicas, creado por
la añeja ley 13.064 como instancia prejudicial para resolver
conflictos que se susciten entre el Estado como comitente y los
contratistas. Este foro de mediación, con presencia de entidades
empresarias y profesionales, debería ahora intervenir en
las cuestiones litigiosas que surjan con los concesionarios viales
ante el cambio de todo el sistema, impuesto por Infraestructura.
La supresión del Tribunal le permitiría a Bastos controlar
la negociación de los diferendos, encomendándosela
a un nuevo ente a crear.
Este es el organismo que sucedería a Vialidad Nacional, segunda
pieza en la mira (con sus 3500 empleados), encargándose de
compensar a las concesionarias viales por la caducidad anticipada
de los contratos de peaje y acordar las futuras reglas de juego,
incluyendo la asignación de los fondos que produzca la flamante
sobretasa al gasoil, que será administrada por un grupo de
bancos. Ante las resistencias suscitadas, el subsecretario de Obras
Públicas, Aníbal Rothamel, ex administrador de Vialidad
y hombre del radical Nicolás Gallo, actual secretario general
de la Presidencia, asegura privadamente no haber participado de
la medida.
Bastos tramita asimismo la disolución del Tribunal de Tasaciones
de la Nación (TTN), de intervención obligada en cualquier
expropiación (ley 21.499) para determinar las indemnizaciones.
El decreto 436/00 (sobre Transparencia en la Gestión de las
Contrataciones) le encomienda participar asimismo cada vez que el
Estado nacional compre, venda, alquile o dé en concesión
bienes. En medios próximos al TTN se insinúa que la
intención de Bastos es evitar que el Tribunal se entrometa
en el Proyecto Retiro, que exige la tasación de cuantiosos
bienes ferroviarios.
Disuelto el Tribunal, esa tarea sería asumida por el Onabe,
Organismo Nacional de Administración de Bienes, conducido
por María Eugenia Márquez Miranda, de estrecha relación
con el ministro. En el Onabe, hoy en reestructuración, revista
Horacio Ordóñez, hermano de Matías, el hombre
de bajo perfil que en la gestión menemista de Cavallo se
encargó de rematar innumerables inmuebles y muebles del Estado.
Matías Ordóñez sobrevivió al mutis de
Cavallo en 1996, quedando al frente del Enabief (Bienes Ferroviarios),
en la misma esquina de Libertador y Ramos Mejía donde ahora
cuelga la placa del Onabe y permanece su hermano Horacio.
El expediente en el que se tramita la eliminación del TTN
fue pedido por Rafael Bielsa, titular de la Sigen, invocando su
obligación de informar a Presidencia de cualquier decisión
tomada o a tomarse que pueda implicar un perjuicio para el erario
público. Pero, según información reciente,
Bielsa aún no ha logrado reunirse con la carpeta.
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