Por Martín
Granovsky
Por primera vez desde que Domingo
Cavallo fue nombrado superministro de Economía, el bloque de diputados
del Frepaso y los dirigentes de la fuerza desafiaron abiertamente la conducción
del Gobierno encarnada en Cavallo y Fernando de la Rúa. Propuso
restituir totalmente las contribuciones patronales para un grupo de grandes
empresas, entre ellas las privatizadas, y la eliminación de la
exención al pago de impuestos a las ganancias a las rentas de capital.
Según el Frepaso, con la primera medida podrían recaudarse
600 millones de pesos y con la segunda unos 1500 millones. Los frepasistas
también reclamaron anular transitoriamente la baja de la tasa del
impuesto a la transferencias de combustibles, que rige en las naftas,
con lo cual podrían recaudarse 470 millones, y acordaron exigir
el pago de todas las deudas empresarias y los cánones atrasados
por parte de las concesionarias de servicios públicos. La recaudación
estimada en el último caso es de 200 millones. La recaudación
total estimada sería, entonces, de 2370 millones.
Todas las cifras figuran en un documento que fue leído por el presidente
del bloque de la Alianza, Darío Alessandro, pero solo en nombre
del Frepaso. Lo acompañaron, entre otros, Alejandro Peyrou, Carlos
Raimundi, Rodolfo Rodil y el senador Pedro del Piero, además de
los intendentes Oscar Laborde y Martín Sabatella. Peyrou y José
Vitar, que a la hora de la conferencia de prensa volvía a Tucumán,
fueron los coordinadores de un equipo de economistas (ver aparte).
Dirigentes del Frepaso revelaron a Página/12 que no bien terminó
el anuncio, Alessandro recibió una llamada de José Ignacio
de Mendiguren, presidente de la Unión Industrial Argentina.
Estoy totalmente de acuerdo con el documento de ustedes comunicó.
El texto no fue discutido antes con De la Rúa o Cavallo, pero sí
enviado al presidente del radicalismo, Raúl Alfonsín, y
al jefe de Gabinete, Chrystian Colombo. Un diputado dijo que Colombo había
afirmado que la propuesta no entra en colisión con
el objetivo de reducir el déficit fiscal.
Los firmantes también coordinaron la difusión del documento
con el jefe del Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, que en
la cena de la noche del jueves en Olivos en Olivos con De la Rúa,
Alfonsín, Colombo, Adalberto Rodríguez Giavarini y los gobernadores
llevó ideas similares de solventar el recorte afectando a las ganancias
de los grupos financieros y las grandes empresas de servicios públicos.
Ibarra fue acompañado a medias por Alfonsín y recibido con
indiferencia por el resto de los presentes, incluso por los gobernadores
que sufrirán el ajuste más que la superavitaria ciudad de
Buenos Aires.
La Argentina no está en condiciones de aplicar el plan de
ajuste tal como fue enunciado, y ésa es la verdadera lectura política
de los famosos mercados, fue uno de los razonamientos en las discusiones
internas del Frepaso. La lectura es que la sociedad argentina no
va a tolerar el paquete.
Hubo ganadores en los últimos años, explicó
ayer Alessandro en esa línea. Entonces, en lugar de pedirles
plata a los jubilados, los ganadores tienen que hacer su aporte.
Por eso, el texto del Frepaso propone directamente excluir del ajuste
fiscal a los jubilados que legítimamente han realizado sus
aportes a lo largo de los años, a los salarios más bajos
de la administración pública o a los sectores más
débiles de la sociedad que se encuentran al borde de la subsistencia,
cuando en el otro extremo social y económico hay quienes han sacado
tajada de las crisis sucesivas y hoy permanecen en la diferencia o recomiendan
austeridades ajenas.
Los redactores del documento apuntaron a un grupo conformado por el
sector financiero, las empresas privatizadas de servicios públicos,
las AFJP y las petroleras, principalmente.
En cuanto al ajuste de la política, pidieron a los dirigentes a
nivel nacional, provincial y municipal que achiquen dietas y gastos y
recomendaron que el Poder Judicial debería pagar impuestos a lasganancias,
del que están exentos hoy sus integrantes. Otras medidas serían
revisar en 30 días las jubilaciones transferidas por las provincias
al Estado nacional, transparentar los gastos electorales y poner un tope
a los sueldos del sector público teniendo como máximo
la remuneración de los ministros.
