|
Por Cledis Candelaresi
 En su afán de seducir
al mercado con el anuncio de un ajuste, Domingo Cavallo omitió
el miércoles por la noche aclarar que, antes de cualquier recorte,
los salarios de la administración nacional superiores a 1000 pesos
serán favorecidos con una recomposición salarial de entre
el 12 y el 15 por ciento, según los casos, ya que se les devolverá
la quita practicada durante la gestión de José Luis Machinea.
Si se toma como válida la hipótesis de que las erogaciones
de julio deberían ser reducidas en alrededor del 10 por ciento,
hasta podría especularse con que un fragmento de los agentes estatales
(alrededor del 100 mil) podrían gozar de un aumento. El criterio
de caja o déficit cero es una amenaza mucho más nítida
para los sueldos inferiores a aquel monto y para las jubilaciones, que
no habían sido afectadas por la poda machineísta. Pero hasta
anoche no estaba dicha la última palabra acerca de qué remuneraciones
o haberes serán excluidos del nuevo recorte o afectados con uno
mayor.
En realidad, los estatales de la Nación están afectados
por una enorme incertidumbre acerca de qué ocurrirá con
su nivel de ingresos desde la próxima liquidación. El decreto
896, que condiciona el nivel de gasto público a los recursos realmente
disponibles, prevé que cuando éstos sean insuficientes,
los créditos presupuestarios se reducirán “en la proporción
necesaria”, incluyendo los fondos para “sueldos, haberes, adicionales,
asignaciones familiares, jubilaciones y pensiones”.
Mensualmente cada repartición pública tendrá que
definir si rebaja o no y en qué medida lo hace, para lo cual debe
resolver al menos un escollo técnico: las liquidaciones salariales
comienzan a mediados de mes, cuando el resultado de la recaudación
sólo se conoce parcialmente. Más relevante es el hecho de
que aquel decreto habilita a ajustar remuneraciones pero no obliga a hacerlo.
Esto, según algunas interpretaciones, dejaría resquicio
para que cada dependencia decida si recorta todos sus gastos o si, por
ejemplo, suprime algunos para dejar íntegros otros, tal vez el
salarial. Lo cierto es que el mismo decreto que dispone el criterio caja,
también deroga el 430, del 29 de mayo del 2000. Por esta norma,
Machinea había rebajado un 12 por ciento los salarios entre 1000
y 6500 pesos, recorte que ascendió al 15 por ciento para los que
superan ese monto. Con esto, Economía consiguió un ahorro
anual de 700 millones de pesos que, según la Confederación
de Trabajadores de la Argentina, sólo se estaría aplicando
en forma parcial, ya que por presión judicial gran parte de esas
rebajas habrían quedado sin efecto.
Esto significa que las futuras podas salariales –de entre el 8 y
el 14 por ciento, según el jefe de Gabinete– deberán
calcularse no sobre los sueldos actuales sino sobre los recompuestos.
El sorprendente resultado para algunos estatales es que si la nueva rebaja
no supera el 12 por ciento que le rebanaron hace un año, sus salarios
hasta podrían aumentar.
Mucho menos optimista, el economista Claudio Lozano, de la CTA prefiere
trabajar sobre dos hipótesis de recorte. “Si se mantiene el
déficit previsto con el FMI y el crecimiento económico alcanza
al 2,5 por ciento anual, los sueldos se recortarán un 10 por ciento.
Pero, como aquellas premisas no se cumplirán, la rebaja llegaría
al 16 por ciento”.
Los empleados nacionales que corren mayor riesgo de recorte son los que
ganaban hace un año menos de 1000 pesos mensuales, grupo equivalente
a casi la mitad de los cargos ocupados, aunque absorben sólo 30
por ciento de la masa salarial. Se trata de 122 mil personas (incluyendo
fuerzas armadas y de seguridad) contra casi 250 mil que integran la plantilla
total.
Desde el Gobierno se sugirió que el recorte afectará, en
mayor proporción a los salarios altos o de funcionarios políticos.
Sin embargo, el decreto no prevé distinción alguna y, por
el contrario, sentencia que las reducciones se aplicarán “proporcionalmente...sin
discriminaciones de ningún tipo”. Sólo una reglamentación
u otro decreto podría castigar a los sueldos más altos.
Semejante indefinición también existe en torno a las jubilaciones
que podrían se eximidas del recorte. Colombo aseguró en
la noche del miércoles, que quedarán exentas las que estén
por debajo de los 200 pesos. Sin embargo, la secretaría de la Seguridad
Social ayer elaboró una propuesta para debatir con la Secretaría
de Hacienda, con el propósito de ampliar la protección a
haberes un poco más altos.
