Por Carlos Rodríguez

La relación era la que suele darse entre buenos amigos que comparten todo, desde el fútbol hasta las salidas nocturnas con sexo incluido. Eran amigos especiales porque dos estaban presos y el tercero era su carcelero. Los internos podían acceder al beneficio de recibir en casa, es decir en su celda, en la parte vieja de la cárcel de Caseros –que todavía no ha sido totalmente desmantelada–, a chicas bien dispuestas por un precio accesible. Del caso, real, sólo se tuvo el nombre del carcelero, el subalcaide Ceferino Javier Shtefec, quien fue dejado cesante por encarar sin permiso su peculiar sistema de “reinserción social”. Por un arancel más alto, uno de los detenidos pudo hasta salir de juerga, amparado por el fiel guardiacárcel, pero antes tuvo que jurar que regresaría al penal sin hacer bardo. Por motivos menos placenteros fueron expulsados de la fuerza otros dos penitenciarios, uno por su vinculación con la banda que en mayo pasado mató a dos policías durante el robo a un comercio de Once y el otro porque resultó herido en otro asalto, en La Matanza (ver aparte).
Después de las purgas del 2000, en la gestión de la ex subsecretaria de Asuntos Penitenciarios Patricia Bullrich, los casos de corrupción dentro del Servicio Penitenciario Federal (SPF) parecían cosa del pasado, pero hay cuestiones que, como la gripe, siempre vuelven. “Cada institución debe construir su propia trasparencia con gestos categóricos y firmes sobre la clase de acciones que se permiten y las que no. El SPF debe ser un ejemplo, sólo hombres y mujeres honestos pueden llevar su uniforme”, dijo el actual subsecretario del área, Alvaro Ruiz Moreno, al confirmar las medidas disciplinarias dispuestas.
El caso del subalcaide Shtefec, gran organizador de juergas, recién se conoció ahora pero ocurrió en marzo de este año. El escenario fue la Unidad 16 (Caseros vieja), que sigue funcionando luego del desalojo de las lúgubres torres de la parte nueva del penal, la ex Unidad Uno. La información oficial precisó que las irregularidades comenzaron el 9 de marzo pasado, en horas de la tarde, cuando el guardia salió del penal con dos internos, con el único objetivo de procurar un poco de amor. Una fuente consultada por este diario sostuvo que en este caso “no fueron salidas para robar ni nada semejante, como ocurrió antes en la cárcel nueva de Caseros. Salieron sólo para buscar chicas”.
Es obvio que se trató de una jornada muy agitada –era un día viernes y esto sirve de justificación–, ya que está confirmado que en la misma noche del 9 de marzo dos mujeres entraron a las celdas de los dos detenidos. Y la fiestita continuó en la madrugada del 10 porque al menos en dos oportunidades uno de los internos volvió a salir, acompañado esta vez por el subalcaide, que estaba hecho un demonio. El titular del SPF, Pedro Develluk, advirtió que no se tolerarán actos como el cometido por Shtefec. “Se equivocan –dijo– quienes desde un falso concepto corporativo creen que el SPF mantendrá a uno solo de sus miembros que no respeten todas las normativas del Estado”.
Con el subalcaide sancionado tuvieron bastante paciencia, ya que primero lo suspendieron preventivamente y tres meses después resolvieron dejarlo cesante, por resolución del subsecretario Ruiz Moreno. Los dos presos involucrados fueron trasladados a otras unidades. En la parte vieja de Caseros, cuyo destino final todavía no ha sido resuelto, permanecen 28 internos, entre ellos los policías involucrados en la causa por el atentado contra la AMIA y los presos que están siguiendo allí distintas carreras universitarias. Desde que Shtefec se fue, nada es igual.
Las historias ocultas, en torno del sexo detrás de los muros, son más frecuentes de lo que se supone. Ramón, un preso alojado en una cárcel del sur del país, virtual cronista celda adentro porque siempre está en contacto con los medios de prensa, aportó como dato anecdótico el recuerdo de otro oficial penitenciario, todavía en actividad, al que se lo conoce con un apodo en efectivo: “Cien pesos” le dicen porque esa es la suma quecobra para los que quieren abrir la celda para ir a jugar. “Las visitas íntimas comienzan después del primer año en prisión, pero si llegás a un acuerdo con ‘Cien Pesos’, cogés desde el primer día”.
El negocio de la prostitución, adentro de la cárcel, florece por las medidas restrictivas para las visitas íntimas, a las que sólo acceden los detenidos –hombres o mujeres– que tienen una pareja estable. Después vienen los análisis, que incluyen el de HIV, y una serie de requisitos que hacen inevitable optar por el camino clandestino. El criminólogo Elías Neuman, que escribió un libro sobre el sexo en prisión, recordó el caso del director de una cárcel de Corrientes convertido en un verdadero proxeneta. “Dejaba entrar a las prostitutas y si ellas no se ponían de acuerdo con los presos, el que ponía el precio del servicio era el director”, explicó Neuman, quien precisó que incluso se había escrito un reglamento interno para resolver salomónicamente la cuestión.

