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 En “términos jurídicos
y legales el ex director del Renave Ricardo Miguel Cavallo ya fue extraditado
a España.” La vocera de la Cancillería mexicana, Liliana
Ferrer fue clara y terminante: por más esfuerzos que haga “Sérpico”,
las autoridades aztecas ya decidieron que debía ser llevado a Madrid,
donde el juez Baltasar Garzón lo espera para juzgarlo por genocidio,
terrorismo y torturas. La funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores
explicó que si el marino argentino sigue en México es porque
está “agotando todos sus recursos ante la ley”.
La Justicia mendocina había solicitado a México recientemente
la extradición del represor de la Escuela de Mecánica de
la Armada (ESMA) por una causa en la que está acusado de fraude
y malversación de fondos. Según informó ayer el diario
mexicano La Jornada se trataría de delitos relacionados con automóviles
cometidos a finales de los `80 y principios de los `90.
Está claro que los abogados de Cavallo están tratando de
activar todas las causas abiertas por los diversos actos criminales en
Argentina para evitar su juzgamiento en España. Pero los esfuerzos
del represor no dan frutos. El gobierno mexicano rechazó “por
improcedente” la petición para que se lo extradite a Argentina,
ya que previamente se había concedido un pedido similar proveniente
de España, donde se lo acusa de crímenes de lesa humanidad.
“Sérpico” sigue en México porque se está
tramitando un recurso de amparo presentado por su abogado Manuel Plata
García pero la Cancillería de ese país aclaró
que si el gobierno argentino quiere pedir la extradición, “debe
solicitarla a España”.
Cavallo fue detenido el 24 de agosto del año pasado, luego de que
el diario Reforma revelara que quien se desempeñaba como director
del Registro Nacional de Vehículos (Renave) era un torturador de
la ESMA argentina. El represor fue interceptado en Cancún en una
escala del avión en el que intentaba escapar hacia Argentina, donde
aún lo amparan las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
El ex marino ya había intentado que la justicia argentina reclame
su traslado a este país. El abogado José Scelzi se presentó
el año pasado
ante el entonces juez Adolfo Bagnasco y solicitó que el marino
sea trasladado a Buenos Aires para juzgarlo por los mismos hechos que
se le imputan en Madrid. Rodolfo Canicoba Corral, el magistrado que reemplazó
a Bagnasco, rechazó la pretensión del represor y cerró
el expediente.
“Sérpico” también había intentado que el
gobierno argentino, al que no le gusta el principio de “extraterritorialidad”,
interviniera oficialmente en su caso. Sin embargo, tampoco tuvo éxito
en esa jugada. En su momento la Cancillería afirmó que “no
es el Poder Ejecutivo el que debe tramitar las extradiciones, son los
jueces los responsables de actuar en tales circunstancias”. El gobierno
decidió amparar a los represores que, al ser pedidos por un juez
extranjero, están en el país, como el caso del ex marino
Alfredo Astiz. Pero aseguró que no intervendría cuando los
acusados sean apresados fuera de las fronteras argentinas.
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Astiz, el reo
El represor Alfredo Astiz fue trasladado a dependencias de la
Prefectura en Zárate asignadas al Grupo Albatros. Allí
permanecerá bajo arresto hasta que la Justicia italiana inicie
el juicio para su extradición a Roma, donde se lo acusa de
la desaparición de tres personas. Según fuentes judiciales,
el traslado de Astiz se realizó “por razones de seguridad”
y tras un planteo efectuado por el abogado defensor Fernando Goldaracena.
El represor habría manifestado temor por posibles agresiones
en la División de Investigación Penal Administrativa
(DIPA) de la Prefectura Naval, donde estuvo alojado los últimos
12 días.
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EL
ROBO DE BEBES IRA A JUICIO ORAL EL AÑO PROXIMO
El desfile de diez represores
Por
Adriana Meyer
A partir de la
incorporación de 20 casos, la investigación sobre la práctica
sistemática de sustracción de menores podrá ser elevada
el año próximo a juicio oral y público. En esa instancia
serán juzgados Jorge Videla y Emilio Massera, entre otros. El fiscal
del caso, Eduardo Freiler, había solicitado la división
del expediente y que sea elevada ahora la parte correspondiente a las
apropiaciones cometidas en la Escuela de Mecánica de la Armada
(ESMA). Sin embargo, el juez Rodolfo Canicoba Corral no estuvo de acuerdo
y, en consonancia con los querellantes, enviará a juicio la causa
unida, pero ahora con el doble de casos.
Cuando la Cámara Federal confirmó los procesamientos de
los diez jerarcas militares acusados entendió que sólo había
pruebas para sustentar 22 de los 38 casos de menores apropiados. A partir
de entonces los abogados querellantes David Baigún, Alberto Pedroncini,
Carlos Cruz y Marcelo Mónaco, junto a los investigadores judiciales,
se empeñaron en incorporar al expediente mayor cantidad de testimonios
que sustenten la existencia de la apropiación sistemática
de menores, en su mayoría hijos de desaparecidos, perpetrada por
los represores durante la dictadura.
Tras las indagatorias de los imputados el juzgado recibió varios
testimonios y agregó otros en copias certificadas provenientes
de otras causas. Corresponden tanto a casos concluidos como en trámite.
