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Por Maximiliano
Montenegro
 Aunque el presidente Fernando
de la Rúa dijo que el recorte del gasto público “se
hará protegiendo a los que más lo necesitan”, el ajustazo
alcanzará, a partir de julio mismo, al 30 por ciento de los planes
Trabajar que otorga el gobierno nacional. Según pudo confirmar
Página/12, la Secretaría de Hacienda congeló los
fondos correspondientes a 35.000 subsidios Trabajar –de 140 pesos
en promedio– que vencen este mes y que, por lo tanto, deberán
ser dados de baja por el Ministerio de Trabajo. El secretario de Empleo,
Horacio Viqueira, puso el grito en el cielo apenas se enteró de
la caída de subsidios para los desocupados decidida desde Hacienda,
lo cual detonó una agria controversia en el seno del gabinete.
Sin embargo, ese conflicto es incomparable frente al revuelo político
y social que podría dispararse cuando se oficialice la medida.
Los planes Trabajar son subsidios de entre 120 y 160 pesos mensuales que
otorga el gobierno nacional a personas desempleadas, quienes, a cambio,
deben tareas sencillas –vinculadas a obras públicas–
en municipios y provincias. Son uno de los eslabones principales del frágil
esquema de asistencialismo oficial que provee la Nación. Tanto
es así que la suspensión de estos beneficios o su recorte
en casos puntuales ya provocó conflictos sociales, como los ocurridos
en La Matanza, en el Gran Buenos Aires; o, más recientemente, en
General Mosconi, en Salta.
Sin embargo, la magnitud de la poda de planes Trabajar que se implementará
a partir de este mes podría multiplicar los “estallidos sociales”
en todo el país. De acuerdo a la información que pudo confirmar
este diario, las cifras del ajustazo son las siguientes:
 Hasta ahora, el Ministerio
de Trabajo mantenía en funcionamiento unos 125 mil planes Trabajar,
distribuidos proporcionalmente en todas las provincias, según las
tasas de desocupación.
Para ello, el presupuesto asignado
para todo el año era de 190 millones de pesos.
Sin embargo, en julio, los
fondos girados por la Secretaría de Hacienda a Trabajo se achicaron
en un 30 por ciento.
Es un monto equivalente a 35.000
planes, que no podrían ser renovados a partir del corriente mes,
por lo que deberán ser dados de baja.
Los subsidios que caducarán
son, en promedio, de 140 pesos mensuales y se renuevan en el lapso de
3 meses.
En el cálculo de Economía,
así se “ahorrarán” unos 30 millones de pesos en
lo que resta del año, que anualizados implicarían un ajuste
de casi 60 millones en el presupuesto de los programas de empleo de la
administración nacional.
La modalidad del ajuste de los planes Trabajar que adoptó Economía
es paradigmática del ajuste que se viene en toda la administración.
“La ley de Presupuesto fija un techo al gasto público, el
Gobierno no está obligado a gastar lo que ahí se determina”,
explican en el equipo económico. Así, la Secretaría
de Hacienda ya comenzó la subejecución de partidas presupuestarias
para achicar el déficit fiscal, acreditando a cada área
menos fondos de los que corresponden. En el caso de los planes Trabajar,
como ya se dijo, el ajuste fue del 30 por ciento.
“Haremos la reducción del gasto protegiendo a los que más
lo necesitan”; “los que están en la pobreza no serán
afectados”; “no habrá recortes de planes sociales de
la niñez, alimentarios y para los sectores más vulnerables
de la sociedad”; fueron algunas de las frases que enfatizó
anoche el presidente en su discurso.
VENCEN
4000 MILLONES HASTA FIN DE AÑO
Negociación con bancos
El secretario de Finanzas, Daniel
Marx, volvió reunirse ayer con los representantes de los principales
bancos que operan en Argentina, los llamados “creadores de mercado”,
para negociar un esquema de financiamiento del Gobierno hasta fin de año.
El tema es que, aun si Cavallo lograra conseguir el objetivo de “déficit
cero”, todavía quedaría por refinanciar entre dichos
bancos unos 4000 millones de dólares en títulos públicos
que vencen de aquí hasta fin de año.
En concreto, cada quince días, martes por medio, el Gobierno debería
salir a pedir prestado a los bancos por una ventanilla, como ocurrió
el martes pasado, para refinanciar los vencimientos de títulos
públicos por otra ventanilla. En las actuales condiciones financieras,
esto dejaría a Cavallo al borde del precipicio cada dos semanas.
Por eso, Marx propuso ayer a los bancos un canje de Letras del Tesoro
(Letes), para postergar dichos vencimientos para el año próximo.
“Los bancos tuvieron buena predisposición”, dijo el subsecretario
de Financiamiento, Julio Dreizzen. Pero lo cierto es que de efectuarse
en estos días, dicho canje convalidaría tasas de interés
exorbitantes, incluso superiores a las del megacanje.
Por su parte, Marx buscó tranquilizar a los ahorristas, que ayer
siguieron retirando depósitos de los bancos, y dolarizando sus
dineros.
“El sistema financiero argentino es muy sólido, muy líquido
y está muy conectado a las prácticas internacionales y en
los últimos años estamos muy por encima de los que son las
normas internacionales de liquidez”, afirmó. Y agregó
que “aquel que tiene pesos no debe temer, porque no hay razones”.
En tanto, descartó de plano que se vayan a “tocar” los
depósitos.
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