Página/12

Los salarios de empleados públicos las jubilaciones y pensiones, y todo pago a proveedores del Estado estarán sujetos a la recaudación impositiva. Si los ingresos no alcanzan, cobrarán menos. El jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, estimó anoche que en las liquidaciones de sueldos y haberes previsionales de julio habrá recortes de entre 8 y 10 por ciento. Cada mes se sabrá cuántos fondos ingresaron a las arcas públicas, y en función de ello se fijarán las partidas de gastos, que jamás podrán superar a la recaudación. Eso es todo. En eso consiste el nuevo ajuste que Fernando de la Rúa y Domingo Cavallo presentaron anoche desde Casa Rosada. Se trata de una medida casi minimalista, consistente en aplicar el criterio de caja a “rajatabla”. La contundencia extrema de esa decisión intenta poner freno a una situación igualmente delicada, que ayer volvió a reflejarse en los mercados financieros y en las primeras reacciones de pánico de la población. Ya una vez el Gobierno intentó imponer un ajuste salvaje, ideado por Ricardo López Murphy, y se estrelló los dientes contra el pavimento. Tal vez ahora considere que el abismo se ve tan cerca que hasta lo insoportable será soportado. La sociedad y los mercados –siempre incrédulos a que se puedan aplicar sus recetas, por saberlas indigeribles– responderán a partir de hoy. Anoche, la primera reacción en los partidos de la Alianza fue de estupor, mientras que el justicialismo repudió los anuncios.
El anuncio de las medidas estuvo cerca de naufragar, ante la imposibilidad del Gobierno de convencer a los gobernadores de que lo imiten en su acción. De acuerdo a la estimación de Cavallo, el déficit fiscal de la Nación en el segundo semestre ascendería a 1500 millones de pesos. Y lo mismo en las provincias. El ministro resolvió que para eliminarlo, se gastará lo que se recaude. Pero no logró que los gobernadores se comprometan a seguirlo en ese camino. Esa pelea y otras que debió librar el Ejecutivo con dirigentes de la Alianza y el justicialismo, quienes retacearon apoyo político, provocó que los discursos del Presidente y del ministro de Economía se fueran postergando. Primero se suponía que hablarían a las seis de la tarde. Después se convocó a la prensa para las 20, pero a esa hora tuvo que salir el vocero presidencial, Juan Pablo Baylac, a decir que la presentación se haría dos horas más tarde. Esas demoras reflejaron la intensidad de las disputas que libró el Gobierno, hasta que finalmente pudo decir lo que quería, y esperar a la reacción de hoy.
“Quien diga que hay otra alternativa, miente”, opinó De la Rúa en su mensaje a la población, durante el cual pidió “a todos los argentinos un esfuerzo patriótico”, para superar una situación que, “en este momento, es imposible de sostener”. “Vamos a gastar sólo lo que tenemos y lo que recaudamos”, agregó, dejando los detalles de los anuncios a Cavallo. En rigor, el ministro no amplió mucho más, sino que avanzó en su explicación de por qué las medidas son necesarias. En concreto, lo que el Gobierno comunicó anoche fue lo siguiente:

Los sueldos, jubilaciones, pensiones y pagos a proveedores del Estado dependerán de los ingresos tributarios. En las liquidaciones de julio habrá descuentos de entre 8 y 10 por ciento.

Las reducciones serán transitorias, pero no se especificó cuándo dejarán de aplicarse. Cavallo sostuvo que ocurrirá cuando se acomoden las cuentas fiscales. Pero aclaró que el objetivo es eliminar el déficit fiscal en el segundo semestre de este año y en todo el 2002.

En el acuerdo con el FMI estaba previsto el déficit cero para 2005.

Las jubilaciones mínimas estarán exceptuadas de los descuentos. Sólo los habrá para haberes superiores a 200 pesos.

Los recortes salariales serán mayores en el caso de los funcionarios con cargo político. Pero no se especificó de qué magnitud.

En los entes de control de las empresas privatizadas se reducirán los directorios a tres personas, con sueldos nunca superiores al del jefe de Gabinete.

No hubo ningún detalle sobre qué ocurrirá con las partidas para educación, salud y seguridad. De la Rúa sólo enunció que serán excluidos del esfuerzo “los más necesitados”.

