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Las jubilaciones truchas riojanas
se defienden hasta a los tiros

Dos autos encerraron al camión y se desató un duro tiroteo.
En el transporte venían los documentos incautados por el fiscal Guillermo Marijuán sobre jubilaciones truchas en La Rioja.

El Banco de La Rioja fue la institución que gestionó el mayor número de jubilaciones truchas.

El camión avanzaba por la continuación de Avenida Constituyentes, en la localidad de San Martín, detrás del auto ocupado por los policías de la custodia. Faltaban 20 cuadras para llegar a la General Paz. Eran las 14 de ayer. De pronto, dos coches cruzaron a la caravana, por delante y por detrás. Y comenzó un infernal tiroteo entre los custodios y los delincuentes que, aunque no provocó heridos, dejó una señal inquietante, más que nada por la carga que llevaba el camión: toda la documentación que revela el escandaloso festival de jubilaciones truchas que habría otorgado el Banco de La Rioja a importantes personajes –y no tanto– de la provincia natal de Carlos Menem. El fiscal que se encarga de esa investigación, Guillermo Marijuán, no quiso descartar ninguna hipótesis sobre el ataque, pero el fantasma de un robo de los documentos quedó flotando en el aire.
Marijuán estuvo entre el lunes y el miércoles de la semana pasada en tierras riojanas, recolectando las pruebas sobre el escándalo de las jubilaciones truchas presuntamente cedidas por el Banco de La Rioja. Mientras el fiscal estaba en la provincia, el gobernador peronista Angel Maza lo criticó diciendo que tenía “una actitud persecutoria”, por haber allanado el banco que, cabe aclarar, está virtualmente fundido. Lo concreto es que Marijuán pudo obtener legajos de empleados y expedientes jubilatorios, que acreditarían que el fraude previsional dejó un agujero en las arcas del Estado de 60 millones de pesos.
Precisamente, esa documentación fue la que llegó ayer a Buenos Aires, en el camión atacado a balazos por desconocidos. Marijuán, previendo algún tipo de inconveniente, había solicitado que el Departamento de Delitos Complejos de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal escoltara al vehículo. De no ser por la presencia de los efectivos policiales, los atacantes habrían podido robar el camión con todas las pruebas recolectadas.
El tiroteo fue breve pero muy intenso. Repelidos por los policías ubicados en el Fiat Palio de la custodia y en el interior del camión, los asaltantes huyeron por las calles internas de San Martín y se perdieron en una villa cercana. El camión quedó con numerosos impactos de bala, y hasta uno alcanzó la guantera, aunque milagrosamente no hirió al conductor.
Hay tres hipótesis sobre el ataque; la más obvia, que los desconocidos intentaron quedarse con la documentación. La segunda, que se trataría de un asalto común, de los tantos que suceden en el conurbano, aunque la pata débil de esa posibilidad es que justo el afectado tenía que ser un camión de mudanzas cargado sólo con papeles. La tercera, que haya sido una intimidación a los investigadores. Por lo pronto, Marijuán señaló: “El hecho no está esclarecido, por lo que cualquier hipótesis es válida”.
Los documentos serán la base para avanzar en la investigación sobre las jubilaciones falsas otorgadas en La Rioja. Esta provincia tiene historia en ser generosa con sus pasivos; en 1999 se reveló que varios funcionarios se habían beneficiado con jubilaciones de privilegio. Uno de los casos más resonantes descubiertos fue el del entonces ministro de Trabajo Antonio Erman González, que debió renunciar a su cargo por ese escándalo.
Otro caso de generosidad riojana es el que investiga Marijuán, y que representaría unas 700 jubilaciones falsas entregadas a distintos personajes. El agravante de este hecho es que los haberes ni siquiera tendrían un sustento legal, como poseían las de “privilegio”; directamente serían jubilaciones inventadas. Entre los beneficiarios de ese sistema estarían la ex diputada nacional justicialista Marta Rivadera, el director del diario “El Independiente”, Lucio Córdoba, y el masajista de Carlos Menem, Miguel Bongiorno.

Informe: Alejandro Cánepa

 


 

LA TRAMA DE LA INVESTIGACION DE LOS SOBORNOS
Para que Becerra no se distraiga

Por Irina Hauser

El fiscal de Cámara Germán Moldes le pidió al procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, que tome alguna medida ante la “interferencia del Poder Ejecutivo Nacional en la actividad” de los fiscales que actúan en la causa de los sobornos en el Senado. El planteo se refiere a la denuncia que hizo el titular de la SIDE, Carlos Becerra, contra los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado, acusándolos de filtrar la información a la prensa sobre la causa. En otro episodio, la central de inteligencia se negó a dar a la fiscalía el legajo de un agente para la pesquisa.
“Considero una infamia la imputación que se efectúa, y debo poner de resalto que no me anima una decisión menor que la de estos jóvenes y valerosos fiscales en llegar al total esclarecimiento de los presuntos sobornos que involucran a dos de los Poderes del Estado en el trámite de la Ley conocida públicamente como de ‘reforma laboral’”, dice la carta que presentó Moldes para respaldar a sus colegas ante el jefe de los fiscales.
Tampoco es éste el primer tironeo que tienen Freiler y Delgado con la Side por la información ligada al expediente de las coimas. El titular de inteligencia también los cuestionó a raíz de que le pidieron el legajo completo de un agente secreto. La objeción fue que en el oficio figuraban los datos personales y números de identificación del espía y que esa documentación fue enviada como una diligencia judicial común poniendo, así, datos confidenciales en conocimiento de terceros. Los fiscales insistieron con su pedido. La SIDE se negó a contestar y notificó el asunto al procurador y al juez Gabriel Cavallo, que instruye el caso.
Por aquel entuerto, Freiler y Delgado presentaron el jueves una denuncia penal ante el juez Rodolfo Canicoba Corral por incumplimiento de los deberes contra los funcionarios responsables de la SIDE que, según ellos, “desconocen las facultades investigativas de los fiscales”.
La supuesta filtración a los medios que denunció Becerra se habría producido después de una reunión realizada en la Cámara Federal el mes pasado donde fue exhibida documentación referida a un gasto de 6.500.000 pesos de la SIDE que está bajo sospecha. En aquel encuentro estuvieron, además de los fiscales, el ministro de Justicia, Jorge de la Rúa; el juez Cavallo; Carlos Becerra; los camaristas Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani, y Moldes. En su nota de aval a Freiler y Delgado, Moldes pidió ser incluido en las actuaciones administrativas que inicie la Procuración. Y acotó: “Parece una constante en estos últimos tiempos, que el destino de quienes desean investigar en serio y cumplir con su trabajo, por más grave que resulte el hecho y sus imputados, se conviertan en objeto de denuncias, pesquisas y cuestionamientos”.

 

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