Por Diego Schurman y Eduardo Tagliaferro

El jefe no es el jefe. Los defensores de Carlos Menem apelaron ayer el procesamiento y prisión preventiva dictados por el juez federal Jorge Urso contra el ex presidente. En una presentación judicial de siete hojas, Oscar Roger y Oscar Salvi rechazaron las acusaciones del magistrado y las calificaron como “meros juicios apresurados, pensamientos indigentes y creencias apresuradas”. Rechazar la calificación de jefe de la asociación ilícita, que Urso le endilgó a Menem, es la principal preocupación de los defensores. La Sala II de la Cámara Federal recibirá las actuaciones la próxima semana, una antes de que comience la feria judicial de invierno. El tribunal de alzada también deberá resolver la situación de Antonio Erman González, Martín Balza y Guido Di Tella, procesados el último 4 de julio.
La apelación de Menem llegó al juzgado de Urso a primera hora de la tarde. Unas horas antes, había ingresado la presentación realizada por Carlos Arslanian, defensor del ex canciller. Los letrados del ex mandatario cuestionan a Urso por “la selección y la apreciación de los medios de prueba”. En este punto los abogados califican como “caprichosa, aislada, fragmentaria y carente de rigor crítico” la opinión que el magistrado extrae de las pruebas recolectadas en el expediente. Roger y Salvi afirman que el juez “acomoda las conductas probadas para ajustarlas al tipo penal aplicado”, en este caso la asociación ilícita. Así es que califican como producto de las relaciones sociales entre comprovincianos la presencia de una larga lista de funcionarios riojanos leales a Emir, Erman y Menem que fueron nombrados en los escalones subalternos de Fabricaciones Militares y que tuvieron un rol destacado en la venta de armas. “No tiene nada de ilegal o genera seguridad de sociedades mafiosas...”, dicen los abogados al referirse a los vínculos riojanos que unen a algunos involucrados con Menem.
Lejos de buscar otros argumentos, los letrados insistieron en los esbozados anteriormente, como que los hechos investigados son “una cuestión política no justiciable” y que se “violó la garantía de la defensa en juicio y del debido proceso”. También afirmaron que la primera indagatoria que le fue tomada al ex presidente el 7 de junio tiene “una insanable nulidad”, porque el magistrado “ha omitido la descripción de los hechos que daría lugar a la actividad criminal que luego le reprocha”.
En su primer escrito, Menem afirmó que la venta de armas se insertaba en el marco de su política de relaciones exteriores. Política que, como tal, el ex mandatario afirmó “está lejos del alcance de la Justicia”. En su extenso dictamen, Urso rebatió el argumento menemista. Más enfático aún fue en el reportaje concedido a Página/12 en el que sostuvo que “una cuestión política es debatible, un delito no”.
A pesar de que el fallo del magistrado tenía 532 fojas, pocos minutos después de que fue conocido por la prensa los principales voceros del menemismo insistieron en desestimarlo y decir que en el expediente “no hay pruebas” que comprometan al ex mandatario. Ante este diario, Martín Menem, uno de los abogados que integra el equipo de la defensa, insistió ayer con el argumento: “Después de un acabado e intenso análisis, punto por punto del expediente, cada vez estamos más convencidos de que no hay pruebas, ni directas ni indirectas, ni indicios ni presunciones, acerca de la existencia de una asociación ilícita o eventualmente de la participación de Carlos Menem”. Incluso fue un poco más allá y realizó una arriesgada aseveración: “Solamente hay conjeturas que parten de la íntima convicción del juez. Entiendo que en el mismo juzgado ni los empleados de Urso comparten su opinión”.
“Dentro de la resolución –continuó el sobrino de Menem– se afirma que entre otras cosas tenidas en cuenta como elemento constitutivo (de la asociación ilícita) estuvo la creación de la Secretaría de Asuntos Especiales de la Cancillería, cuando esa secretaría la creó Raúl Alfonsín en el año ‘86.”
El abogado se preocupó en desvalorizar ante Página/12 la secretaría que supo comandar Alfredo Karim Yoma, ya que los testimonios del vicecomodoro Tomás Medina y del almirante Edmundo Schaer fueron contundentes a la hora de mostrar la preocupación de Menem por encargarse personalmente del negocio de la venta de armas.
Este diario pudo saber que en los tribunales se daba como un hecho que luego de la feria judicial de invierno Urso hará lugar al reclamo del fiscal federal Carlos Stornelli de citar nuevamente a Menem para indagarlo por el delito de “malversación de los bienes del Estado”. Si bien Balza era el depositario del armamento del Ejército Argentino que fue enviado a los Balcanes, en Comodoro Py no descartaban que Menem haya actuado como “instigador o partícipe necesario” del hecho.
Stornelli debe dar su opinión respecto al escrito en el que los defensores de Menem cuestionan los cambios en el régimen de detención domiciliaria y también respecto al pedido de nulidad por la investigación sobre el presunto “enriquecimiento ilícito” del ex mandatario. En la investigación por la ruta del dinero; Urso solicitó a su par Juan José Galeano que remita en los próximos días el expediente en el que investiga el patrimonio del ex presidente.

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