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Por Horacio Verbitsky
 El vocero Juan Pablo Baylac
dijo que el presidente Fernando De la Rúa era hostigado por ambos
flancos. De un lado, por quienes procuran la devaluación del peso
argentino. Del otro, por aquellos que proponen la dolarización
completa de la economía. Por primera vez en un año y medio
un funcionario nacional ha identificado en su diagnóstico algunas
de las cuestiones de fondo que condicionan todos los actos de las distintas
líneas del gobierno y de la oposición. Por cierto esto no
equivale a definir la respuesta adecuada al desafío. Ni siquiera
a describirla con exactitud. Según el propio vocero, entre ambos
grupos de interés contrapuestos el gobierno habría elegido
marchar por lo que Baylac llamó “el desfiladero”, manteniendo
la convertibilidad con su actual paridad cambiaria y reactivando la economía,
“mediante la expansión del mercado interno y de las exportaciones,
lo que implica generación de puestos de trabajo y mejores salarios”.
Nada de esto pasa de una expresión de deseos.
Jinetes del Apocalipsis
De esa definición general el gobierno bajó luego a sus
expresiones políticas. La versión del diario patronal Ambito
Financiero sobre la renuncia del presidente marcó un límite.
En respuesta, por primera vez la actual administración identificó
en forma precisa a diversos sectores desestabilizadores. La lista es incompleta,
pero sustancial. Estos son los jinetes del Apocalipsis de la biblia oficial:
 El sector ultraliberal del
Centro de Estudios Macroeconómicos, al que pertenece el consejero
presidencial Fernando de Santibañes. El impulso de esta secta a
la dolarización responde tanto a convicciones e intereses como
a vendettas personales. En primer lugar contra el propio De la Rúa
(por haber eyectado de la presidencia del Banco Central al fundador del
CEMA, Pedro Pou, quien sigue bajo investigación por el lavado de
dinero, y del ministerio de Economía al equipo de FIEL, encabezado
por sus economistas jefes, Ricardo López Murphy y Daniel Artana).
Pero también contra el ministro de Economía, Domingo Cavallo,
por haber motejado como traidores a la patria a los Cemitas que dudan
sobre la aptitud del equipo económico y su programa, y por haber
zamarreado a otro sumo sacerdote del monetarismo aborigen, Roque Fernández,
como principal responsable del descontrol del gasto público durante
el último mandato presidencial de Carlos Menem.
El propio ex presidente, quien
en cuanto supo que corría el riesgo de ser detenido como jefe de
una asociación ilícita instó a todos los argentinos
a comprar dólares. Cuando Menem afirma ser víctima de una
persecución política, ello no implica negar los hechos por
los que se lo investiga, en los que nadie conoce mejor que él su
responsabilidad. Lo que transmite esa frase es la imperturbable convicción
de que todas las decisiones judiciales pueden torcerse si existe suficiente
voluntad política. Menem sabe que De la Rúa no lo persigue.
Pero sí cree que bastaría una adecuada presión del
Poder Ejecutivo para que la Cámara Federal revocara el procesamiento
y la prisión preventiva dispuestos por el juez Jorge Urso. Esa
óptica es compartida por el ex presidente Raúl Alfonsín,
otro veterano manipulador de la justicia. Alfonsín es el introductor
en el país de la lottizazione a la italiana (el reparto de parcelas
de poder entre los principales partidos para que ninguno quede a la intemperie),
que tuvo en el Pacto de Olivos su máxima expresión. Pero
también sabe que en Italia tal práctica provocó las
investigaciones judiciales de mani pulite y en Venezuela trajo las boinas
rojas del chavismo que, en ambos casos, acabaron con toda una clase política.
Con toda razón, teme que la causa contra Menem sea apenas el disparador
de un proceso similar aquí. Más allá de la caricaturesca
prosa decimonónica de su resolución, el juez Urso ha respondido
con precisión que no investiga cuestiones políticas, sino
delitos tipificados en el Código Penal. Eso es, precisamente, lo
que inquieta al más lúcido exponente de la vieja política.
