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Por Cledis Candelaresi
 Entre otras tareas cruciales
que el ajuste puso en manos de la Secretaría de Hacienda, está
la de reglamentar la futura relación con proveedores del Estado
nacional, quienes, al igual que empleados públicos y jubilados,
quedarían sujetos a la suerte de la recaudación. La Unión
Argentina de Proveedores del Estado comenzó a presionar con una
posible suspensión de entregas de mercaderías y exigió
por nota a Cavallo que precise cómo será el descuento compulsivo
que podrían aplicarle a sus contratos. Pero anoche funcionarios
próximos a Domingo Cavallo confiaban en que el vínculo con
las empresas proveedoras podrá preservarse intacto, ya que sólo
se trataría de utilizar mecanismos legales para “negociar”
con ellas una baja.
UAPE incluye algunas grandes empresas como Siemens y el Correo Argentino,
aunque su mayoría de socios son pymes. Su gerente general, Daniel
Argüello, ayer también arremetió contra el Gobierno
considerando que la “corrupción es parte del proceso de contrataciones”,
en el que serían moneda corriente “las compras irregulares”.
Otra forma de embestir contra un posible cambio en las condiciones contractuales.
Fuera de la entidad, que comenzó a realizar un lobby preventivo,
están los grandes contratistas de la construcción como Techint
y Roggio y las prestadoras de servicios públicos privatizadas,
cuya posición en este momento crítico es mucho más
contemplativa hacia el Estado. “No podemos fijar posición
hasta tanto las cosas no estén más claras”, fue el
cuidado comentario que formuló ayer a Página/12 uno de los
voceros de Telefónica. Casi al mismo tiempo, una distribuidora
eléctrica admitió que podría avenirse pacíficamente
a un eventual recorte.
“Los contratos en ejecución afectados por las reducciones
dispuestas...podrán revocarse por razones de oportunidad, mérito
o conveniencia, en el caso de que los contratistas o proveedores no acepten
la reducción de la contraprestación a cargo del sector público
nacional”, dispone el artículo 2 del decreto 896, que condiciona
el pago de salarios, jubilaciones y proveedores a lo que se consiga recaudar.
Esa norma da una primera pauta de la jugada oficial: negociar una rebaja
en el precio del bien o servicio en cuestión o rescindir el contrato.
En algunos casos, puede conseguir proveedores sustitutos, ya que habría
competencia en el mercado. En otros, dependerá más del resultado
de una negociación con la empresa en cuestión, en particular
si es una proveedora de luz, gas o teléfono o una proveedora de
servicio de mantenimiento.
Según especulaban ayer algunos funcionarios, si lo que compra (por
ejemplo una partida de papel o medicamentos) ya se hubiera licitado y
aún no se entregó, el Gobierno puede apelar en el momento
de la entrega a la misma herramienta que utilizaría en futuras
contrataciones: un “descuento por pronto pago”, mecanismo previsto
en la legislación vigente y que permite pactar un precio menor,
ofreciendo al proveedor la garantía de que efectivamente se pagará
y a una fecha cierta.
Lo que, a diferencia de la provincia de Buenos Aires, la Nación
aún no consideró es la posibilidad de cancelar parcialmente
sus obligaciones con bonos, algo a lo que se podría ver forzada
en aquellos casos que la quita tenga que ser retroactiva y vulnere derechos
adquiridos. El otro tema sensible es garantizar la provisión de
insumos básicos, para lo que utilizaría otro instrumento
legal que permite reemplazar expeditivamente a un proveedor por otro en
caso de emergencia.
AFIP
INCAUTARA BIENES Y MERCADERIA
Plan de regularización
El Gobierno prepara un decreto
de necesidad y urgencia para combatir el empleo en negro, con la novedad
de que se castigaría a las empresas que en un plazo de entre 15
y 30 días no regularicen a su personal con la incautación
de sus bienes y de las mercaderías que produzcan. Lo anunció
el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), Héctor Rodríguez, quien además anticipó
que la recaudación caería en julio entre 2 y 3 por ciento
respecto de igual mes del año pasado, aunque admitió que
podría ser mayor porque no se puede evaluar el impacto de la crisis
financiera de la última semana sobre la actividad económica.
Rodríguez dijo que “el objetivo que se persigue no es clausurar,
sino que haya una regularización”, pero insistió con
que “estamos pidiendo atribuciones fuertes” para los organismos
de control.
Por otro lado, Rodríguez reveló que “se están
analizando los movimientos de retiros en efectivo” que se registran
en el sistema bancario, porque “hay un hilo conductor entre el contrabando
de cigarrillos, el empleo en negro, la inmigración ilegal y el
movimiento ilícito de combustibles”, afirmó. “Nos
está preocupando mucho los retiros en efectivo; la gente paga en
cheque y así se exteriorizan los movimientos de fondos, pero el
retiro en efectivo es como dinero que desaparece del sistema”, aseguró.
Ambos objetivos anunciados por Rodríguez, sin embargo, no serán
fácil de cumplir para la AFIP en la actual coyuntura. Por un lado,
la profundidad de la recesión hace poco creíble que la AFIP
vaya a cerrar fábricas, cuando la novedad hoy sería que
continuaran abiertas. Por el otro, el retiro de dinero en efectivo se
ha vuelto masivo en la última semana, debido a la fuga de depósitos,
tanto de grandes como pequeños ahorristas, del sistema.
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