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Por Irina Hauser
 A media mañana se apagaron
las luces de la sala de audiencias del Consejo de la Magistratura. En
un televisor aparecieron imágenes de dos departamentos, un campo
y otros bienes que se le atribuyen al juez Jorge Urso, quien dictó
la prisión preventiva de Carlos Menem. El show se hizo a pedido
de la consejera y diputada ultramenemista Lelia Chaya, quien instruye
–con empeño poco común en el organismo– la investigación
sobre el posible enriquecimiento ilícito del magistrado. Chaya
ya pidió más de 30 medidas de prueba que podrían
dar a Urso motivos de preocupación: a las dudas sobre la identidad
del dueño del departamento que él alquila en Palermo Chico
se le sumó un informe del Automóvil Club Argentino del que
surge que tendría una Pick-up F100 omitida en sus declaraciones
juradas.
“Para mí éste es un tema más, quiero dejar en
claro que la tarea investigativa está en plena marcha”, dijo
ayer la salteña Chaya en la Comisión de Acusación.
Sin embargo, fue la propia Chaya quien al grito de “soy y seré
menemista” se negó a comienzos de junio a compartir con otros
consejeros el expediente contra Urso, que a ella le había tocado
por sorteo. Pablo Fernández (Frepaso), con apoyo de otros pares,
le había solicitado la instrucción colectiva del caso dada
su sensibilidad política. Aquel episodio, ocurrido cuando aun Menem
no estaba preso, reveló los intentos del menemismo de perturbar,
desde el organismo que tramita los juicios políticos, la tarea
del juez que no hizo más que darle malas noticias a su líder
en la causa por la venta ilegal de armas.
Los siete miembros de Acusación dedicaron la mayor parte de su
reunión de ayer a ver videos del programa “Detrás de
las Noticias”. Los informes periodísticos atribuían
a Urso un departamento en la calle Castex, un campo de 50 hectáreas
en la provincia de Buenos Aires y cuatro caballos de salto. En relación
a la chacra, mostraban testimonios de un albañil y vecinos que
dicen que es del juez. El programa también sembraba la duda sobre
la titularidad de un departamento en la calle San Martín de Tours,
donde vive Urso, y por el que pagaría un alquiler superior a los
2500 pesos más expensas de 800 pesos. En uno de los videos se escucha
una charla telefónica de 1998 entre Urso y el diputado Miguel Angel
Toma (PJ) donde el primero describe en confianza sus ganas de dejar la
Justicia.
En base al contenido de aquel programa de TV, los consejeros Mario Gersenobitz
y Eduardo Orio pidieron tiempo atrás al Consejo que investigara
cómo habría hecho Urso para obtener todos los bienes que
dicen que posee con su sueldo de unos 5.000 pesos. Ayer, además,
se abrió su declaración jurada de este año. El tema
ha despertado sensaciones contradictorias entre muchos de los consejeros:
no se les escapa que Urso llegó a los tribunales federales cuando
el menemismo buscaba armar una Justicia a su medida; pero también
saben que ahora, para los propios menemistas que se sienten traicionados,
es el momento ideal para cuestionarlo. Tal vez por eso ayer nadie dijo
nada cuando terminó la función de video y de inmediato se
levantó la sesión.
Gersenobitz señaló a Página/12 los puntos más
dudosos en relación a los datos que tiene Acusación sobre
la evolución patrimonial de Urso:
 Aunque en su declaración
de bienes de este año no habría grandes diferencias con
las previas, aparecen créditos e ingresos de su esposa (mayores
a los de él) que le permitirían justificar adquisiciones.
“En las declaraciones
juradas no figura una Pick-up F100 que aparece como perteneciente al juez
en un informe del Automóvil Club”, señaló Gersenobitz.
“Algo que merece ser investigado
es la cantidad de tarjetas de crédito que tiene. No por los montos
gastados, que parecen ser razonables, sino porque cada vez que una tarjeta
le vencía él la dejaba caer y volvía a sacar otra
en otro banco, y porque para cada una de esas tarjetas ha dado diferentes
domicilios por toda la Capital Federal”, planteó el consejero.
Se sabe que el departamento
de San Martín de Tours, que Urso alquila, está a nombre
de la compañía Mobarex, domiciliada en las Islas Vírgenes
(un paraíso fiscal). Ahora se investiga quién es el propietario
de esa firma.
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