OTRO AGENTE PRESO POR SU RELACION CON UNA BANDA
El arma en el lugar inadecuado

Por C. R.

Entre las sanciones aplicadas por las autoridades penitenciarias, figura la baja obligatoria del agente Gustavo Daniel González, quien está preso desde mayo pasado por su vinculación con la banda que el 19 de ese mes asaltó un negocio del barrio de Once. En ese intento de robo murieron dos policías y un ladrón, mientras que fue herido otro efectivo de la Federal. Al parecer, González le había prestado su arma reglamentaria, una 9 milímetros, a uno de los miembros de la organización delictiva. Se cree que el arma no fue usada en ese asalto, sino en uno anterior, contra una sucursal de la misma firma damnificada. El tercer sancionado, cuyo nombre se mantiene en reserva, es otro agente que está sospechado de haber participado en otro intento de robo, esta vez en La Matanza.
El nombre del agente penitenciario González, detenido el 20 de mayo, fue mantenido en reserva durante varias semanas, beneficio que nunca obtuvieron tres civiles que también fueron detenidos, por su relación con el ladrón muerto. Luego de las primeras diligencias, los tres civiles fueron dejados en libertad por falta de mérito. A González, en cambio, se le dictó la prisión preventiva porque se cree que es miembro de la banda que el 19 de mayo intentó asaltar el comercio de Larrea 579, propiedad de Juan Pablo Inacio. Ese día fueron asesinados los policías Roberto Ceballo y Rubén Montaos, y fue herido el cabo Miguel Angel Zarza.
El agente González fue sancionado con la baja por la comisión de la “falta gravísima”, prevista en el Reglamento del Régimen Disciplinario del SPF, que penaliza “hacer abandono del arma proporcionada por la institución o prestarla a un tercero”.
González le prestó el arma a uno de los miembros de la banda, al que conocían por vivir en la misma localidad, en la zona oeste del conurbano. El arma habría sido usada en otro robo, en un local de Valentín Gómez 2616 del que también es dueño Inacio, quien sufrió una seguidilla de asaltos, casi siempre los sábados, el día de mayor recaudación de la semana. La causa está a cargo del juez Roberto Grispo y del fiscal José Campagnoli, quienes siguen teniendo a González en la mira.
La tercera mala nueva fue la apertura de un sumario administrativo para investigar la conducta de “otro suboficial aparentemente involucrado en un asalto a una estación de servicio en el partido de La Matanza donde hubo un tiroteo con la policía”. La sospecha comenzó desde el mismo momento en que el agente reportó un parte médico por haber sufrido “heridas de bala”. El tiroteo ocurrió el 18 de mayo pasado en una YPF ubicada en Güemes al 300, en la llamada Rotonda Querandí, en Ciudad Evita. En el enfrentamiento murió un delincuente que era acompañado por el penitenciario, quien pudo escapar a pie pese a que estaba herido.

FUNCIONARIOS EN DESACUERDO SOBRE LOS NUMEROS
La superpoblación, motivo de debate

Dos funcionarios del Ministerio de Justicia protagonizaron una inesperada polémica respecto de los niveles de hacinamiento que existen en las 31 cárceles dependientes del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Mientras el secretario de Política Criminal y Penitenciaria, Mariano Ciafardini, sostuvo que existe “entre un 30 y un 40 por ciento” de sobrepoblación, el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Alvaro Ruiz Moreno, bajó las cifras a “sólo el 2 por ciento”. De todos modos, Ruiz Moreno admitió que “algunas unidades, como la de Devoto, tienen una sobrepoblación del 26 por ciento”, pero otras “sólo tienen su capacidad ocupada parcialmente, como por ejemplo la Unidad 19, de Ezeiza, que tiene ocupada “sólo el 63 por ciento” de su capacidad total.
Para Ciafardini, el problema no pasa por construir nuevas cárceles sino de “resolver el serio problema del delito”. En ese sentido aseguró que “cuantas más cárceles construyamos, más llenas van a estar” y que “el problema de la cárcel es un problema del sistema penal en general, de que está sobrepasada de cantidad de personas”. Concluyó que “si se toman todos los servicios juntos, hay una sobrepoblación de un 30, 40 por ciento”, en las cárceles del SPF. El funcionario dio a conocer estos datos un día después de que se conociera un documento de Procuración Penitenciaria sobre maltratos, golpes y hacinamiento.
Ruiz Moreno, por su parte, explicó las razones del desequilibrio del que habló, con cárceles saturadas y otras semivacías. “La mayor concentración de los internos del sistema federal corresponde a la justicia ordinaria de la ciudad de Buenos Aires y en consecuencia se trata de causas que tramitan en la ciudad y los presos deben permanecer dentro del área”. Esto, según Ruiz Moreno, provoca el hacinamiento en Devoto, ya que la cárcel de Caseros está virtualmente desmantelada.
El funcionario también cuestionó los datos del informe de la Procuración, según el cual son permanentes los casos de golpizas graves en las cárceles del SPF. Ruiz Moreno dijo que los datos corresponden, en algunos casos, a hechos que ocurrieron “antes de que asumieran las actuales autoridades” del área.

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