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Por Nora Veiras
 Antes de internarse en las
sucesivas reuniones en la Casa Rosada, el ministro de Educación,
Andrés Delich, se reunió ayer con Marta Maffei. En medio
del caos y cuando el recuerdo del mazazo del ex ministro de Economía
Ricardo López Murphy a los fondos para la educación está
más que presente, Delich intentó calmar a un sector acostumbrado
a poner a la gente en la calle. Aseguró que se garantizará
el pago del incentivo docente y que se intentará reducir al mínimo
el ajuste sobre las universidades. De esa charla surgió la idea
de un proyecto del Ejecutivo para ponerles tope a todos los salarios del
Poder Judicial y Legislativo que anoche se analizaba en el gabinete. “Valoramos
el gesto de buena voluntad del ministro, pero en la Argentina está
claro que el Gobierno no puede asegurar nada a nadie. La resistencia social
tiene que ser contundente, no puede ser de cada una, es el final para
millones de argentinos”, evaluó Maffei.
“Este es un recorte terrible pero no te apuntan a la cabeza, es un
recorte general y uno tiene la posibilidad de administrar”, trataban
de resignarse en el Palacio Sarmiento. Aseguran que el tijeretazo –que
para este mes se estima en un 8 por ciento– se aplicará sobre
el total de la partida destinada a Educación, no específicamente
sobre los 55 millones de pesos mensuales que insume el pago del incentivo.
“Con los ajustes en el gasto burocrático, la reducción
en contrataciones y viáticos, estamos seguros que vamos a poder
compensar los recursos para no cercenar el incentivo”, explicaban
anoche los colaboradores de Delich. El panorama no aparecía tan
“halagüeno” para la universidad. “Los hicimos zafar
del decreto 430 (reducción del 12 por ciento para los sueldos superiores
a 1000 pesos que aplicó Machinea) pero si ahora se toca hasta a
los jubilados ¿cómo los vamos a salvar”, repetían
(ver aparte).
Maffei explicó que el problema para el sector educativo no pasa
sólo por el pago del incentivo sino también por las jubilaciones.
“Las cajas previsionales de 14 provincias fueron transferidas a la
Nación, es decir que el recorte afecta a más de 100 mil
jubilados docentes. El jefe de Gobierno porteño, Aníbal
Ibarra, dijo que los salarios no se iban a tocar, yo me pregunto si va
a compensar las jubilaciones”, señaló la dirigente
que hoy presidirá un plenario de secretarios generales de la CTERA
en el que se analizará qué medidas tomar para rechazar el
séptimo ajuste del gobierno aliancista. “Este es un ajuste
sin fin, no plantea que sea para este mes, o el próximo, saca 1500
millones al consumo popular, y cualquiera que retira esa suma sabe que
la réplica inmediata es la caída de recaudación,
el mes que viene nadie puede saber cuál será el piso del
recorte”, advirtió Maffei.
En el diálogo con el ministro, la dirigente planteó “cómo
puede ser que todavía no le hayan puesto un tope a los sueldos
de los funcionarios de los distintos poderes”. Delich tomó
nota y junto con la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, presentó
una propuesta para que los poderes legislativos y judicial acepten aplicar
como tope salarial 5000 pesos y el recortes atados a la recaudación
como el resto de la administración pública. En principio
pensaban enviar un proyecto al Congreso pero a última hora de anoche
primaba la idea de consensuarlo primero con los presidentes de la Cámara
baja, Rafael Pascual, y de la Corte Suprema, Julio Nazareno, para evitar
un rechazo frontal (ver aparte). “Como está planteado esto
es inviable. La sola reducción de 36 mil plantes Trabajar significan
hambre”, señaló Maffei.
EL
AJUSTE ALCANZARA A DOCENTES Y EMPLEADOS
La podadora en la universidad
Por Javier Lorca
Los salarios de docentes y empleados
del sistema universitario serán podados por el recorte. La misma
suerte correrán los recursos destinados a investigación,
extensión y pagos de servicios. La poda rondaría el diez
por ciento. Después de negarlo el miércoles, el Ministerio
de Educación confirmó ayer que las partidas destinadas a
las universidades nacionales “van a ser afectadas como el resto de
la administración pública”, según reconoció
a Página/12 el secretario de Educación Superior, Juan Carlos
Gottifredi. Mientras, las organizaciones que agrupan a los diversos sectores
de la universidad reiteraron que resistirán.
“La comunidad universitaria se opondrá enérgicamente
a todo intento de recorte de salarios y presupuesto”, comunicaron,
en conjunto, el Consejo Interuniversitario Nacional, los sindicatos nacionales
de docentes y no docentes (Conadu y Fatun) y la Federación Universitaria
Argentina (FUA).
De hecho, ayer se produjeron las primeras protestas. En la Facultad de
Ciencias Exactas (UBA), los docentes anunciaron que no tomarán
los exámenes previstos para las próximas semanas y, junto
con los estudiantes, tomaron la unidad académica. Además,
por la tarde, cortaron avenida Cantilo, a la altura de Ciudad Universitaria.
También cerca de las 19, estudiantes opositores cortaron Córdoba
al 2100. Contra la movilización de alumnos y docentes conspiran
las vacaciones que atraviesa hoy el calendario académico. Igual,
la Conadu ya advirtió que, “si esto no cambia, no habrá
clases en el segundo cuatrimestre”.
