El 18 de mayo pasado, P. L. C., una mujer de 25 años, supo que el feto que lleva en su vientre sufre de anencefalia. Se trataba de su primer embarazo y el golpe fue brutal. Se dirigió entonces a la Maternidad Sardá y pidió un adelantamiento del parto. Le dijeron que no lo harían sin autorización judicial. Hasta aquí se trató de un caso similar a los ya conocidos. La diferencia la hizo el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de Buenos Aires, Roberto Gallardo, en un durísimo fallo donde no sólo ordena que se realice la práctica, sino que cuestiona a los médicos a quienes acusa de actuar “corporativamente”. Habla de la “confusión conceptual” del director de la institución y califica sus afirmaciones de “impertinentes y agraviantes”. Pero también carga contra las “autoridades políticas” (del Gobierno de la Ciudad) a las que tilda de “inoperantes” y les reclama medidas para resolver estas situaciones. Además, por primera vez, les impone las costas del caso.
“El día 19 de junio y después de ver el resultado de la ecografía hecha en el hospital Sardá no existieron más dudas: estoy embarazada -actualmente de 29 semanas– de una nena condenada por padecer anencefalia. Y desde ese instante todo ha sido dolor, miedo, muerte”. Así lo cuenta P.L.C. en el recurso de amparo que llevó a la justicia, representada por la abogada Perla Prigoshin, titular de la Fundación Unos con Otros, quien llegó a la Corte Suprema el pasado diciembre con el caso de Silvia Taunus. Tras la negativa de la Sardá a autorizar el adelantamiento del parto, la pareja fue a la Defensoría del Pueblo, quien hizo el reclamo por escrito. Las autoridades de la maternidad respondieron tajantemente en un escrito firmado por Juan Argento y Ricardo Illía, director y subdirector: Allí consideran que se está intentando “transferir la responsabilidad de un problema global (médico-social-jurídico) a un sólo sector”. Y advierten que “cada vez que se suscite una situación como la analizada no actuaremos sin autorización judicial”.
Esas palabras son duramente criticadas por el juez. Los médicos “asumen un perfil corporativo”, sostiene. “Esta afirmación (...) evidencia las falencias estructurales de nuestro sistema de salud y de la conducta de los funcionarios públicos involucrados. No sería justo criticar únicamente la conducta de los médicos. Ellos actúan con claro desconocimiento jurídico y aún más, con marcada desprotección de sus superiores y manifiesta inoperancia de las autoridades políticas en la materia”.
Tras analizar los antecedentes y fallos previos –incluido el de la Corte–, el juez Gallardo considera que el adelantamiento del parto requerido no necesita de autorización judicial. Vuelve a fustigar a los médicos: “Resulta francamente lamentable que a esta altura de los acontecimientos se obligue a cada paciente en iguales condiciones a transitar el penoso “camino de la justicia”. Y agrega: “El sufrimiento de un ser humano es sinónimo de indignidad”.
Un párrafo particularmente duro dedica el magistrado al director de la institución, Juan Argento, quien “pretende insólitamente que el tribunal decida además “autorizar” una eventual extracción de útero de la paciente. Dicha solicitud, por supuesto, es manifiestamente improcedente, al igual que la afirmación según la cual podría dictarse una sentencia contraria a la legislación. A más de resultar impertinente y agraviante, dicha afirmación evidencia una vez más la confusión conceptual del firmante, que dicho sea de paso no parece propia de un directivo de una entidad del prestigio de la maternidad demandada”.

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