Por Victoria Ginzberg

“Se encuentra acreditado que Jorge Rafael Videla, en su calidad de Presidente de la República Argentina, tomó parte en la formación y mantenimiento de la organización ilícita denominada ‘Operación Cóndor’.” Con estas palabras el juez federal Rodolfo Canicoba Corral dispuso ayer el primer procesamiento de un dictador por su participación en el plan de coordinación de la represión en el Cono Sur durante la década del 70.
El magistrado procesó y dictó la prisión preventiva de Videla y trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de un millón de pesos en un extenso escrito en el que se prueba la existencia del Plan Cóndor, sus objetivos criminales y la responsabilidad del dictador argentino debido al “ejercicio de sus funciones de gobierno, en su calidad de máxima autoridad de la nación y presidente de Argentina”, y como tal representante del Estado en el exterior. La imputación de Videla como responsable “político” y no como comandante en jefe del Ejército refuta el argumento de “cosa juzgada” que los abogados del represor realizaron en la causa por robo de bebés –y que fue rechazada por jueces de primera instancia y camaristas–, por la que Videla se encuentra preso desde mediados de 1998.
El listado de personas extranjeras que desaparecieron en Argentina y de los argentinos desaparecidos en el exterior aportado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, documentos del archivo del Terror de Paraguay, los informes de inteligencia del agente de la policía secreta pinochetista Enrique Lautaro Arancibia Clavel –condenado el año pasado por el asesinato del general Carlos Prats y su mujer–, informes desclasificados de Estados Unidos y los testimonios tomados en esta y otras causas en las que se investigan crímenes relacionados con las dictaduras latinoamericanas forman la prueba principal que le permitieron a Canicoba Corral probar judicialmente la existencia del Operativo Cóndor.
El documento del Departamento de Estado norteamericano que fue remitido por el agente del FBI Robert Scherrer desde la embajada de Buenos Aires el 28 de septiembre de 1976 es esclarecedor. Allí se menciona textualmente que “Operación Cóndor es un nombre clave para la recopilación y el intercambio sobre los llamados izquierdistas, comunistas o marxistas. Fue recientemente establecida entre los servicios secretos de América del Sud (...) Además de Chile, sus miembros incluyen Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Brasil acordó provisoriamente proporcionar información confidencial”.
“La totalidad de las piezas probatorias permiten estimar la existencia de una organización criminal político-militar a nivel internacional sostenida por el poder ejercido de autoridades jerárquicas militares, civiles y policiales de los países que habrían integrado la misma, con fines criminales ilícitos como es, entre otros injustos, la desaparición forzada de personas”, escribió Canicoba Corral. En el fallo también se mencionan otros delitos que realizó esta asociación ilícita agravada: robos, utilización y falsificación de documentos, imposición de tormentos y asesinatos.
El juez consideró que existirían tres fases o etapas que integrarían el Plan Cóndor: “El intercambio de información de inteligencia entre los Estados, la ubicación del denominado elemento subversivo o terrorista y la ejecución o traslado del sujeto de cualquier otro país signatario”.
Al imputar concretamente la responsabilidad de Videla en el Plan Cóndor –que habría estado a cargo de la SIDE–, Canicoba Corral cita las declaraciones de Otto Carlos Paladino, ex secretario de Inteligencia–, y el agente Aníbal Gordon, que declararon ante la Justicia en 1984 y 1986 respectivamente. Ambos afirmaron que las órdenes provenían de quien detentaba el Poder Ejecutivo. “El aquí firmante estima coherente entender que la participación del referido (Videla) dentro del acuerdo ilícito en el marco de la represión interestatal clandestina –a nivel internacional –resultó de vital importancia y trascendencia ya que éste país no podría– haber resultado parte integrante del mismo sin la correspondiente decisión de su máxima autoridad política.”
Videla fue informado de su nuevo procesamiento ayer al mediodía, cuando fue trasladado a Comodoro Py. En la secretaría de Oscar Aguirre se le comunicó que sería citado nuevamente el 17 de agosto, para interrogarlo puntualmente por las desapariciones ocurridas dentro del Plan Cóndor. Es la segunda oportunidad en que el dictador deberá concurrir a tribunales en una fecha patria: el pasado 20 de junio fue indagado en esta causa. Canicoba Corral ya reclamó las capturas internacionales del dictador paraguayo Alfredo Stroessner –que vive en Brasil como asilado político–; del ex jefe de la policía secreta chilena Manuel Contreras y de tres militares y un policía uruguayo. El próximo paso será pedir la extradición del dictador Augusto Pinochet, sobreseído en Chile por padecer una “demencia leve a moderada”.

PRINCIPAL