El camión avanzaba por
la continuación de Avenida Constituyentes, en la localidad de San
Martín, detrás del auto ocupado por los policías
de la custodia. Faltaban 20 cuadras para llegar a la General Paz. Eran
las 14 de ayer. De pronto, dos coches cruzaron a la caravana, por delante
y por detrás. Y comenzó un infernal tiroteo entre los custodios
y los delincuentes que, aunque no provocó heridos, dejó
una señal inquietante, más que nada por la carga que llevaba
el camión: toda la documentación que revela el escandaloso
festival de jubilaciones truchas que habría otorgado el Banco de
La Rioja a importantes personajes y no tanto de la provincia
natal de Carlos Menem. El fiscal que se encarga de esa investigación,
Guillermo Marijuán, no quiso descartar ninguna hipótesis
sobre el ataque, pero el fantasma de un robo de los documentos quedó
flotando en el aire.
Marijuán estuvo entre el lunes y el miércoles de la semana
pasada en tierras riojanas, recolectando las pruebas sobre el escándalo
de las jubilaciones truchas presuntamente cedidas por el Banco de La Rioja.
Mientras el fiscal estaba en la provincia, el gobernador peronista Angel
Maza lo criticó diciendo que tenía una actitud persecutoria,
por haber allanado el banco que, cabe aclarar, está virtualmente
fundido. Lo concreto es que Marijuán pudo obtener legajos de empleados
y expedientes jubilatorios, que acreditarían que el fraude previsional
dejó un agujero en las arcas del Estado de 60 millones de pesos.
Precisamente, esa documentación fue la que llegó ayer a
Buenos Aires, en el camión atacado a balazos por desconocidos.
Marijuán, previendo algún tipo de inconveniente, había
solicitado que el Departamento de Delitos Complejos de la Unidad Antiterrorista
de la Policía Federal escoltara al vehículo. De no ser por
la presencia de los efectivos policiales, los atacantes habrían
podido robar el camión con todas las pruebas recolectadas.
El tiroteo fue breve pero muy intenso. Repelidos por los policías
ubicados en el Fiat Palio de la custodia y en el interior del camión,
los asaltantes huyeron por las calles internas de San Martín y
se perdieron en una villa cercana. El camión quedó con numerosos
impactos de bala, y hasta uno alcanzó la guantera, aunque milagrosamente
no hirió al conductor.
Hay tres hipótesis sobre el ataque; la más obvia, que los
desconocidos intentaron quedarse con la documentación. La segunda,
que se trataría de un asalto común, de los tantos que suceden
en el conurbano, aunque la pata débil de esa posibilidad es que
justo el afectado tenía que ser un camión de mudanzas cargado
sólo con papeles. La tercera, que haya sido una intimidación
a los investigadores. Por lo pronto, Marijuán señaló:
El hecho no está esclarecido, por lo que cualquier hipótesis
es válida.
Los documentos serán la base para avanzar en la investigación
sobre las jubilaciones falsas otorgadas en La Rioja. Esta provincia tiene
historia en ser generosa con sus pasivos; en 1999 se reveló que
varios funcionarios se habían beneficiado con jubilaciones de privilegio.
Uno de los casos más resonantes descubiertos fue el del entonces
ministro de Trabajo Antonio Erman González, que debió renunciar
a su cargo por ese escándalo.
Otro caso de generosidad riojana es el que investiga Marijuán,
y que representaría unas 700 jubilaciones falsas entregadas a distintos
personajes. El agravante de este hecho es que los haberes ni siquiera
tendrían un sustento legal, como poseían las de privilegio;
directamente serían jubilaciones inventadas. Entre los beneficiarios
de ese sistema estarían la ex diputada nacional justicialista Marta
Rivadera, el director del diario El Independiente, Lucio Córdoba,
y el masajista de Carlos Menem, Miguel Bongiorno.
Informe: Alejandro Cánepa
LA
TRAMA DE LA INVESTIGACION DE LOS SOBORNOS
Para que Becerra no se distraiga
Por Irina Hauser
El fiscal de Cámara Germán
Moldes le pidió al procurador general de la Nación, Nicolás
Becerra, que tome alguna medida ante la interferencia del Poder
Ejecutivo Nacional en la actividad de los fiscales que actúan
en la causa de los sobornos en el Senado. El planteo se refiere a la denuncia
que hizo el titular de la SIDE, Carlos Becerra, contra los fiscales Eduardo
Freiler y Federico Delgado, acusándolos de filtrar la información
a la prensa sobre la causa. En otro episodio, la central de inteligencia
se negó a dar a la fiscalía el legajo de un agente para
la pesquisa.
Considero una infamia la imputación que se efectúa,
y debo poner de resalto que no me anima una decisión menor que
la de estos jóvenes y valerosos fiscales en llegar al total esclarecimiento
de los presuntos sobornos que involucran a dos de los Poderes del Estado
en el trámite de la Ley conocida públicamente como de reforma
laboral, dice la carta que presentó Moldes para respaldar
a sus colegas ante el jefe de los fiscales.
Tampoco es éste el primer tironeo que tienen Freiler y Delgado
con la Side por la información ligada al expediente de las coimas.
El titular de inteligencia también los cuestionó a raíz
de que le pidieron el legajo completo de un agente secreto. La objeción
fue que en el oficio figuraban los datos personales y números de
identificación del espía y que esa documentación
fue enviada como una diligencia judicial común poniendo, así,
datos confidenciales en conocimiento de terceros. Los fiscales insistieron
con su pedido. La SIDE se negó a contestar y notificó el
asunto al procurador y al juez Gabriel Cavallo, que instruye el caso.
Por aquel entuerto, Freiler y Delgado presentaron el jueves una denuncia
penal ante el juez Rodolfo Canicoba Corral por incumplimiento de los deberes
contra los funcionarios responsables de la SIDE que, según ellos,
desconocen las facultades investigativas de los fiscales.
La supuesta filtración a los medios que denunció Becerra
se habría producido después de una reunión realizada
en la Cámara Federal el mes pasado donde fue exhibida documentación
referida a un gasto de 6.500.000 pesos de la SIDE que está bajo
sospecha. En aquel encuentro estuvieron, además de los fiscales,
el ministro de Justicia, Jorge de la Rúa; el juez Cavallo; Carlos
Becerra; los camaristas Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani, y Moldes.
En su nota de aval a Freiler y Delgado, Moldes pidió ser incluido
en las actuaciones administrativas que inicie la Procuración. Y
acotó: Parece una constante en estos últimos tiempos,
que el destino de quienes desean investigar en serio y cumplir con su
trabajo, por más grave que resulte el hecho y sus imputados, se
conviertan en objeto de denuncias, pesquisas y cuestionamientos.
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