El gobernador de Buenos Aires,
Carlos Rückauf, cuya provincia requiere del constante auxilio del
gobierno central. En marzo, suspendió el pago a proveedores; en
abril dejó de ingresar los aportes sindicales descontados a los
empleados públicos (algo que a un empleador privado puede llevarlo
a la cárcel) y de liquidar horas extras. Rückauf recibió
una provincia endeudada hasta límites inexplicables por su predecesor,
Eduardo Duhalde, y no ha tenido las agallas personales como para blanquear
esa situación, que su calamitosa administración ha agravado.
El año pasado, esa deuda se incrementó en un 120 por ciento.
El conurbano, Bahía Blanca, La Plata y Mar del Plata tienen índices
de desocupación bien por encima del nacional. Ahora que el índice
nacional llega al 16 por ciento, el del conurbano pasa del 18 por ciento
y el de Mar del Plata supera el 20 por ciento. Los indicadores de criminalidad
también siguen en aumento, a pesar de la luz verde ofrecida a los
procedimientos de la policía irrespetuosos de los derechos y garantías
constitucionales. En el número de este mes de la revista Mercado,
el creador del Instituto de Estudios Económicos y Fiscales, José
Sbatella, describe una carrera contra reloj entre la provincia y la Nación,
“para ver quién cae antes”. Sbatella no es un adversario
político. Por el contrario, también milita en el justicialismo
y cuando Rodolfo Frigeri fue secretario de Hacienda del anterior gobierno,
lo acompañó al frente de la Dirección General Impositiva.
Su vaticinio es que “la provincia cae antes”. Un estudio publicado
el mes pasado por el mismo IEFE indica que en el primer año del
gobierno de Rückauf se incrementó en un tercio la masa salarial
de funcionarios políticos, asesores y secretarios privados de la
provincia: de 282 a 383 millones anuales, mientras se reducían
las erogaciones en obras públicas, bienes y servicios y fondos
remitidos a los municipios. Un pedido de informes presentado el 12 de
junio por diputados radicales sostiene que la provincia no está
cumpliendo con el saneamiento progresivo de sus cuentas que prometió
al firmar el Compromiso Federal, como condición para recibir la
asistencia de la Nación. De hecho, Rückauf acaba de presentar
como nuevos ajustes, los recortes a los que ya se había obligado
entonces y que no cumplió. Sólo en publicidad la provincia
gasta 30 millones de pesos al año. ¿Figurará también
el rostro y la firma de Rückauf en los bonos basura con que pagará
salarios y aguinaldos, plata de segunda que evidencia la bancarrota de
su gobierno? “En un marco en el que deben darse ejemplos de austeridad
y ahorro, Rückauf malgasta los dineros públicos en órganos
con funciones y atribuciones superpuestas, con evidente clientelismo político”,
dicen los legisladores. Ponen como ejemplo el Organo Regulador de Aguas,
que paga sueldos del personal político a un promedio de 3.200 pesos
mensuales. Cuando el presidente del bloque de diputados de la Alianza,
Darío Alessandro, dijo que el Banco de la Provincia de Buenos Aires
“no da más”, sabía a qué se refería.
La última Memoria y Balance del Bapro incluida en la página
en Internet corresponde a 1999. No se trata sólo de desconsideración
con el público. Tampoco el Banco Central tiene acceso a sus números:
el último balance que el Bapro le remitió es el del tercer
trimestre de 2000. La pobre calidad de su cartera sigue empeorando. Luego
de la asunción de Rückauf, los créditos incobrables
pasados a pérdida crecieron casi un 50 por ciento. Los créditos
del conjunto de los bancos privados del país superan seis veces
los del Banco Provincia, pero sus previsiones por incobrables no alcanzan
a tres veces las del Bapro. Lo que sí aumentó allí
fue la incidencia de los gastos de administración sobre los activos
y la de los honorarios a directores y síndicos sobre los gastos
administrativos. El patrimonio neto mejoró en el último
trimestre del año, sólo debido a la capitalización
de 500 millones de dólares a integrar en nueve años, dispuesta
por la Legislatura en octubre pasado. Rückauf advierte que sus aspiraciones
políticas se degradan a un ritmo que no le permitiría llegar
a la fecha de las próximas elecciones presidenciales, en octubre
de 2003. Su plan de forzar el alejamiento de De la Rúa y la convocatoria
a elecciones anticipadas no es más que un calco del que Duhalde
concibió en 1996, en cuanto entendió que el deterioro del
gobierno de Menem también arrastraría su candidatura presidencial.
