Por Javier Lorca
Cuando parecía aplacada
la avanzada oficial por hacer cumplir las incompatibilidades docentes,
el conflicto resurgió en la Universidad Nacional del Litoral (UNL).
Nos bajan los salarios o nos impiden tener otro trabajo. Y a muchos
docentes no les alcanza para vivir con los sueldos de la universidad,
protestó la titular del gremio local, Claudia Baigorria. La UNL
donde trabajan 2500 docentes aprobó la semana pasada
un nuevo régimen de designaciones e incompatibilidades. No
hay rebaja salarial. Se trata de una reestructuración académica,
aseguró a este diario el secretario general de la universidad,
Eduardo Matozo.
A fines de mayo, Página/12 reveló que el Ministerio de Educación
había intimado a las universidades para que cumplieran el régimen
vigente de incompatibilidad docente: nadie podía tener cargos que
sumarán más de 50 horas de trabajo semanal. Los sindicatos
retrucaron que sólo aceptarían eso si antes mediaba un aumento
salarial. Tras algunas protestas, el Consejo Interuniversitario Nacional
y los gremios acordaron actualizar un relevamiento nacional y luego rediscutir
la situación.
En eso estaban las cosas, hasta que el conflicto reflotó ahora.
En su última sesión, el Consejo Superior de la universidad
asentada en Santa Fe aprobó en el marco de un programa de
transformación que comenzó el año pasado, un nuevo
sistema integrado de dedicaciones docentes, un incentivo para las dedicaciones
exclusivas y un régimen de incompatibilidad corregido en función
de la paritaria nacional, explicó el secretario general.
Los tipos de dedicaciones serán tres: las simples (con una carga
de 10 horas semanales), semiexclusivas (20 horas) y las exclusivas. El
conflicto se centra en las últimas, que fueron divididas en tres.
La exclusiva A implicará 48 horas de trabajo. La B,
43 horas. Y la C, que unificará los cargos de quienes
tienen dos semiexclusivas, 40 horas. Los docentes categoría
A tendrán que dedicarse solamente a la universidad
y recibirán el mismo salario que hasta ahora, más un incentivo
especial dijo Matozo. Los categoría B podrán
ejercer su profesión afuera y tener hasta once horas en escuelas
secundarias o terciarios, o una dedicación simple en otra universidad.
Cobrarán el 80 por ciento de lo que gana una exclusiva hoy.
Ahí apuntan los docentes. El régimen que teníamos
permitía que los que tienen exclusivas pudieran dar hasta doce
horas de clases fuera de la universidad para poder mejorar sus ingresos,
se quejó Baigorria, titular de ADUL. Ahora eso se pierde.
Los que están en esa situación van a tener que optar por
dejar sus otros trabajos para conservar su sueldo en la universidad, o
por pasarse a la categoría B y sufrir una rebaja salarial
del 20 por ciento. Del total de la planta, se estima que casi el
15 por ciento tiene dedicaciones exclusivas. El gremio calcula que dos
tercios de ellos serán afectados por el nuevo régimen. Vamos
a ir a la Justicia, avisó Baigorria.
Desde la conducción de la UNL se aseguró que las nuevas
reglas de juego sólo regirán a partir de marzo para las
futuras contrataciones. A los docentes que tienen concursados sus
cargos no se les va a modificar nada por siete años, afirmó
Matozo. Aunque admitió que sí cambiarán las condiciones
para los contratados, cuando deban renovar sus convenios.
En algunos gremios docentes se teme que el conflicto que estalló
en Santa Fe se repita en otras universidades.
Para
el tiempo libre... (si queda)
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Cursos. El Centro Cultural de Económicas lanzó
más de 90 cursos de teatro, tango, fotografía, danza,
cine, letras, idiomas y más. Comienzan el jueves 19. Informes:
Secretaría de Extensión, Córdoba 2122, PB, 4370-6105.
Debate. Mañana, a las 20, Osvaldo Bayer expondrá
sobre Violencia y contraviolencia. En el aula 108 de Filosofía
y Letras (UBA), Puán 480.
Marx. Crisis nacional. Los piquetes y la lucha de los
trabajadores es la charla que hará mañana, a las
19, la Cátedra libre Karl Marx. En Uriburu 950.
Necio. Salió el número 7 de El Necio, periódico
universitario realizado por estudiantes de la UBA. Se consigue a un
peso en Sociales.
Psi. Holos inscribe para la carrera de Consultoría Psicológica.
El miércoles 18, a las 19.30, habrá una charla gratuita
en Córdoba 4448; 4775-3622 y 4743-2252. |
OPINION
Por Jorge José Castells *
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Justicia social y
universidad
Los argentinos asistimos cotidianamente al asombroso e inexplicable
espectáculo de un país rico en recursos naturales,
con una baja densidad de población, con una de las menores
tasas de crecimiento poblacional de la región y con un elevado
índice de desarrollo humano (según el PNUD) que, sin
embargo, presenta un escenario de desempleo, exclusión y
conflicto social manifestado en rutas cortadas, trabajadores movilizados
por la conservación de sus cada vez más escasas fuentes
de trabajo e inseguridad ciudadana. No es el caso de imputar responsabilidades
por tal situación. La crisis es consecuencia de la actividad
y la omisión de todos los estamentos y sectores de la sociedad.
Sólo las víctimas pueden considerarse libres de culpa.
Lo que es evidente es que el Estado es el que debe asumir el liderazgo
de la tarea de revertir la situación y dar cumplimiento al
mandato constitucional de proveer lo conducente al desarrollo
humano, al crecimiento económico con justicia social, a la
productividad de la economía nacional, a la generación
de empleo (art. 75, inciso 19). Y esta responsabilidad no
es exclusiva de un ministerio o un organismo. Por el contrario,
atraviesa la totalidad de la gestión estatal.
Las universidades nacionales también son órganos del
Estado, y no es casual que la Constitución se refiera a ellas
en el mismo inciso citado. Fácil es concluir que es prioritario
que las universidades públicas orienten su esfuerzo a la
resolución de la problemática social. A diario oímos
que el gasto social es abultado y debiera ser suficiente para responder
a las contingencias más agudas, pero que se dilapida o se
escurre por los escalones de una burocracia ineficiente. Ello se
debe, entre otros motivos, a que no hay suficiente formación
profesional en políticas públicas y menos aún
en lo que hace a la planificación y evaluación de
programas sociales, cuya responsabilidad queda en muchos casos en
manos de políticos más o menos idóneos o cuadros
burocráticos sin la adecuada preparación profesional.
Por ello, es acuciante esforzarse en formar los profesionales faltantes.
No hemos de esperar que lo hagan las universidades privadas. Es
deber de las nacionales ejercer su responsabilidad social. Es indispensable
que las universidades se pongan, con decisión y esfuerzo,
a la cabeza de la enorme tarea de devolver a los argentinos la justicia
social. Y para eso no basta la voluntad, también hace falta
profesionalismo. Este es el imperativo de la hora para la universidad
pública: ejercer en plenitud su responsabilidad social.
* Director del Departamento de Planificación y Políticas
Públicas de la Universidad Nacional de Lanús.
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