Pese a que insistieron en que el grueso del recorte caerá sobre
gastos internos del ministerio, voceros de Educación admitieron
que “las universidades tendrán que hacer un ajuste, aunque
todavía no se sabe de cuánto. Eso variará según
la recaudación fiscal”. Se estima que en julio el ajuste llegará
al diez por ciento. “Es una medida impopular, pero es la única
que encontró el Gobierno para superar esta crisis –dijo Gottifredi-.
El ajuste va a afectar a los salarios docentes y no docentes. Las universidades
no están en condiciones de atender un recorte sin afectar a los
salarios.” No obstante, serán las propias casas de estudios
las que deberán resolver cómo aplican el ajuste hacia adentro.
Públicamente, los funcionarios de la cartera educativa se mostraron
“esperanzados” de que la recaudación mejore y el ajuste
sea sólo transitorio. “El problema va a ser si pasan los meses
y el recorte llega a los dos dígitos y avanza. Ahí no vamos
a poder aguantar.”
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Parlamentarios
ajustados y magistrados autistas
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ACUERDO EN EL CONGRESO.
Todo sea por el pueblo
Por M.P.
Era el momento para un gesto, y los legisladores nacionales
no lo dejaron pasar: decidieron rebajarse los sueldos y ordenaron
una quita salarial para los funcionarios jerárquicos del
Parlamento. La decisión fue tomada por los presidentes de
las dos Cámaras, Rafael Pascual y Mario Losada, y se difundió
ayer a la tarde a través de un comunicado distribuido por
la Dirección de Prensa del Congreso. La nota decía
que Pascual había ordenado “la adhesión del cuerpo
a los descuentos salariales que disponga el Poder Ejecutivo nacional
a fin de eliminar el déficit fiscal”. La medida fue
acordada con todos los bloques, pero los diputados del PJ aprovecharon
las circunstancias para criticar las medidas económicas del
Gobierno: “El ajuste continuo trae recesión permanente”,
dijo el bonaerense José María Díaz Bancalari,
uno de los hombres de confianza de Eduardo Duhalde.
La decisión de ajustar dietas y sueldos de funcionarios fue
acordada con todos los bloques y afectará a los secretarios
de Cámara. El Senado también se plegó a la
iniciativa: Losada firmó una resolución similar, en
la que se indicaba que los senadores “han resuelto declarar
aplicable a las remuneraciones de los legisladores, secretarios
y prosecretarios, los descuentos que disponga el Ejecutivo”.
Durante toda la mañana, Pascual había hecho sucesivos
llamados a los jefes de todas las bancadas, Humberto Roggero (PJ),
Horacio Pernasetti (UCR) y Darío Alessandro (Frepaso), que
no tuvieron reparos con la idea. Mucho más tarde, a las cinco
de la tarde, los legisladores del PJ salían de su asamblea
para entregar un documento en el que acusaban a la Alianza de “llevar
al país a esta situación límite”. En ese
momento, el jefe del bloque justicialista del Senado, José
Luis Gioja, utilizó las palabras más escuchadas entre
los hombres del PJ: “Una de las cosas fundamentales para ayudar
a resolver esta crisis es mantener un prudente silencio”. El
llamado a silencio no sólo era una cuestión de sentido
común ante la crisis. También era una orden no escrita
para los representantes del principal partido de oposición.
LA CORTE RESISTE.
Inmunes a las rebajas
Por Irina Hauser
En la cruzada por alcanzar el “déficit cero” el
Gobierno probablemente no cuente con el aporte del Poder Judicial.
Por ahora la Corte Suprema, el tribunal que tiene la atribución
de recortar haberes y reasignar partidas del sector, no imitará
el gesto espontáneo que asumieron ayer los legisladores al
anunciar rebajas salariales en sus filas.
Mientras los ministros de la Corte estaban ayer recluidos en su
acuerdo semanal en uno de sus salones de alfombra roja y muebles
pulidos, afuera el riesgo país escalaba hasta cifras sólo
conocidas por Ecuador y Nigeria. El capítulo presupuestario
ni se tocó pese a la gravedad de las circunstancias. De todos
modos, difícilmente hubieran podido tomar alguna resolución
–alegan voceros del tribunal– ya que en la reunión
sólo estaban cinco de los nueve jueces. Además, explican,
quieren esperar a leer los decretos del Poder Ejecutivo. El tema
del ajuste sería considerado, aunque sea mencionado, el martes
próximo ¿Qué pasará? Funcionarios con
influencia en este tipo de asuntos recordaron que, ante el tijeretazo
de 1995, la Corte lo declaró inaplicable al Poder Judicial.
Ante el recorte estatal del año pasado, el alto tribunal
siguió con su línea de conducta, aunque compensó
con un guiño. Seis supremos se rebajaron sus sueldos –de
unos 10 mil pesos– en un 15 por ciento y exhortaron a los magistrados
“de todas las instancias” e integrantes del Consejo de
la Magistratura a sumarse a la poda, una sugerencia que a nadie
le interesó acatar. Y que incluso fue expresamente repudiada
por Consejo y la Asociación de Magistrados argumentando,
por ejemplo, que no se prestarían a violentar la intangibilidad
constitucional de los salarios de los jueces. Un miembro bien informado
de la Magistratura adelantó a Página/12 que la Comisión
de Administración, que preside Claudio Kiper, mantendría
la misma postura de oposición a un ajuste en la Justicia
que tuvo en el año 2000. En el máximo tribunal no
se sienten apremiados para tomar ninguna decisión. “Por
supuesto –dijo un alto funcionario de la Corte– algo haremos
similar a lo del año pasado, pero algo gestual no más.”
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