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Por Irina Hauser
 A menos que algún ministro cambie mágicamente de parecer, el proyecto para liberar al dictador Jorge Rafael Videla no conseguirá mayoría en la Corte Suprema. Un borrador que firmaron Julio Nazareno, Eduardo Moliné O�Connor y Augusto Belluscio proponía declarar cosa juzgada el delito de apropiación de hijos de desaparecidos. Sin embargo, ellos mismos ya comienzan a pensar que �no vale la pena pagar el costo de defender a un cadáver político como Videla�, según describió a Página/12 un alto funcionario del tribunal.
Más allá de que el juez Rodolfo Canicoba Corral ordene la prisión preventiva de Videla por el Plan Cóndor, y eso lo obligue a seguir preso, no es menor que se desvanezca en la Corte la propuesta que pretendía favorecerlo. Por un lado, quedaría abortada la posibilidad de que recuperen la libertad los represores Emilio Massera y Reynaldo Benito Bignone con el mismo argumento de que la Cámara Federal los absolvió en 1985 por robo de bebés. Pero también sería una buena señal en relación a la continuidad de la investigación de los crímenes cometidos durante la dictadura.
El proyecto que elaboró la secretaría penal de la Corte tomaba los argumentos de �cosa juzgada� esgrimidos por Videla. Y aludía a un tramo del fallo de la Cámara que juzgó a los ex comandantes según el cual �no podrá renovarse la persecución penal en contra de los nueve enjuiciados por los hechos susceptibles de serles atribuidos en su calidad de comandantes en jefes de las respectivas fuerzas�. Firmaron ese voto el titular del alto tribunal Nazareno, Moliné O�Connor y Belluscio.
Hay dos teorías acerca de cómo seguirá la causa. Coinciden en que el resultado no favorecerá a Videla, pero difieren en cómo se llegará a él:
 En la Corte aseguran que el menemista Adolfo Vázquez tenía acordado desde un principio consensuar la postura de la �cosa juzgada�, y nada indica que vaya a cambiar de opinión. Pero su firma no bastará. Guillermo López, que suele integrar las decisiones de la vieja mayoría automática, esta vez no cerró ningún acuerdo, y estaría dispuesto a apoyar un voto a favor de la continuidad de la causa contra Videla por robo de bebés que está elaborando Antonio Boggiano. Este ministro, un experto en derecho internacional, seguramente también ponderará los tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución Nacional en 1994 que establecen la imprescriptibilidad de los delitos en discusión. Esa posición recibiría, además, el aval de Enrique Petracchi, Gustavo Bossert y Carlos Fayt.
En el Gobierno van más lejos: creen que existe la chance de que Nazareno cambie de opinión. Allegados al titular del tribunal dijeron a Página/12 que eso difícilmente ocurra, pero que si prospera el voto de Boggiano u otro en la misma dirección, lo más probable es que Nazareno, Moliné O�Connor, Belluscio �y quizá Vázquez�, retiren su propuesta y no firmen nada.
Sin duda, la amenaza de las Abuelas de Plaza de Mayo de presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) si la Corte Suprema llega a anular la prisión preventiva de Videla dictada por los jueces Adolfo Bagnasco y Roberto Marquevich, ha tenido su efecto. Pero ni eso ni la discusión jurídica es lo que más inquieta a la cúpula del alto tribunal, al menos según explicó a este diario uno de los funcionarios judiciales que más conoce como se cuecen allí las definiciones importantes. �Se trata de una decisión política casi exclusivamente. Ahora no vale la pena pagar el costo de defender a un cadáver político como Videla�, señaló. Y disparó dos interrogantes: ¿Qué sentido tiene hacerlo si es posible que la Corte deba pronunciarse sobre la situación de Carlos Menem? ¿Qué sentido tiene, si los ministros tarde o temprano tendrán que resolver refrendar o rechazar la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final dictada por el juez Gabriel Cavallo?
En cuanto a Menem, los ministros menemistas evalúan sigilosamente alguna fórmula para propiciar su libertad sin ceñirse al argumento de que laasociación ilícita no es aplicable a un gobierno. Por ahora el caso deberá ser resuelto por la Cámara Federal. Aunque también es cierto que los supremos, en una muestra más de �creatividad�, recordaron recientemente que cuando la Corte debatió la concesión del per saltum en el caso de Aerolíneas Argentinas, había evaluado a modo de premonición que entre las posibilidades de �gravedad institucional� también entraba la de �un ex presidente preso�.
Un favor a Videla sería una tontería, en términos de imagen para la Corte, teniendo en cuenta que el plan de Nazareno parece ser impulsar la ratificación de las leyes de impunidad, basándose en que el alto tribunal ya lo hizo alguna vez. Aunque el tema aún no salió de la Cámara, ya lo analizan en varias vocalías del alto tribunal.
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