El gobierno de Uruguay decidió no detener a los cuatro represores cuyo apresamiento había sido pedida por el juez Rodolfo Canicoba Corral en la causa en la que se investiga el Plan Cóndor. El ministro de Interior uruguayo, Guillermo Stirling, anunció que los tres oficiales del Ejército y el ex comisario policial no podrán salir del país para “preservar el interés de la Justicia argentina”, ya que si se pidiese la extradición, se le dará curso a la Justicia, aunque el gobierno tendrá la última palabra.
“Serán detenidos si se aproximan a algún paso de frontera”, anunció sobre José Gavazzo, Manuel Cordero, Jorge Silveira y Hugo Campos Hermida el funcionario uruguayo. De cualquier manera, a los represores no les conviene salir del país ya que podrían ser arrestados fuera de las fronteras de su país por orden de Canicoba Corral. La actitud de Uruguay contrastó con la decisión de la Suprema Corte de Chile de detener, a pedido del juez argentino, al general retirado y ex jefe de la policía secreta pinochetista Manuel Contreras Sepúlveda. Canicoba Corral también ordenó la captura del dictador paraguayo Alfredo Stroessner, que vive en Brasil como asilado político.
Stirling aclaró que entre los fundamentos “estrictamente jurídicos” de la decisión gubernamental no “hay ninguna referencia a la Ley de Caducidad” (perdón a militares y policías que cometieron delitos de lesa humanidad) y en un comunicado que leyó ayer aseguró que “la reserva” del ministerio a dar cumplimiento al pedido de detención –que llegó a Montevideo el miércoles pasado– “carece de contenido decisorio desestimatorio, sobre la solicitud referida y no implica la adopción de postura alguna respecto al fondo o mérito del asunto principal”, es decir la extradición. Sin embargo, para algunos asesores jurídicos del gobierno uruguayo esta norma podría influir si el juez argentino decidiera iniciar el trámite para que los represores uruguayos sean trasladados aquí. También se dejó entrever que si los militares son requeridos dentro del Tratado de Colaboración Judicial entre Uruguay y Argentina por el delito de “desaparición”, no podrían ser extraditados porque ese crimen no existe en el derecho uruguayo.
Los cuatro represores fueron beneficiados por un indulto dictado por el ex presidente Carlos Menem, pero el fiscal Miguel Angel Osorio argumentó al solicitar su arresto que como la desaparición forzada de personas se sigue cometiendo hasta que no aparezca la víctima, los acusados pueden ser imputados porque el delito existió aun después del perdón.
“Está claro que los represores gozan de una protección y una impunidad totales. Hace falta una colaboración jurídica entre los países que sufrieron la dictadura en los años ‘70”, aseguró Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, sobre este tema.

ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS CON SERVINI
Para que Astiz no se escape

Un grupo de representantes de organismos de derechos humanos se presentó ayer en el juzgado de María Servini de Cubría para apoyar la detención del represor Alfredo Astiz. “Nosotros participaremos en todo lo concerniente a la colaboración con su señoría con el objetivo de velar por la vigencia de los derechos humanos en nuestro país”, dice el escrito que recibió la magistrada. Servini de Cubría escuchó en su despacho a los miembros de las agrupaciones y aseguró que reclamará que el Gobierno dé curso judicial al pedido de extradición italiano.
Hasta ahora sólo llegó de Italia la solicitud de arresto que hicieron el fiscal Francesco Caporale y el juez Claudio Tortora y que la jueza Servini de Cubría hizo efectiva el domingo a la medianoche, cuando “El Angel Rubio” se entregó en el Departamento Central de Policía. Desde ese momento el gobierno italiano tiene 45 días para comenzar formalmente el trámite de extradición. El Poder Ejecutivo argentino tiene dos oportunidades para expedirse: apenas lleguen los papeles desde Europa o luego de que la justicia resuelva. La jueza dijo que iba a reclamar al Gobierno que permita que la extradición sea tramitada por la Justicia.
El Premio Nobel de la Paz y fundador del Servicio Paz y Justicia (SerPaj), Adolfo Pérez Esquivel; José De Lucca, del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos; Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; Osvaldo Barrios, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos; Marta Vedio, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata; Anabel Alcaide, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y Ricardo Peydro, de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), entre otros, pidieron a la jueza convertirse en “amici curiae” (amigos del tribunal), es decir, participar como “terceros ajenos a la disputa pero con un justificado interés en el desenlace del pleito que pueden brindar sus opiniones respecto a la temática”.
“Nos presentamos como parte de la sociedad, víctima de diversos delitos cometidos en forma sistemática durante la vigencia del terrorismo de Estado, por algunos de los cuales se solicita el arresto de Alfredo Astiz”, dice el escrito que firmaron los abogados Rodolfo Yanzón, Luis Zamora, Mónica González Vivero y Carlos Juliá.
El ex marino sigue detenido en el Departamento de Investigación Penal Administrativa (DIPA) de la Prefectura Naval, desde donde fue trasladado el lunes a los tribunales de Comodoro Py para que la jueza le informara los delitos que se le imputaban en Italia. El juez Tortora lo investiga por la desaparición de Angela María Aieta y Juan y Susana Pegoraro, que tuvo una niña que nació en la Escuela de Mecánica de la Armada. Al encarcelar a Astiz, Servini de Cubría hizo lugar, por primera vez, a una orden de detención contra un represor argentino de un juez extranjero.

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