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Por
Miguel Bonasso
 La
causa judicial por los presuntos sobornos en el Senado, que ya generó
un serio conflicto de poderes entre los fiscales del caso y la SIDE, agitará
las aguas en el Congreso a partir de la tarde de mañana, cuando
legisladores de varios partidos y dirigentes de la CGT de Hugo  Moyano
se hagan presentes para reclamar que el proceso judicial prosiga hasta
las últimas consecuencias, “pese a quien pese y caiga quien
caiga”. La causa estuvo a punto de ser cerrada el jueves pasado,
culminando un tortuoso camino viciado por presiones del Ejecutivo que
incluyeron la pintoresca absolución de los senadores por parte
del ministro-regente Domingo Felipe Cavallo y la denuncia judicial del
ex titular de la Secretaría, Fernando de Santibañes, contra
el síndico general de la Nación, Rafael Bielsa, a quien
acusó de haber violado “secretos de Estado”. Bielsa comprobó
que Santibañes había mentido respecto al destino dado a
22 millones de pesos y el banquero tuvo que renunciar. Ahora el poder
administrador amenaza con el juicio político a los fiscales Eduardo
Freiler y Federico Delgado, también por presunta violación
de secretos de Estado. Despegándose del banquero que lo antecedió,
el actual titular de la SIDE, Carlos Becerra, aseguró a este cronista
que no denunciará ante la Justicia a los fiscales y que no está
tratando de interferir en su “tarea jurisdisccional”. Sin embargo,
Página/12 comprobó que la Secretaría de Inteligencia
del Estado les negó información vital a los acusadores argumentando
que no la solicitaba el juez de la causa, Gabriel Cavallo.
Las reiteradas negativas de la SIDE violan el artículo 26 de la
ley orgánica del Ministerio Público (24.946) que obliga
expresamente a los organismos policiales y de seguridad –e incluso
a simples particulares– a prestar amplia colaboración a los
requerimientos de los fiscales. Los “oficios” cursados entre
Comodoro Py y la calle 25 de Mayo dejan trascender, bajo la costra del
lenguaje burocrático, una sorda guerra de poderes en relación
al episodio no esclarecido de los presuntos sobornos en el Senado. La
secuencia detrás de bambalinas fue así:
El 12 de junio, los integrantes de la Fiscalía Federal Nº
6 se dirigieron al titular de la SIDE, Carlos Becerra, solicitando que
les informara “la totalidad de los datos de filiación de los
agentes de esa área despedidos a partir de diciembre de 1999”.
Diez días más tarde les contestó el señor
Juan Esteban Villa (h.), director de asuntos jurídicos de la SIDE,
solicitándoles a su vez que le informaran “carátula
y juzgado interviniente en los autos de referencia”. Lo que popularmente
se conoce como sacar la pelota fuera de la cancha.
Siguiendo el juego, el 25 del mismo mes los fiscales le informaron a Becerra
que las actuaciones eran complementarias del sumario 9900/00 a cargo de
la secretaría 6 del juzgado federal número 3. La carátula:
“Ortega, Ramón y otros s/cohecho”.
El 28 de junio, observando el foro de lectores que el diario La Nación
publica en Internet, los acusadores debieron pegar un brinco. Un lector,
que firmaba Patricio José, remitía un memorándum
al juez Gabriel Cavallo, titulado “Sobornos en el Senado”, donde
relataba –con pelos y señales– cómo la SIDE, dirigida
por Fernando de Santibañes, había sobornado a los senadores.
Según el lector, la operación habría estado a cargo
del mayor (R.E.) Alejandro Brousson, en aquella época a cargo de
Contrainteligencia y del “agente operativo C2-In.8 Eduardo García
-Legajo SIDE 54.589/53 (nombre de encubrimiento Ismael Garabar)”.
De acuerdo con el misterioso Patricio José, los celulares que se
usaron en la acción de “postas” (para llamar a los senadores
y hacerlos desplazarse a distintos puntos de encuentro) se habrían
adquirido “a través de la empresa familiar que posee Eduardo
García”: Canteras Brandsen SRL.
Ni lerdos ni perezosos los fiscales volvieron a dirigirse al jefe de la
SIDE, para solicitarle que remitiera copia certificada del legajo Nº54.589/53
(nombre de encubrimiento Ismael Garabar) que correspondería al
agente operativo “C2-In.8 Eduardo García”.
Ese mismo día el director de Asuntos Jurídicos de la SIDE
respondió a los fiscales el oficio del 25 de junio, señalándoles
que la Secretaría tenía “una activa participación”
en la “producción de prueba” para la causa de marras,
“todo ello bajo la autoridad del Dr. Gabriel Cavallo, interinamente
a cargo del Juzgado federal Nro. 3”. Una forma de decirles amablemente:
le daremos la información al juez, si éste la pide. Y algo
más contundente: “Siendo que esta Secretaría no ha
sido notificada en momento alguno del carácter ‘complementario’
de la investigación que se invoca, se ha dispuesto poner en conocimiento
del juez interviniente el pedido del Señor Fiscal para que, en
su carácter de director del proceso, se indiquen los pasos a seguir...”
A comienzos de julio, Villa insistió en la negativa, con relación
al oficio donde se pedía el legajo del agente García (alias
Garabar) mencionado por “Patricio José” en el correo
cibernético de La Nación y volvió a advertirles a
los acusadores que se cursaría “una nueva notificación
al Dr. Gabriel Cavallo en su calidad de director del proceso en cuestión”.