Las partidas presupuestarias para los poderes Judicial y Legislativo no serán modificadas.
A poco de asumir como ministro de la Alianza, Cavallo envió al Congreso el proyecto de ley por el que se le concedieron superpoderes. La iniciativa tuvo algunas correcciones de redacción, pero salió con todos los artículos propuestos. Todos salvo uno, que fue rechazado por unanimidad. Ese artículo era el que establecía que la Nación ponía la recaudación de impuestos como garantía del pago de la deuda, y lo que sobrara tras cumplir con los acreedores, quedaba para ser repartido en salarios, jubilaciones y pagos a proveedores. Fue una propuesta de Horacio Tomás Liendo, repudiada en el Congreso y que al abogado le costó quedar afuera del equipo económico. Ahora, el Gobierno sacó por decreto algo muy parecido a lo que establecía aquel artículo, ya que todos los gastos del Estado quedan sujetos a la recaudación, menos los pagos del servicio de la deuda. El decreto 896, compuesto por siete artículos, fue firmado por el Presidente y todos sus ministros. Uno de los puntos destacados es que “no se podrá alegar la existencia de derechos irrevocablemente adquiridos” en contra de las disposiciones de la medida. De este modo, el Ejecutivo se cubrió ante una segura avalancha de juicios.
Para dar más certidumbre a los financistas de que Argentina cumplirá a cada vencimiento de títulos, Cavallo también anunció anoche una suba al 0,6 por ciento en la tasa del Impuesto a las Transacciones Financieras, desde el 0,4 actual, y la eliminación de exenciones. Pero el ministro dijo que a futuro se podrá computar el pago total de ese gravamen a cuenta de IVA y Ganancias. Para De la Rúa, estas medidas son producto de que “ya se vendió todo lo que había para vender”. Ahora llegó el turno de vender el ajuste.

EL DELARRUISMO PURO EXPLICA EL PORQUE DE SU INCONDICIONALIDAD
“A Cavallo sólo podemos apoyarlo sí o sí”