Falta el cuarto jinete, porque
la enumeración no incluye a los sectores que según Baylac
presionan por la devaluación. Esto es comprensible, porque entre
ellos debería mencionar al denominado Grupo Productivo, que cuenta
con la adhesión de Duhalde, pero también de Alfonsín.
Aunque incluyera estos matices, a la lista oficial le seguiría
faltando otra dimensión de la política nacional. Esta segunda
nómina, que el gobierno prefiere ignorar, debería incluir
las decisiones del ex ministro de Economía José Machinea
que abortaron el atisbo de reactivación que acompañó
al cambio de gobierno; la renuncia del vicepresidente, Carlos Alvarez
como secuela de la sospecha del pago de sobornos en el Senado y la consiguiente
disipación del Frepaso; la confirmación presidencial de
López Murphy como ministro de Economía una tarde, en Santiago
de Chile, y su reemplazo por Cavallo, en Buenos Aires, esa misma noche;
la afirmación del ministro de Salud, Héctor Lombardo, quien
según insistentes versiones sería médico, acerca
de una grave enfermedad invalidante que padecería el presidente;
el sermón sobre ética periodística a cargo del profesor
español de la facultad de Periodismo de la Universidad Austral,
controlada por el Opus Dei, Carlos Alvarez Teijeiro, que el gobierno obligó
a escuchar a los propietarios de medios nacionales; la visita presidencial
a un programa de televisión sin mínimos recaudos de seguridad,
de modo que el Oso Arturo debió rescatarlo del manoseo de un hombre
que lo tomó de la solapa; la identificación del conductor
de ese programa como adversario político por un burdo sketch humorístico;
la afirmación del propio De la Rúa de que su sueldo no le
alcanza para llegar a fin de mes; la del gobernador chaqueño Angel
Rozas de que De la Rúa está superado por los acontecimientos.
Ninguna de ellas se debió a los especuladores financieros ni a
la oposición justicialista.
120 vs 120
En su trabajo aún inédito “Modelo de acumulación
de capital y sistema político en la Argentina”, al que también
llama “Notas sobre las formas de dominación durante la valorización
financiera (1976-2001)”, el economista Eduardo Basualdo describe
la relación del sistema político con las distintas fracciones
de los sectores dominantes. Sostiene que el sistema político privilegió
como interlocutor a aquella fracción constituida por los grupos
económicos locales y algunos conglomerados extranjeros de origen
europeo instalados en el país, como Techint, que se expresa a través
de su sello cautivo, la UIA. Además de la devaluación que
valorizaría sus cuantiosos activos financieros depositados en el
exterior, reclaman el subsidio fiscal y crediticio a las producciones
locales que conservan, por lo general exportables, y el control aduanero.
Cavallo ha dado algunos pasos en esa dirección, con la devaluación
fiscal que denominó factor de empalme y con los programas de competitividad
sectorial, que han puesto en riesgo la relación estratégica
con Brasil. Esto explica el malhumor de la otra fracción, aquella
que apuesta a la dolarización como salida y que ha contraatacado
reclamando un nuevo ajuste en los gastos del sector público, vía
Anses, Pami y provincias, a lo que Cavallo también ha accedido.
Su presunta heterodoxia no va más allá del tironeo entre
ambas fracciones, siempre a expensas de los sectores más vulnerables.
Nada sería más nefasto que la combinación de ambas
propuestas. El rol de Cavallo es el de intermediario entre estas exigencias
y el resto del gobierno nacional, que no atina a formular alternativas.