Los querellantes, que representan a María Mariani, Elsa Pavón,
Rosaria Valenzij y Sara Mendes, aclararon que solamente pueden considerarse
como nuevos en relación a esta causa y porque no figuran entre
los 22 que la Cámara consideró probados.
Con las declaraciones que recibió el juzgado se agregaron los casos
de:
 Paula Eva Logares, a partir
del testimonio de Borelli y Bello sobre su desaparición en Uruguay,
y de Adriana Chamorro respecto de la presencia de sus padres en el Pozo
de Banfield,
Anatole y Victoria Julien Grisonas,
a partir del testimonio de Marqués Iraola y del ex funcionario
uruguayo Barboza Pla sobre la presencia de menores en un centro clandestino
de detención en Montevideo,
Marcelo Ruiz Dameri, hijo de
Silvia Dameri y Orlando Ruiz, nacido en dependencias de la ESMA, a partir
del testimonio de Víctor Basterra y Carlos Gregorio Lorkipanidze,
Clara Anahí Mariani,
a partir de las declaraciones recogidas en el juicio por la Verdad de
la Cámara Federal de La Plata y otros elementos,
Isabel Suárez Nelson,
María Teresa Trotta y Rosa Taranto de Altamiranda.
En base a las causas de otros juzgados se incorporaron los casos de Ximena
Vicario, Paula Logares, Carla Rutila Artés, Mariana Zaffaroni Islas,
Carlos Rodolfo D’Elia, María Sol Tetzlaff, Pablo y Carolina
Bianco, Javier Penino Viñas, María Moyano Artigas, Elena
Gallinari, María Eugenia Gatica Caricoche, María de las
Mercedes Gallo Sanz, Claudia Poblete y la hija de desaparecidos anotada
como propia por el marino Policarpo Vázquez. Además, Baigún
y Pedroncini insistieron con plantear el caso de Silvia Ysabella Valenzi
que había sido excluido por la Cámara, con la presentación
de la sentencia dictada en la causa 13 donde se tiene por probado que
el bebé de la mujer nació en el Hospital Municipal de Quilmes,
en cuyo registro se borró el nombre de la madre.
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OPINION
Por Julio Villar*
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La muerte de monseñor
Novak
En mi despacho, durante los primeros años de mi obispado
(...) desfilaban todos los días los familiares de personas
desaparecidas. Personas que venían a plantear su desesperación.
Horas y horas frente al horror de los relatos de los secuestros,
frente al dolor y las lágrimas. Esto me modeló como
pastor. Absorbió gran parte de mi figura.
El 9 de julio murió el obispo de Quilmes. Murió el
“padre obispo” Jorge Novak. Había llegado a Quilmes
casi veinticinco años atrás siendo “un tímido
profesor de historia” que según sus alumnos “andaba
por las nubes”. Corría 1976 y lo acababan de nombrar
obispo de una diócesis recién creada, en un país
que estrenaba su más trágico período histórico.
Tendría seguramente muchos proyectos pero la vida se le impuso.
Al día siguiente de su ordenación como obispo, abrió
las puertas de una pequeña oficina prestada y por ellas entró
un río de dolor, una realidad mil veces terrible, perturbadora
y, sobre todo, comprometedora. Sin embargo, no retrocedió.
Yo nunca dudé de recibirlos porque siempre fue mi principio
que a la curia tienen acceso todos, indistintamente. En eso he seguido
a San Agustín y a otros obispos más santos que yo,
que son para todo el pueblo de Dios, que no tenemos que pensar por
qué, si convenía o no convenía, si eso traía
mala fama o buena fama; eso para mí era claro... a veces
eran días, impresionante la gente que venía y uno
los recibía normalmente...
Fue el comienzo de un compromiso que ya nunca abandonaría.
Desde entonces estuvo al servicio de los pobres, los desocupados,
los excluidos, los perseguidos y los desheredados de todo tipo.
Creyó que su fidelidad al Evangelio pasaba por arriesgar
la vida en el enfrentamiento con los pretendidos amos de la vida
y la muerte y no dudó. En un contexto, su país y su
iglesia, en el que muchos prefirieron, y aun prefieren, mirar para
otro lado, él miró de frente el rostro del dolor.
Seguramente por eso en sus últimos tiempos estuvo empeñado
en luchar contra el “monoteísmo del mercado” y
en denunciar el peligro que para la democracia representa un sistema
cuya esencia es la exclusión de la vida y la concentración
de la muerte.
A pesar de tanta coherencia, en su testamento, implacable consigo
mismo, pide perdón a los “familiares de desaparecidos,
familiares de combatientes de la guerra de las Malvinas; familias
de desocupados; familias de los asentamientos; familias sin vivienda;
niños abandonados, jóvenes drogadictos, ancianos desesperados”
que “esperaban justificadamente mi anuncio profético,
mi presencia amiga, mi participación valiente y servicial
y me vieron retaceando el esfuerzo y la fatiga del Evangelio. Pido
perdón a quienes creyeron que yo no promovía cabalmente
las causas que angustian, conmueven y comprometen hoy al hombre:
la verdad, la justicia, la paz”.
La Universidad de Quilmes, que supo reconocer sus valores designándolo
“profesor honorario”, lo despide hoy con la misma emoción
con que sus pobres lo hicieron en su sepelio: llorando y aplaudiendo
a la vez.
* Rector de la Universidad Nacional de Quilmes en nombre de
la comunidad educativa de UNQ.
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