“La decisión ya estaba tomada. Ahora se trata de hacer todo lo posible para reducir la resistencia política.” Así definía en la medianoche de ayer un importante funcionario, muy cercano a Fernando de la Rúa, la tarea que le espera al Gobierno para las próximas horas. Es que el anuncio de Domingo Cavallo de que se recortarán sueldos, jubilaciones y pagos a proveedores del Estado tensó como nunca la cuerda entre la Casa Rosada y los partidos de la Alianza, que hoy analizarán si retiran su respaldo a la gestión delarruista.
La tormenta financiera que el Gobierno intenta frenar con el séptimo ajuste desde diciembre de 1999 comenzó dos semanas atrás, cuando circularon rumores sobre una renuncia de Cavallo. Lejos de detenerse, la ofensiva de los mercados fue in crescendo, por lo que el círculo íntimo de De la Rúa empezó a analizar seriamente cómo reaccionar.
La idea, desde un primer momento, fue fortalecer a Cavallo. A pesar de las advertencias de Raúl Alfonsín, que amenazó con retirar su respaldo si el superministro se hacía cargo del PAMI y el ANSES, la decisión estaba tomada. Tanto, que hasta llegó a manejarse la hipótesis de convertir a Cavallo en jefe de Gabinete. En esa ocasión, los dos ministros más cercanos a De la Rúa –Crhystian Colombo y Patricia Bullrich– y el hijo presidencial Antonio fueron los principales impulsores del plan para fortalecer el poder del jefe de Hacienda.
Al final, los sostenidos reclamos del establishment, la suba del riesgo país y las tasas ruinosas que tuvo que pagar el Estado pusieron a De la Rúa ante una dura evidencia: respaldar a Cavallo implicaba hacer un nuevo ajuste, algo que el ministro venía reclamando desde hace días.
O sea: la decisión estaba tomada desde antes, y ayer sólo quedaba definir el cómo. “Cuando dudamos si convenía o no darle el control del PAMI y el ANSES a Cavallo, los mercados casi nos voltean en dos días. La decisión estratégica del Gobierno es apoyarlo sí o sí. Es lo único que podemos hacer”, decían muy cerca del Presidente.
Esto explica que De la Rúa no haya participado de las accidentadas reuniones con los legisladores radicales y frepasistas. Temprano, en la Rosada, el Presidente estuvo analizando los detalles del decreto junto a Cavallo, Bullrich, Colombo y Nicolás Gallo. Después fue un rato a Olivos, a reunirse con el uruguayo Jorge Batlle (ver página 9). Volvió a la tardecita, para terminar de corregir el discurso y hacer los anuncios en el Salón Blanco.
Los encuentros de ayer con los legisladores aliancistas no estaban pensados como un debate sino a puro título informativo. Por eso derivaron, en cuestión de minutos, en durísimos cruces entre un Cavallo que sólo quería explicar el contenido del paquete y unos legisladores que no estaban dispuestos a aceptarlo.
Durante el encuentro, el ministro de Economía funcionó como fuerza de choque. Así fue como Cavallo se trenzó, a los gritos, con Darío Alessandro, que advirtió que el Frepaso no respaldaría un nuevo ajuste. También debatió con el radical Marcelo Stubrin, quien aseguró que el Gobierno debería haber discutido las medidas antes de decidirlas.
Mientras Cavallo y los legisladores discutían en voz cada vez más alta, Colombo, presente en la reunión, se mantuvo casi todo el tiempo en silencio. Bullrich, que entraba y salía de la sala, sólo intervino para explicar que constitucionalmente era muy complicado dividir las rebajas salariales en bandas y que por eso se aplicaban a todos los sueldos por igual.
La conclusión es obvia: los dos funcionarios, delarruistas puros que respaldan la estrategia de fortalecer a Cavallo, prefirieron dejar al ministro de Economía en el papel de duro y asumir después un rol moderador, más de acuerdo a sus funciones. Es lógico: Bullrich deberá lidiar con las previsibles protestas de los gremios (ayer, por ejemplo, ATE decidió tomar todos los organismos públicos y analiza convocar a unparo por tiempo indeterminado). Colombo, por su parte, tiene por delante la complicadísima tarea de convencer a los gobernadores peronistas.
Pero, ¿qué ocurrirá con el radicalismo y el Frepaso, que anoche debatían la posibilidad de emanciparse totalmente del Gobierno? En la Casa Rosada confiaban en que la gravedad general de la situación y el fantasma del default ayudarán a consensuar un recorte que, según decían, excluye áreas sensibles y conflictivas, como los fondos para educación, los programas sociales o los planes de empleo temporario. “Esas fueron las condiciones que puso De la Rúa, además de que no se despedirá a empleados públicos. Hicimos todo lo posible”, aseguraba anoche un integrante del Gabinete, con el desafortunado recorte de Ricardo López Muprhy fresco en la memoria.

