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 El norte de Italia necesita cada vez más mano de obra extranjera para mantener el actual nivel de desarrollo. Pero muchos de sus habitantes ven con creciente preocupación el aumento de inmigrantes y la implantación de otras culturas en su territorio. Todas las encuestas de opinión unen el aumento de la inmigración con el de la inseguridad ciudadana. En este contexto de desconfianza, Umberto Bossi, líder de la ex separatista y xenófoba Liga Norte, y segundo partido de la centroderechista coalición de gobierno, propuso un nuevo sistema para gestionar el flujo de inmigrantes legales. Se trata, en síntesis, de ofrecerles una suerte de contrato de trabajo temporal con la obligación de abandonar el país una vez concluido el acuerdo laboral. La policía se ocupará de ayudar los demorados.
La Liga Norte busca la sanción de una ley que signifique penas duras y castigos inmediatos para los inmigrantes ilegales. Y que la frontera entre �legal� e �ilegal� se cruce en unas pocas horas, las que los ex inmigrantes legales demoren en abandonar el suelo italiano, una vez que caduquen sus muy temporarios contratos.
Los ultrafederalistas del norte italianos no son originales en su propuesta. En realidad, la posibilidad de convertir en delito la inmigración ilegal está ya recogida en la ley de Inmigración aprobada por la coalición de centro-izquierda El Olivo en 1997. En dicho texto se estipula que, al inmigrante expulsado del país por carecer de documentación, se le impedirá la entrada sucesiva y, caso de ser reincidente en lo que la ingreso se refiere podrá ser condenado a una pena de hasta tres años de prisión.
La ley inmigratoria de El Olivo no se ha llegado a aplicar porque la justicia italiana no lo permitió, y porque faltaba un contexto político que hoy es más propicio. Las prisiones del país están sobrecargadas, hasta el punto de que durante el Jubileo de 2000 se pensó seriamente en la posibilidad de ofrecer una amnistía generosa para vaciarlas. Por otra parte, en un país donde no se considera ni remotamente culpable de un delito a una persona condenada en primera y segunda instancias (es necesario llegar a la sentencia de tercer grado) y los procesos se alargan interminablemente, llevar ante la justicia a un clandestino equivaldría a regalarle un permiso de residencia de varios años.
El �número dos� del Olivo, Piero Fassino, criticó ayer la propuesta de regular el tiempo de estancia de los trabajadores extranjeros, calificándola de �incivilizada�. �Se pretende poner en circulación la idea de que los inmigrantes que vienen a trabajar puedan ser expulsados cuando las empresas ya no les necesiten�, declaró. En cuanto a convertir en delito la inmigración clandestina, Fassino considera que es pura demagogia. �La ley no haría más que alargar, hasta el punto de hacerla impracticable, la expulsión de los inmigrantes sin permiso de residencia, ya que el delito implica la celebración de un proceso con todos los grados de juicio�.
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