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 La primera reacción fue
de sorpresa. Después de tres años, la Justicia de San Nicolás
tomó una decisión insólita: condenó a prisión
efectiva –dos años y diez meses en un caso y dos años
y ocho meses en el otro– a un empresario y a un funcionario municipal
acusados por la muerte de Cristian Quiroz, el chico de cinco años
que cayó en un pozo. Un tercer imputado recibió una condena
de dos años y el beneficio de la excarcelación. Oscar y
Norma, los padres de Cristian, ya no esperaban que alguien pagara por
esa muerte. “Otra vez hay esperanza para una familia pobre –dijo
Oscar a Página/12–: por primera vez le vi a mi mujer una sonrisa
en la cara.”
El juez Edgard Rodríguez, del Departamento Judicial de San Nicolás,
encontró a tres de los seis acusados por la fiscalía en
junio del año pasado culpables de homicidio culposo, un delito
que prevé castigos entre seis meses y tres años de prisión,
habitualmente excarcelable. Sin embargo, en dos de esos tres casos, el
magistrado encontró suficientes agravantes como para no otorgar
el beneficio de la libertad.
En el fallo, al que accedió este diario, Rodríguez tomó
en cuenta al condenar a los tres imputados la “reducida” edad
de Cristian y “el tiempo de sufrimiento que padeció la víctima
previo a la muerte, por las particularidades del lugar donde cayera que
impidieron su salvataje”.
Junto a esto se evaluaron otros agravantes para los condenados a prisión
efectiva. Juan José Gómez era el ingeniero y funcionario
municipal con “poder excluyente de decisión sobre la obra
como para exigir en nombre de la comuna, al representante técnico
de la contratista, el relleno del pozo en cuestión”. No lo
hizo, por eso obtuvo dos años y ocho meses de prisión más
una inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Miguel Angel Pampalone, en cambio, es el presidente de la empresa Topsa
SA, constructora y subcontratada para la perforación de los pozos
de extracción de agua por Vechi SA. Es el segundo hombre que será
encerrado, su condena es de dos años y diez meses. Para Rodríguez,
Pampalone fue responsable por “sus facultades decisorias como representante
técnico de Topsa, para ordenar el cegado (relleno) y del motivo
evidente del abandono del pozo para evitar los gastos que ello le demandaba”.
De acuerdo al contrato, el municipio sólo reconocía el pago
de un sólo pozo piloto y de explotación. Como el pozo donde
cayó Cristian no servía, Topsa hizo otro y dejó ese
–que debería haber terminado con recursos propios– abierto
en plena calle.
Cristian se cayó el jueves 19 de marzo de 1998, a las 12.35, cuando
salía de la sala amarilla del jardín. Caminaba con Norma,
su mamá, por la vereda de la avenida Moreno. Iban a la casa de
la abuela. De pronto, Norma dejó de verlo, aunque durante la primera
media hora escuchaba sus gritos desde el fondo del pozo. Ese fue sólo
uno de los pozos de agua hechos por Topsa para el barrio. “En la
zona se encontraron otros pozos que también tenían deficiencias”,
explica ahora Alex Cartey, abogado de los Quiroz, sobre el trabajo de
la empresa “que no tapó los pozos que ya habían cobrado”.
La sentencia incluyó una condena a prisión condicional de
dos años para el inspector municipal Claudio Fabián Actis,
“por la menor ingerencia que tuvo en el resultado final”. En
su fallo, el juez desestimó otras tres acusaciones que había
pedido la fiscal Susana Bruno. Quedaron “absueltos libremente”
el empresario Jorge Vechi, el ex secretario de Obras Públicas de
la comuna Oscar Garetto y Horacio Clerici, otro de los inspectores.
Pero la pelea para los Quiroz aún no termina. “No, todavía
falta –le dice Marta a Página/12–, llega ahora la apelación
y todo eso.” Cartey lo confirmó: la apelación fue presentada
por la defensa de los condenados; seguirán en libertad hasta que
el fallo quede firme. Pero esto no detuvo la sensación de triunfo
en casa de Cristian. Su papá, que hasta aquí hizo huelgas
de hambre, marchas y hasta recorrió 300 kilómetros en bicicleta
para plantar una carpa frente a la Corte Suprema, ahora piensa que, a
lo mejor, es verdad que hay justicia: “Esto me sacó la duda
–le aseguró a este diario–: cuando hay funcionarios y
gente de poder frente a una familia de pobre, creo que es una esperanza”.
PROTESTA
DE RADIOTAXIS POR LAS FRECUENCIAS
Una tarde amarilla y negra
Una nueva protesta tuvo otra
vez como escenario a la Plaza de Mayo: ayer fueron alrededor de mil radio-taxistas
que se concentraron frente a la sede del Gobierno de la Ciudad para reclamar
que se les conceda la autorización definitiva para utilizar frecuencias
radiales, privilegio con el que cuentan sólo dos empresas de radiotaxis.
Para poder operar con servicio de radio, una ley de 1983 indica que las
empresas deben cumplir con tres condiciones: tener como mínimo
150 vehículos, contar con una licencia de operador del servicio
de radio y poseer una frecuencia propia. Esta última es la causante
del conflicto, ya que la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC)
no autoriza las nuevas frecuencias. Ayer, dos columnas de taxistas convergieron
en el microcentro, generando un caos en el tránsito de la zona.
Los manifestantes reclamaban “terminar con esto de prorrogarnos la
autorización cada tres meses”. Es que la Ssubsecretaría
de Transporte porteña dictó una resolución por la
que las empresas podían operar sin frecuencia durante 90 días.
Una vez vencido ese lapso, se extendió el permiso por 90 días
más, hasta que venció el 30 de junio. La irregularidad involucra
cerca de 30 empresas, en las que trabajan más de 8000 taxistas.
Diez representantes se reunieron con el subsecretario Horacio Blot, quien
al término del encuentro explicó a Página/12 que
la cesión de licencias “depende exclusivamente de la CNC”.
El funcionario entiende que ante el crecimiento de la demanda de radiotaxis
“debemos resolver este problema definitivamente” y prometió
acompañar en ello a los taxistas.
Si bien el permiso para operar caducó, muchas empresas obtuvieron
un recurso de amparo de la Justicia, lo que les permite seguir trabajando.
Las que no están autorizadas “pueden seguir operando como
taxis corrientes, pero no pueden portar el cartel de radiotaxi”,
explicó Blot.
De todas maneras, una calificada fuente del gobierno porteño aseguró
a este diario que Sacta –la empresa encargada de controlar los taxis–
“dejará trabajar tranquilos a los radiotaxis hasta que se
resuelva el problema”.
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