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Por Ian Traynor
 Hasta la captura de Slobodan
Milosevic el logro principal de Carla del Ponte en el campo en evolución
de la legislación sobre crímenes de guerra internacionales
había sido la codificación de las ofensas sexuales como
crímenes de guerra. En un proceso epocal que concluyó en
La Haya en febrero pasado, tres serbios bosnios fueron condenados por
violar y abusar sexualmente de tres mujeres musulmanas en la aldea de
Foca. Fue la primera vez que un proceso por crímenes de guerra
trató solamente de abusos sexuales y violaciones masivas y los
veredictos de “culpables” fueron un logro notable para la pionera
jurista suiza que anda por el mundo con una feroz dedicación a
la Justicia internacional.
Ahora, como fiscal en jefe del tribunal de crímenes de guerra de
Yugoslavia en La Haya, esta divorciada y fumadora compulsiva de 54 años
encara su desafío más grande hasta la fecha: enfrentar al
Carnicero de los Balcanes y construir contra él un caso que deje
a Milosevic encerrado por el resto de sus días. La ex fiscal general
suiza es un verdadero tábano, metiéndose bajo las narices
del Kremlin, el envarado establishment suizo, los jerarcas de la mafia
italiana, para nombrar sólo algunos de los enemigos que le encanta
granjearse. Los diplomáticos suizos hablan de ella con un desprecio
apenas disimulado, sugiriendo que los poderes establecidos en Berna estuvieron
encantados de verla irse a La Haya en setiembre de 1999 de modo de verse
libres de ella.
Desde Lugano, en la Suiza italohablante, Del Ponte se desempeñó
como abogada antes de convertirse en la fiscal principal de la federación.
Intentó levantar el secreto bancario suizo para investigar las
cuentas de los capitostes de la mafia italiana, y no vaciló en
investigar las actividades de los barones colombianos de la droga en su
propio país. Del Ponte señaló al clan de Boris Yeltsin
como responsable de sobornos y coimas en relación a lucrativos
contratos con una constructora suiza para la remodelación del Kremlin.
El caso prosigue con Pavel Borodin, el antiguo jefe del actual presidente
Vladimir Putin, quien primero fue detenido en Estados Unidos y luego interrogado
en Suiza bajo sospecha de haber recibido 25 millones de dólares
en pago por los contratos del Kremlin.
Si el caso de Milosevic parece presentar un desafío apabullante,
Del Ponte está acostumbrada a apuntar alto. La fiscal hereda el
dossier de Milosevic de su predecesora como fiscal en jefe, la canadiense
Louise Arbour, una personalidad similarmente formidable y lanzada que
redactó en diciembre de 1999 la acusación contra el hombre
fuerte serbio por crímenes de guerra en Kosovo. Del Ponte y su
segundo, el ex cazador de nazis australiano Graham Blewith, están
tratando de expandir la lista de acusaciones contra Milosevic con los
crímenes de guerra cometidos en Bosnia y Croacia entre 1991 y 1995.
La lista de acusaciones contra Milosevic ya llega a cientos de páginas,
pero se limita a Kosovo porque Milosevic era formalmente jefe del Estado
que incluía a Kosovo, mientras los crímenes de los que se
lo acusa en Croacia y Bosnia fueron perpetrados en Estados extranjeros.
Del Ponte heredó un clima internacional más benigno que
sus dos predecesores para tratar de arrestar a los principales criminales
de guerra yugoslavos. Ya ha logrado sentenciar a 25 años de prisión
a Dario Kordic, el líder croata de Bosnia durante la guerra bosnia,
que ha sido la figura política más importante de la ex Yugoslavia
en recibir una condena. Y se espera en semanas un veredicto para el general
Radislav Krstic por la masacre de Srebrenica en julio de 1995.
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