Basualdo incluye un cálculo que ayuda a entender lo que está
en juego. Los activos propiedad de capitales extranjeros radicados aquí
alcanzan a unos 120 mil millones de dólares. El mismo monto tienen
los capitales de origen local fugados del país. Esto implica que
cualquiera sea el porcentaje de una eventual devaluación, implicaría
una transferencia directa de recursos del primer al segundo sector. Una
devaluación del 10 por ciento, por ejemplo, se acercaría
al precio que Repsol pagó por YPF, unos 13 mil millones de dólares.
Aparte de la modificación de la paridad cambiaria, la pugna entre
ambas fracciones de los sectores dominantes se expresa también
en diferentes visiones sobre el sistema político. Los organismos
internacionales de crédito, que representan a los intereses extranjeros
y en especial estadounidenses, proponen una reformulación del sistema
político, como forma de neutralizar su subordinación a la
otra fracción y de subordinarlo a sus propios intereses. Impulsan
en ese sentido propuestas de democratización y combate a la pobreza,
que no atribuyen a las políticas de ajuste sino a la corrupción
del sistema político. Sus posiciones pueden confundirse en algún
momento con las de los sectores sociales populares, interesados en una
verdadera democratización. Claro que las políticas de lucha
contra la pobreza originadas en los organismos internacionales son siempre
intervenciones focalizadas, sobre las manifestaciones de pobreza extrema
y nunca generalizadas, porque eso se considera un vicio populista. Si
el bando dolarizador bastardea el reclamo popular de democratización
y lucha contra la pobreza, el devaluacionista hace otro tanto con la defensa
de los intereses nacionales. Si se atiende a su discurso, los grupos locales
y los conglomerados europeos encarnan la mítica burguesía
nacional de los tiempos del primer peronismo, agredida por los capitales
foráneos y los organismos internacionales. De este modo ocultan
que luego de la dictadura militar a la que sostuvieron, se expandieron
y lo siguen haciendo sobre la base de la valorización financiera
de los capitales que sacaron del país, la desindustrialización
y la concentración del ingreso. La salida exportadora de bienes
con ventajas comparativas naturales que este sector propone como motor
del crecimiento económico, y el desconocimiento de la denominada
deuda externa que también postula, le permitiría lo que
Basualdo llama “un nuevo salto en su acumulación de capital”.
La desocupación y la pobreza no se modificarían, porque
sus productos exportables tienen poco impacto sobre la ocupación
de mano de obra. Por el contrario, tendería a consolidar los bajos
salarios, que ya no actúan como componente de la demanda y sólo
como costo a reducir.
Lucha por la hegemonía
Si los dolarizadores postulan la inserción internacional del país
a través del ALCA, los devaluacionistas miran hacia el Mercosur,
por la incidencia de Brasil como destino de la producción primaria
local. Esto les permitiría quebrar el frente adversario e incorporar
a su propuesta a algunos de los consorcios privatizados que quedaron en
manos europeas, cuyas producciones de gas, petróleo o electricidad
son potencialmente exportables a países limítrofes. Según
Basualdo, se trata de un “pseudo proyecto nacional” detrás
del cual se nuclea un amplio espectro de “instituciones tradicionales”
entre las que menciona a “sectores de la burocracia sindical, organizaciones
empresarias y los sectores más tradicionales de la Iglesia Católica”.
Basualdo concluye que ninguna de las propuestas enfrentadas se agota en
la reivindicación de intereses inmediatos, “sino que tienen
un carácter estratégico que, mediante la constitución
de una alianza social, busca detentar la hegemonía en la sociedad.
Para lograrlo, cada una de ellas integra alguna de las reivindicaciones
que sostienen los sectores populares, pero las mismas son vaciadas y reprocesadas
en función de los intereses de la respectiva fracción dominante
que la impulsa. Este proceso de apropiación y reprocesamiento de
las reivindicaciones populares introduce un alto grado de complejidad
y confusión, que tiene como objetivo oscurecer el hecho de que
ninguna de las propuestas dominantes incorpora, ni siquiera insinúa,
algún elemento que indique la voluntad de profundizar el proceso
democrático mediante la participación popular y la redistribución
progresiva de los ingresos, elementos que constituyen ejes centrales de
una genuina propuesta popular”. Este otro desfiladero es el que deben
recorrer los sectores populares que no tienen nada para ganar en el desenlace
de la puja entre devaluacionistas y dolarizadores que, en cualquier hipótesis,
incluye dosis crecientes de represión. Así se advierte en
los fallos judiciales de primera y segunda instancia de Salta, que aplicaron
las figuras de sedición y de asociación ilícita a
los trabajadores que cortaron las rutas en Tartagal y Mosconi.