En esa negociación interna se definirá la suerte de un importante
fragmento de 3,5 millones de jubilados cuya segmentación por haber
depende de si se incluyen o no otros conceptos de la retribución,
como asignaciones o subsidios. Otro capítulo abierto del ajuste.
|
Cuentas gratis, el
plástico no
Por el decreto 895 y la resolución 360 del Ministerio de
Trabajo, el Gobierno dispuso la bancarización del pago de
jubilaciones estatales y salarios. Las normas ordenan hacer efectivas
esas remuneraciones mediante la apertura de cuentas bancarias individuales
que no deberían entrañar costo alguno para sus titulares,
para la Anses ni las pymes.
Esas cuentas deberán ser abiertas en entidades que dispongan
de cajeros automáticos y “en un radio de influencia
no superior a los dos kilómetros del lugar de trabajo en
zonas urbanas y a diez kilómetros en las rurales”. El
Banco Central deberá garantizar “la gratuidad”
del servicio para el trabajador y la no imposición de límites
en los montos de las extracciones.
En los considerandos de la resolución, el Gobierno considera
que la cuenta no deberá entrañar costo alguno para
el trabajador y entiende que “el procedimiento deberá
propender” a la gratuidad para los empleadores, cuyo planteles
de trabajadores no supere los 40. Pero el decreto es taxativo respecto
de la Ansés, a la cual el nuevo mecanismo “no generará
costo alguno”.
Lo que ni uno ni el otro disponen es la obligatoriedad del banco
de emitir una tarjeta de débito que, tal como anunció
Domingo Cavallo, les permita a asalariados jubilados y pensionados
cubrir gastos contra los fondos depositados en su cuenta, sin necesidad
de extraer el efectivo.
|
|
Jubilación
o el trabajo
Con la firma de Patricia Bullrich y Chrystian Colombo, el Gobierno
rubricó ayer el decreto 894 por el cual dispone la incompatibilidad
entre la percepción de una jubilación y el desempeño
de cualquier cargo remunerado en la administración pública
nacional, decisión adelantada por este diario en su edición
del martes. En virtud de la flamante norma, quienes tengan aquella
duplicidad deberán optar entre una y otra retribución.
La incompatibilidad tiene “excepciones específicas”
que la norma no detalla y, además, sólo bloquea a
un jubilado de cualquier jurisdicción trabajar para el Estado
nacional, restricción que no pudo hacerse extensiva a los
cargos provinciales o municipales, ya que esta inhabilitación
excede las facultades del PEN. El decreto impone optar entre dos
alternativas: el trabajador puede continuar en su cargo percibiendo
sólo la jubilación o puede solicitar la suspensión
de su haber mientras desempeña su función activa,
percibiendo la retribución que a ella corresponda.
|
EVALUAN
NO PAGAR AGUINALDOS EN 2002
Información por teléfono
En conferencia telefónica
con inversores extranjeros el secretario de Finanzas, Daniel Marx, garantizó
a los inversores estadounidenses que Argentina pagará puntualmente
sus compromisos externos, también que se planea la emisión
de un bono que podría llegar a los 3500 millones de dólares
para reemplazar la emisión de Letras del Tesoro (Letes) y poder
así completar el financiamiento de todo el año 2001. En
el mismo diálogo Guillermo Mondino, jefe de Asesores del Ministerio
de Economía anunció para el próximo año la
eliminación del aguinaldo de los estatales. En tanto, Domingo Cavallo,
instó a la sociedad a “mantener la calma” y, optimista,
sostuvo que el ajuste a las remuneraciones del sector público durará
poco si se avanza en la lucha contra la evasión y los gobernadores
también equilibran sus cuentas.
“El presupuesto del año 2002 no ha sido elaborado aún,
de tal manera es imposible estimar cuánto será el ajuste
necesario en el gasto primario del gobierno nacional”, aclaró
Mondino sin negar ni confirmar la información difundida por la
agencia internacional Dow Jones.
Por su parte, el número dos del Palacio de Hacienda explicó
que una de las opciones era colocar 250 millones de dólares en
“productos estructurados con fondos de pensiones locales”, que
eventualmente sería para no colocar Letes. Marx se mostró
convencido de que el Ministerio de Economía tiene “financiamiento
disponible con esta fuente”, pero aclaró que “todavía
no se recibió ninguna oferta” en ese sentido.
Mondino, a su vez, agregó que “habrá desembolsos importantes
de organismos multilaterales por cerca de 4000 millones de dólares”,
pero en los próximos seis meses “no habrá ninguna nueva
emisión de deuda”.
El Ministerio de Economía tiene pendiente para lo que resta del
año renovaciones de Letes por 5400 millones de dólares.
Una de las alternativas que estaría analizando el Ministerio de
Economía sería, según medios económicos locales,
la de canjear estos títulos por un bono o pagaré, o canjear
las Letes que vencen durante el segundo semestre del año por títulos
a más largo plazo.
|