¿Por qué se pronunciaron solos y no con los diputados
radicales? quiso saber este diario.
Muchos radicales están de acuerdo con este texto, pero quisimos
marcar nuestro perfil como Frepaso contestó un diputado que
pidió reserva de su nombre.
Los frepasistas habían quedado con gusto amargo desde el jueves,
cuando el diputado radical Horacio Pernasetti lanzó un comunicado
de apoyo al ajuste de déficit cero imaginado por Cavallo y De la
Rúa.
Nos dejó pegados a todos criticaron.
Varios diputados radicales hicieron saber, el jueves y ayer, que no compartían
la posición acrítica de Pernasetti, pero evitaron criticarlo
en público. La misma actitud tomó Raúl Alfonsín.
Hizo saber a través de allegados muy cercanos que no compartía
la posición de diputado, y luego se abstuvo de decirlo. Los frepasistas
comprendieron entonces que sus colegas radicales tenían una lógica
propia, pero por una vez decidieron imprimir un ritmo distinto a su diferenciación
con el Gobierno. Por eso, según explicaban anoche, eligieron proponer
medidas concretas y no un simple llamado a la caridad o a la ayuda de
los grandes grupos económicos. Por esa razón, también,
prefirieron criticar la esencia del paquete fiscal, que se basa en el
recorte a los jubilados porque componen la masa mayor de las deudas del
Estado, exceptuando siempre las cargas de la deuda externa.
El diagnóstico que incluye el documento abarca estos puntos:
Para el Frepaso, la restricción
del crédito externo se debe en parte a que desde el exterior
se advierte con claridad que muchos de los sectores económicamente
más poderosos tienen como práctica habitual la elusión
y evasión impositivas, por montos que han sido estimados en los
tres mil millones de pesos anuales, generando cuantiosos déficit
fiscales.
Existe una significativa
falta de reglas de juego comunes para todos los agentes económicos.
El ejemplo serían los contratistas de servicios públicos
que han tomado como costumbre la renegociación permanente
de sus contratos y la obtención de superrentas a costa de tarifas
crecientes.
En una crítica al gobierno
militar y al período 1993-1999, una forma de excluir la condena
a la etapa de Alfonsín, el documento sostiene que el endeudamiento
y la crisis fiscal se deben a la falta de vocación para construir
una Nación, promover el desarrollo económico y hacer vigente
un contrato social equitativo.
Cómo subir los ingresos
y reactivar
Por M.G.
Aunque el documento del Frepaso solo cita la necesidad de un programa
con otras medidas de redistribución del ingreso,
Página/12 pudo saber que el equipo de economistas coordinado
por los diputados Alejandro Peyrou y José Vitar trabajó
en un sistema de protección social que cubra el costo del
ajuste y además atienda la reactivación.
Los diputados convocaron entre otros a los funcionarios Eduardo
Sguiglia, Marcos Makón, Daniel Kotzer y Lorenzo Donohe, consultaron
a Ricardo Gerardi y Alvaro Orsatti y recogieron sugerencias de los
porteños Arnaldo Bocco, Eduardo Hecker y Ricardo Feletti.
En el capítulo de protección social, la propuesta
que discutieron fue un ingreso garantizado para los hogares de extrema
pobreza, con una contraprestación laboral y un compromiso
de asistencia a planes de capacitación. También trataron
un salario infantil de exclusión para niños de hogares
pobres, que supondría la universalización virtual
de las asignaciones familiares.
Los problemas de caja no se terminarán mientras haya
recesión y por eso caiga la recaudación impositiva,
explicó a este diario uno de los economistas que participó
de las discusiones.
Como se trata de ayudar a los más pobres, que obviamente
no utilizarán el dinero para ahorro sino para satisfacer
necesidades básicas hoy sin atender, un programa como éste
tendría un efecto reactivador inmediato, dijo.
Otras de las medidas de protección social deberían
incluir, según los economistas del Frepaso, la ampliación
del actual seguro de desempleo de seis meses a un año, la
elevación del salario mínimo, vital y móvil
de 200 a 250 pesos y una tarifa de interés social para el
pago de servicios de agua, luz y electricidad, sistema que algunas
compañías ya aplican en algunas provincias.
Los economistas también acordaron pedir que no haya ningún
tope para que quienes ganan salarios altos hagan su contribución
jubilatoria. Hoy no deben pagar el porcentaje correspondiente por
encima de un límite, y no por todo el sueldo.
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