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 Por la “gravedad y trascendencia”
de los delitos que se le atribuyen, el represor Alfredo Astiz debe seguir
preso. Así lo dictaminaron los fiscales federales Luis Comparatore
y Patricio Evers, quienes respaldaron la detención del “Angel
Rubio” a pedido de la Justicia italiana.
Los representantes del Ministerio Público afirmaron que “corresponde
mantener el arresto preventivo” del ex capitán de fragata
Astiz, detenido desde el domingo 1 de este mes en el Departamento de Investigación
Penal Administrativa (DIPA) de la Prefectura Naval. De esta manera, Comparatore
y Evers apoyaron la decisión de la jueza Servini de Cubría,
quien ordenó la captura del represor de acuerdo con un pedido del
juez italiano Claudio Tortora y el fiscal Francesco Caporale.
En Italia “El Angel Rubio” o “El Cuervo” está
acusado del secuestro de Angela María Aietta, madre del dirigente
justicialista Dante Gullo, y de Juan Pegoraro y su hija Susana. Esta última
estaba embarazada cuando fue detenida por una patota de marinos y dio
a luz una niña en la maternidad clandestina de la Escuela de Mecánica
de la Armada. Tortora y Caporale también solicitaron la captura
del represor Jorge Vildoza, quien se apropió del hijo de la desaparecida
Cecilia Viñas y está prófugo desde mediados de la
década del 80.
Comparatore y Evers sugirieron a Servini de Cubría que active,
por vía diplomática, la remisión de documentación
para evaluar la extradición del ex marino. Pero el trámite
formal aún no se inició. Para que esto ocurra el ministerio
de Justicia italiano debe remitir los papeles oficiales y tiene 45 días
desde el arresto del represor para efectivizarlo.
Los fiscales también consintieron que en el expediente actúen
como “amicus curiae” (amigos del tribunal) los organismos de
derechos humanos que la semana pasada ofrecieron su colaboración
en la causa. “Nos presentamos como parte de la sociedad, víctima
de diversos delitos cometidos en forma sistemática durante la vigencia
del terrorismo de Estado, por algunos de los cuales se solicita el arresto
de Alfredo Astiz”, decía el escrito que firmaron los abogados
Rodolfo Yanzón, Luis Zamora, Mónica González Vivero
y Carlos Juliá en representación de una decena de agrupaciones.
A pesar de haberse convertido en un símbolo de la represión
ilegal, Astiz nunca fue condenado en el país por los crímenes
que cometió como miembro del grupo de tareas de la ESMA. Al amparo
de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, sólo recibió
una sanción por apología del delito luego de que se ufanara
ante la revista 3puntos de ser “el hombre mejor preparado para matar
a un político o a un periodista”. En cambio, fue el primer
represor juzgado en el exterior, cuando en 1990 recibió cadena
perpetua en Francia por el asesinato de las monjas Alice Domon y Leonie
Duquet.
Luego de que Italia envíe el pedido formal de extradición
el Gobierno argentino podría trabarlo o dejar que continúe
el trámite judicial. El ministro de Defensa, Horacio Jaunarena
y el subsecretario de Comunicación, Juan Pablo Baylac adelantaron
públicamente que la posición del Poder Ejecutivo será
negar la extradición y defender el principio de soberanía
jurídica. “El debate no es extradición sí o
extradición no” dijo el vocero del Gobierno y agregó
que “si el delito existió en la Argentina, debe ser juzgado
por la justicia argentina”. De hecho, la misma Servini de Cubría
está investigando la apropiación de la hija de Susana Pegoraro,
uno de los casos por los que Astiz está acusado en Italia. En esta
causa, la magistrada arrestó al marino Policarpo Vázquez.
RATIFICARON
LA PRISION DE MASSERA
Suelto es un peligro
El represor Emilio Massera tendrá
que seguir preso. La Sala I de la Cámara Federal rechazó
su pedido de excarcelación en dos causas en las que se lo responsabiliza
por la sustracción y supresión de identidad de dos recién
nacidos hijos de desaparecidos durante la última dictadura. Los
camaristas evaluaron que por la gravedad de los delitos por los que está
acusado, si el ex almirante recupera la libertad podría intentar
eludir o entorpecer la acción de la Justicia.
El Almirante Cero cumple arresto domiciliario en un departamento de Avenida
Libertador y San Martín de Tours desde que lo operaron del corazón.
Previamente había estado en el destacamento de Gendarmería
de Campo de Mayo, donde lo habían enviado como castigo por violar
con caminatas matinales por el barrio el régimen de reclusión
del que gozaba en su quinta del Talar de Pacheco.
El fallo de la Cámara se refiere a un pedido formulado por el defensor
oficial de Massera, Horacio Michero, en relación a las causas que
instruyen los jueces María Romilda Servini de Cubría y Rodolfo
Canicoba Corral por casos puntuales de apropiación de menores y
por la existencia de un plan sistemático de robo de bebés.
El argumento de Michero se basó en el tiempo que Massera lleva
detenido sin sentencia definitiva.
Los camaristas Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani sostuvieron que si
bien la ley “establece el lapso de dos años como límite
temporal a la prisión preventiva, también señala
que, en determinadas circunstancias, este plazo podrá ser prorrogado
por un año más”. Recordaron que la causa se ha mantenido
activa y que se han ordenado “numerosas diligencias a producir en
ajena jurisdicción, incluso en el exterior”. Para ilustrar
la gravedad del caso destacaron que en una sola de las causas se lo acusa
de “sustracción, retención y ocultamiento de menores,
en concurso ideal con sustitución de identidad, reiterados en 10
oportunidades”. Liberarlo, dicen, sería peligroso.
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