Ceros
El ex secretario
de Comunicaciones y actual intendente de Córdoba, Germán
Kammerath, descalificó como “disparatada” la denuncia
de la Oficina Anticorrupción por omitir evaluaciones y ajustes
luego del rebalanceo telefónico de 1997 y le atribuyó la
“finalidad política de desacreditarme”. El decreto que
aprobó aquel cuadro tarifario estableció que su efecto debía
ser neutro sobre las ganancias de las licenciatarias y que Kammerath era
responsable de comprobarlo, efectuando mediciones trimestrales y evaluaciones
semestrales durante los dos años posteriores a su entrada en vigencia.
Pero según el cálculo de la Oficina Anticorrupción
las empresas obtuvieron ganancias extraordinarias por 28.000.000 dólares,
por defectos en la metodología empleada para realizar las mediciones.
En una presentación espontánea ante el juez federal Gabriel
Cavallo, que instruye la causa, el ex secretario de Comunicaciones dijo
que la OA debería exigir a las actuales autoridades la aplicación
de las rebajas tarifarias determinadas por su sucesor, Alejandro Cima,
diez días antes de la asunción de Fernando De la Rúa.
Esto beneficiaría en 18.073.242 de pesos a los usuarios de Telefónica
y en 9.487.256 a los de Telecom.
Según Kammerath lo asistieron en la elaboración del método
para calcular las eventuales ganancias o pérdidas de las empresas
el consultor del Banco Mundial Doyle Gallegos y el especialista de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones Ramón Frediani,
y la Sindicatura General de la Nación manifestó su conformidad
en mayo de 1997. El INDEC auditó los datos entregados por las empresas
y la Comisión Nacional de Comunicaciones no objetó la información
económica. Si bien el procesamiento y análisis de esa información
originó una resolución provisoria, la 18.968 del 5 de julio
de 1999, Kammerath explica que “para verificar” los resultados
“estimé conveniente” solicitar a la CNC que contrate
a la facultad de Ciencias Económicas de la UBA para que realice
una nueva medición. Con la nueva base de datos se obtuvieron los
resultados definitivos, que calcularon el perjuicio para los usuarios
en casi 28.000.000 de pesos. El intendente de Córdoba señala
que la OA “omite maliciosamente” las reducciones tarifarias
que él aplicó al dictar los price cap (precios topes) mediante
las resoluciones 3115 y 3118 de 1997, y 2465 y 2466 de 1998. Agrega que
las licenciatarias le solicitaron “que le reconozca las pérdidas
en sus ingresos” pero que las rechazó porque no habían
efectuado la publicidad ordenada por el decreto de rebalanceo y porque
por entonces existían “distintos fallos judiciales contradictorios”,
que hacían que “la elasticidad producida en la demanda”
fuese “sensiblemente menor a la esperable”.
La nota del domingo pasado que informó sobre la denuncia contra
Kammerath incluyó un grueso error: multiplicó por mil el
beneficio extraordinario de las empresas, que la Oficina Anticorrupción
estimó en 28.000.000 de pesos. Junto con el pedido de disculpas
a los lectores, vale la pena destacar la facilidad con que el error fue
aceptado. Sólo lo hicieron notar la propia Oficina Anticorrupción,
que reiteró el dato original, y el diputado socialdemocrático
Héctor Polino, cuya estimación preliminar cifra esa ganancia
extraordinaria en 1.000.000.000 de pesos. Es como para pensar que hasta
la afirmación más extravagante parece verosímil cuando
se trata de las ganancias de las empresas de servicios cedidas a la gestión
privada en la década de 1990.
Informe: Diego Martínez
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