Los fiscales se enojaron. El 2 de julio le recordaron a Villa que gozaban
del respaldo que les otorga “el artículo 120 de la Constitución
Nacional y, en particular de los artículos 25, 26 y concordantes
de la ley 24.946”. Y lo conminaron a entregar la información
requerida “bajo apercibimiento de lo que conforme a derecho corresponda”.
Unos días antes, el 27 de junio, el que se había enojado
era Carlos Becerra. Ese día el jefe de la SIDE dirigió un
oficio de 8 carillas a su homónimo no pariente, el procurador general
de la Nación Nicolás Becerra, jefe natural de los fiscales,
donde se quejaba duramente de Freiler y Delgado y los acusaba de haber
violado secretos de Estado, revelándolos a la prensa. Becerra aludía
a una reunión, realizada el 14 de junio último y presidida
por el juez Gabriel Cavallo, a la que acudió con otros funcionarios
de la Secretaría, el ministro de Justicia, Jorge de la Rúa,
los camaristas de la Sala 1 (jefes de Cavallo) Luisa Riva Aramayo y Horacio
Vigliani, el fiscal general Germán Moldes y los fiscales Freiler
y Delgado, titular y adjunto respectivamente de la Fiscalía Federal
Nº 6. En esta reunión, solicitada por los fiscales, la SIDE
volvió a mostrar sus cuentas avalada por un nuevo decreto de Fernando
de la Rúa que dio la autorización al efecto. (Un primer
examen de la cuentas, que no satisfizo a los fiscales, se había
llevado a cabo el 5 de octubre del año pasado, el mismo día
en que De la Rúa produjo la crisis ministerial que eyectó
a Chacho Alvarez de la vicepresidencia.)
En días posteriores al encuentro, Becerra leyó sueltos en
Página/12 y otros diarios, donde se comentaba la nueva insatisfacción
de Freiler y Delgado ante una compulsa que tanto De la Rúa como
Becerra consideran sin precedentes en la historia argentina. Algunos datos
puntuales, como los comentarios en torno a un recibo de gomería
por 85 mil pesos y una referencia a la falta de claridad en torno a cómo
la Secretaría habría empleado 6 millones y medio de pesos
(justo en la época en que se sancionó la ley laboral) lo
hicieron suponer que los fiscales le habían relatado el encuentro
confidencial a los periodistas, revelándoles “secretos de
Estado” y decidió denunciarlos ante el Procurador.
“Yo no podía participar de eso y hacerme el sota –le
diría el jueves último a Página/12–. Hay que
recordar que tengo a mi cargo un área restringida. Sin embargo
no he ido al juez, ni abro juicio sobre la tarea jurisdiccional de los
fiscales.”
El 3 de julio, el procurador general Nicolás Becerra se hizo eco
de la denuncia de su homónimo y libró oficio a los fiscales,
“a efectos de que formulen a este órgano las explicaciones
que estimen pertinentes (...) especialmente con relación a las
expresiones vertidas por el presentantede autos” (es decir el Señor
Cinco). Un oficio aparentemente inocuo pero que significa, lisa y llanamente,
el preludio del juicio político. Dos días más tarde,
la diputada Alicia Castro visitó a Freiler y Delgado y a la salida
de Comodoro Py se solidarizó con ellos, reclamando el apoyo de
la ciudadanía a los “fiscales del pueblo”. La legisladora
y dirigente del gremio de aeronavegantes apuntaba al mismo blanco que
sus compañeros de la CGT rebelde: es preciso que no se caiga la
causa de las coimas en el Senado, porque si estas llegaran a probarse
podría plantearse –con buenas posibilidades de lograrlo–
la nulidad de la ley laboral.
Los fiscales recibieron, además, el apoyo de sus colegas de la
Fiscalía Federal y, particularmente, el del fiscal ante la Cámara
Federal, Germán Moldes, que calificó de “infamia”
la denuncia de la SIDE. En una nota dirigida al Procurador, Moldes le
solicitó al jefe de los fiscales ser él mismo investigado
por haber participado en la citada reunión y haber compartido el
criterio de sus subordinados de que la auditoría de las cuentas
de la SIDE debía llevarla a cabo la SIGEN, expresamente excluida
de esa tarea que hace a sus atribuciones básicas. Moldes también
le pidió al procurador Becerra que adoptara “los recaudos
necesarios ante la interferencia del Poder Ejecutivo Nacional en la actividad
que (...) desarrolla el Ministerio Público”. En su escrito
de tres carillas, sobresale este párrafo: “Parece una constante
que en estos últimos tiempos el destino de quienes desean investigar
en serio y cumplir con su deber, por más grave que resulte el hecho
y sus imputados, se convierta en objeto de denuncias, pesquisas y cuestionamientos”.
Un gesto a favor de una causa que languidece, según el juez Cavallo,
por “falta de pruebas”. Y por jugadas que algunos ven esbozarse
en el aire, como el posible ascenso del magistrado a camarista de la Sala
1, donde solamente hay dos jueces: la amiga de Carlos Corach, Riva Aramayo,
y Horacio Vigliani. Si no ascendiera, el juez que ganó prestigio
al proclamar la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida
y punto final, podría dar algunos pasos concretos ya decididos
en febrero, como tomarle indagatoria a tres personajes claves de la causa:
el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, el ex senador radical José
Genoud y el gran amigo del Presidente, Fernando de Santibañes,
al que algunos siguen informando como si fuera todavía el Señor
Cinco.
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