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Por Martín
Piqué
 La supuesta actuación
de “francotiradores” en los enfrentamientos de General Mosconi
desató una áspera polémica que perduró durante
varios días. Por un lado, el Gobierno, la Gendarmería y
el juez que ordenó por escrito el desalojo de la Ruta 34 acusaban
a los piqueteros de utilizar armas de fuego, con las que habían
sido heridos 24 gendarmes. Por el otro, los pobladores de la localidad
del norte de Salta denunciaban que los presuntos “francotiradores”
eran, en realidad, efectivos de la fuerza de seguridad que se ocultaban
en las instalaciones de la empresa Refinor. Ayer, el juez federal Abel
Cornejo dijo que “está absolutamente confirmado” que
“hubo entre veinte y veinticinco francotiradores” en el episodio
del 17 de junio pasado. Sin embargo, la actuación de Cornejo es
sumamente discutida por la abogada de los cuatro detenidos: “Que
él investigue no nos da ninguna garantía. Nos coarta el
derecho de defensa, no nos permite ver las pruebas que existen en la causa”,
denunció ante Página/12 Mara Puntano, del Movimiento por
los Derechos Humanos en Salta.
El juez dijo que fundamentó su afirmación en las pruebas
que existen en la causa. En diálogo con este diario, afirmó
que existen “pruebas testimoniales, diecisiete testimonios, pruebas
fotográficas” que prueban que “gente de Mosconi y, aparentemente,
gente que no es de Mosconi” disparó a los hombres de la Gendarmería.
Luego se preocupó por desmentir algunas versiones.
“Está absolutamente descartado que haya gente de las FARC,
o que se hayan visto personas que no sean del país. Los que utilizaron
armas eran del lugar. También había gente de la provincia
de Buenos Aires. Algunas personas están identificadas, pero no
puedo asegurar que sean pertenecientes a algún partido determinado”,
dijo Cornejo.
El magistrado también confirmó una de las versiones que
había corrido tras el choque entre piqueteros y gendarmes. “Hay
dos ex suboficiales de Gendarmería, uno de apellido Figueroa, el
otro no me acuerdo”, dijo, ratificando de esa forma el rumor que
indicaba que varios gendarmes retirados habían participado del
tiroteo.
Cornejo explicó que hay “14 personas con orden de captura”
por estos hechos, y adjudicó la responsabilidad a “un grupo
que actuó en forma organizada aprovechando los reclamos sociales
para ejercitar la violencia con fines absolutamente distintos a los de
la protesta social”. De todas formas, luego subrayó que “no
puede asegurar” que los individuos que efectuaron los disparos pertenezcan
“a algún partido determinado”.
Desligó de los hechos a Oscar “Piquete” Ruiz y a José
“Pepino” Fernández, líderes de los desocupados
de Mosconi, quienes igualmente están buscados por la Justicia y
acusados de “sedición”. “Yo no tengo pruebas de
que Ruiz y Pepino Fernández hayan tirado, sí hay pruebas
de una persona de apellido Cruz, que ya estuvo preso en junio del año
pasado”, señaló.
Las declaraciones de Cornejo fueron seguidas con atención en la
“Carpa del Aguante” de la plaza principal de Mosconi, donde
hace casi un mes que están instalados los piqueteros que protagonizaron
el corte de ruta. Allí, entre las banderas y los carteles, los
vecinos de los muertos Carlos Santillán y Oscar Barrios se enteraron
de las últimas novedades de la investigación. Esta, a partir
de hoy, estará a cargo de la fiscalía federal número
1, ya que el juez decidió delegar la pesquisa en esa dependencia
judicial debido a la “dotación exigua” de su juzgado.
“Se ha considerado que para una investigación más rápida
era conveniente delegar en el fiscal la instrucción, situación
que está prevista por el artículo 196 del Código
Procesal Penal de la Nación”, argumentó Cornejo. Otra
de las razones que arguyó el juez fue que las muertes “ocurrieron
fuera de la ruta”, por lo que no era evidente “la competencia
federal”.
Estas novedades sorprendieron a la abogada Puntano, quien no está
conforme con la forma en que ha actuado el juez. “La causa estuvo
hasta hoy (por ayer) bajo secreto de sumario, son más de 13 cuerpos,
de los que no nos dejó sacar fotocopias. Recién en el día
de hoy levantó la restricción para conocer las pruebas y
esto también afectó a los fiscales, que denunciaron la situación
ante la Procuración General de la Nación”, se quejó
ayer Puntano. La letrada también recordó que Cornejo es
responsable de los “55 casos de tortura” que se produjeron después
del desalojo del piquete y que fueron denunciados ante el fiscal Ricardo
Toranzo, quien tiene a su cargo las causas 544/01 y 547/01 por “Apremios
ilegales”.
Uno de los detenidos defendidos por Puntano es José Barraza, desocupado
y dirigente del Partido Obrero. Ayer, Barraza denunció desde la
Penitenciaría Federal de Salta, donde está recluido por
los cargos de “sedición e interrupción de las vías
de comunicación”, que “es aberrante lo que estamos viviendo,
estamos detenidos desde hace más de un mes y el único delito
fue reclamar trabajo digno”. Luego agregó que “son inventos
lo de lo de los francotiradores en Mosconi” en el norte de la provincia.
LA
IGLESIA CATOLICA ESTA CADA VEZ MAS PREOCUPADA
Encuentro de Karlic y Primatesta
El presidente de la Conferencia
Episcopal Argentina, Estanislao Karlic, y el titular de la Comisión
de Pastoral Social, cardenal Raúl Primatesta, se reunirán
hoy en la casa de este último, en la ciudad de Córdoba,
para analizar la situación socioeconómica del país,
luego del nuevo ajuste anunciado anoche por el gobierno nacional. Según
fuentes eclesiásticas, Primatesta se comunicó el martes
telefónicamente con Karlic para pedirle que viaje “cuanto
antes” a la provincia mediterránea, ante la gravedad de la
crisis actual.
En el encuentro, además de analizar la coyuntura nacional, los
religiosos evaluarán el rol que debe tener la Iglesia Católica
en esta situación y la posibilidad de convocar a un diálogo
multisectorial. “Primatesta está sumamente preocupado por
la efervescencia social y las escasas alternativas económicas y
políticas que ofrecen los dirigentes para proyectar un modelo de
país con dignidad”, indicaron los mismos voceros. De la cumbre
también podría salir la idea de pedir una audiencia con
el presidente Fernando de la Rúa.
Las inquietudes sociales de la Iglesia ya se habían manifestado
en la oración por la patria realizada por los obispos el pasado
9 de Julio, cuando insistieron en reconstruir la Nación “desde
las bases culturales y morales más profundas” y le pidieron
a la clase dirigente que haga “algo inédito” para cuidar
la paz interior y privilegiar a los sectores sociales más excluidos.
En esa fecha, el arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, llegó
a advertir sobre “la angustia ante la certeza de que el país
está en riesgo de disolverse”.
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