Por Julio Nudler

Domingo Cavallo aseguró recientemente que a él no lo iban a arriar, pero ahora debería darse por contento con que no lo icen hasta lo alto del mástil. De la terapia indolora que prometió en marzo pasó ahora a la consigna del déficit-cero-ya, que equivale a un lecho de Procusto: al yacente que no quepa en el camastro se le amputa lo que sobresalga (suplicio al que terminó sometido el mismo tirano). Es el principio de caja. Apela a éste quien no tiene acceso al crédito, cerrado para él porque a su vez le faltan perspectivas de mejorar sus ingresos, ni vocación redistributiva (salvo la que sugiere el sonsonete de la lucha contra los grandes evasores). Pero no hay tal déficit cero si parte de los gastos se cubren con bonos, como al menos ocurrirá en algunas provincias (financiación compulsiva), ya que en este caso la deuda no queda cancelada sino diferida. Además, tampoco hay déficit cero si algunas de las cuentas que dejan de pagarse corresponden a acreencias que la Justicia amparará como derechos adquiridos. Lo que florecerá es la industria del juicio. En suma, frenar en seco el gasto público nunca es cuestión de meros anuncios, más allá de las resistencias políticas que provoque. De la poda anunciada anoche no es posible extraer una conclusión definitiva: sólo expresa la voluntad de incurrir en un parcial impago (default) interno, indefinido en magnitud y duración (sólo se sabe que empezará por un 8 a 10 por ciento este mismo mes), vulnerando el derecho a cobrar que tiene cualquier empleado o proveedor de buena fe.
Respecto del impacto económico de la medida, éste no es más benigno necesariamente por el hecho de que el perceptor del dinero suprimido sea un aprovechador, un pícaro o un pequeño corrupto, aunque el “ahorro horizontal” que comunicó el Presidente está presagiando un castigo indiscriminado. De todas formas, quien cobra una injusta jubilación de privilegio quizás utilice ese ingreso para depositarlo en un banco local, generando capacidad de crédito, o para comprar electrodomésticos y estimular la demanda. Privarlo de esos recursos puede ser necesario para el fisco y hasta equitativo, pero tan recesivo (o procíclico) como dejar en la estacada a cualquier otro ciudadano. Definitivamente, ajustar en medio de la depresión es ultradepresivo, siendo obvio que detrás de esta amarga decisión no hay esta vez ninguna teoría de shock de confianza ni círculo virtuoso que quiera echarse a girar. Se hace porque no queda otra opción. Ni siquiera hay margen teórico para discutirlo, salvo que se prefiera asumir la debacle final.
De esta manera, Cavallo se ha quedado en pocas semanas sin sustento conceptual para su política. El y toda la Fundación Mediterránea afirmaban que no se podía perseguir el equilibrio fiscal en medio de la recesión porque eso achica la economía y retroalimenta el problema, además de tensar una crisis social que ya no tolera mayores penurias. Pero cuando afuera explotan bombas, quien no puede huir de la casa porque la sabe rodeada corre a encerrarse en el sótano. Allí es donde quiere refugiarse Cavallo hasta que cese el estruendo, o, como aguardan otros, la deflación toque fondo, si ese día llega. Lanzando planes procompetitivos se comportó como quien resuelve pintar las habitaciones sin reparar antes las goteras del tejado ni las cañerías que revientan en las paredes. Ahora pretende tapar los agujeros y distraer al público hablándole de tarjetas para jubilados y boletas a reclamar en los comercios.
La Argentina –y éste es el hecho– debe demasiado y su deuda devenga tasas cada vez más altas y más distantes de su capacidad de generar recursos para servirla. Esta creciente divergencia, que se retrotrae por lo menos a 1994 y la irracional reforma previsional cavallista, trae al presente los males futuros. Ningún tenedor de un título quiere retenerlo hasta que se lo repudien, y la alta renta que le brindan los argentinos deja de seducirlo cuando se empequeñece frente al aumento del riesgo. Tampoco hay modo de sortear el cierre del mercado internacional de créditorecurriendo a la plaza local porque la banca, con sus vasos comunicantes, ya no quiere elevar su exposición: para tomar un nuevo papel albiceleste vende uno viejo, con lo que la deuda nacional se deprecia adicional-mente.
Además de cargar con su deuda, al país le faltan recursos industriales e instrumentos que otorguen mayor flexibilidad a su política económica. Como no puede devaluar y vive rodeado de vecinos que sí devalúan, o dejan que el mercado lo haga (Brasil, Chile, Uruguay...), el único mecanismo de adaptación a ese adverso shock externo es fiscal y recesivo. Casi el 97 por ciento de la deuda pública está en dólares. La tajada que los acreedores se llevan en intereses se expande inconteniblemente. Otros (empleados, contratados, jubilados, proveedores, y obviamente científicos o docentes) deben entonces dejar de comer del mismo plato presupuestario, o conformarse con raciones menores. La histórica puja distributiva arrecia así en toda la economía, desde el gasto público hasta el último sector privado. El darwinismo económico manda. Los más débiles no tienen cómo salvarse. Entre Laurel y Hardy, la política económica siempre respeta al gordo y abandona al flaco.
Los intentos de utilizar al Estado como palanca para relanzar la economía han fracasado, antes incluso de Cavallo, porque nadie le cree a un garante que puede quebrar en cualquier momento. No hay por tanto plan de infraestructura ni ningún otro paquete de inversiones que pueda descansar sobre fondos fiduciarios oficiales cuando no hay fe. Como tampoco aparece el capital de riesgo privado, ni existe un sistema bancario orientado a financiar proyectos, la economía no sale del letargo. A lo sumo podría soñarse con una reactivación (reutilizar parte de la amplia capacidad ociosa y absorber algo del desempleo), pero crecimiento no se vislumbra. Como, mientras la Argentina retrocede, gran parte del resto del mundo avanza, la brecha de productividad se amplía y, con ella, la sobrevaluación del peso y la pérdida de competitividad. Producir poco es unitariamente más caro que producir mucho. Pero éste es un país que parece amar las series cortas. Que de las largas se ocupe Brasil.