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Por Eduardo Febbro
Desde París
 La Justicia francesa dio un
nuevo paso hacia el reconocimiento del “derecho a no nacer”,
al conceder indemnizaciones en caso de que un niño venga al mundo
con deficiencias detectadas durante el embarazo y no tomadas en cuenta
por el cuerpo médico. Enfrentada a tres nuevos casos de niños
que nacieron discapacitados, la Corte de Casación confirmó
ayer la validez de una controvertida decisión tomada en noviembre
del año 2000 cuando instauró lo que en Francia se conoce
como “la decisión Perruche”. Esta le otorgó al
niño Nicolas Perruche y a sus padres una indemnización que
está en relación con la falta cometida por los médicos
y el perjuicio sufrido por los padres y el recién nacido. Nicolas,
que hoy tiene 17 años, nació con lesiones irreversibles
motivadas por la rubeola que afectó a su madre en pleno embarazo.
En aquella época, la madre había advertido al médico
que no quería que el hijo naciera si ella estaba contagiada con
la rubeola. La infección, sin embargo, no fue diagnosticada pese
a los exámenes realizados.
Cuando se recurrió a la Justicia, la Corte estimó que “puesto
que las faltas cometidas por los médicos y el laboratorio en el
marco del contrato entre éstos y la madre impidieron que ésta
ejerciera su derecho a interrumpir el embarazo a fin de evitar el nacimiento
del niño, este último puede pedir reparación por
el perjuicio resultante de las lesiones y causado por las faltas retenidas”.
La Corte volvió a pronunciase ahora en una dirección similar
sólo que, a diferencia del caso Perruche, aceptó el derecho
a la indemnización únicamente para los padres y no ya para
los tres niños. Los jueces debían examinar el problema de
tres niños que nacieron discapacitados pero cuyas afecciones no
fueron detectadas durante los exámenes prenatales, lo que privó
a las madres del derecho a ejercer un aborto terapéutico. Sin embargo,
en esta ocasión, la Corte de Casación no encontró
una “relación directa con las faltas cometidas por el médico”.
Mientras que con Nicolas Perruche todas las condiciones del diagnóstico
estaban reunidas antes del plazo legal de 10 semanas para abortar, en
los tres casos examinados ayer las falencias recién se descubrieron
más allá de dicho plazo. No obstante, la Justicia estima
que al examinar las ecografías, las deficiencias no fueron tomadas
en cuenta y que, en ese contexto, debe existir una indemnización.
Aunque matizado, los jueces confirmaron así la continuidad del
ejemplo de Nicolas Perruche, es decir, el “derecho a no nacer”.
Esto dio lugar a la intervención de los poderes públicos
y concentró un debate de amplio alcance ya que en los dos pronunciamientos
de la Corte de Casación está en juego la dimensión
jurídica, la filosófica y, en lo más profundo, el
derecho a la vida. La ministra delegada para la familia y la infancia,
Ségolène Royal, decidió iniciar una amplia “reflexión
sobre las relaciones entre la ética y las deficiencias de los recién
nacidos”.
Desde ya, las asociaciones que luchan contra la discriminación
de que son víctimas los discapacitados denunciaron enérgicamente
las “implicancias de la decisión de la Corte de Casación”
y pidieron al primer ministro que elabore “una solución legislativa”.
Las asociaciones estiman que al reconocer el derecho a no nacer, la Justicia
“establece una nueva discriminación”. Mucho más
radical, el grupo de demócratas discapacitados, CDH, arguye que
con sus pronunciamientos “la Corte reconoce explícitamente
que es mejor estar muerto antes que nacer con una deficiencia”. La
controversia es tanto más aguda cuanto que, consultado en su momento,
el Comité Nacional de Etica se había opuesto a que se tomara
el cuenta el “derecho a no nacer”.
Jean François Mattei, profesor de medicina y especialista de la
bioética, estima al respecto que con sus posiciones, “la Justicia
confirma la contradicción que existe en nuestra sociedad en materia
de responsabilización frente a los discapacitados”. Este drama
amplificado por la Corte de Casación suscitó una inmensa
emoción en el país. En él se mezclan tanto las contradicciones
y la hipocresía de la sociedad como el papel de la ciencia ante
los desarreglos de la vida.
EL
GOBIERNO INTERVINO Y LOS VUELOS SE REANUDARON
Iberia volvió a despegar
La mufa de los pasajeros de
Iberia duró poco: ayer a la madrugada, los directivos de la aerolínea
española decidieron reanudar los vuelos de la empresa, que habían
sido suspendidos el jueves por la tarde a raíz de la renuncia de
99 de los 108 pilotos. Iberia explicó que la resolución
del conflicto fue posible gracias a la promesa de los trabajadores de
quedarse en sus puestos hasta que la firma contrate reemplazos. Sin embargo,
los pilotos dieron una versión distinta y atacaron al directorio
de la empresa y al gobierno español, que ordenó un “arbitraje
obligatorio” para resolver la situación, que muchos españoles
tildaron de “tercermundista”.
Aunque los altos cargos de la aerolínea ibérica se mostraron
satisfechos por la “buena predisposición” de sus trabajadores,
los representantes del sindicato que nuclea a los pilotos (SEPLA) revelaron
la otra cara del acuerdo: la promesa de mantenerse en los puestos de trabajo
ya se conocía antes de la suspensión de los vuelos –estaba
incluida en las cartas de renuncia–, por lo que relacionaron la medida
del jueves a la noche con un “cierre patronal ofensivo”.
Por su parte, el presidente español, José María Aznar,
ordenó a la empresa y a los sindicatos a someterse a un “arbitraje
obligatorio”, a pesar de su decisión inicial de no intervenir
en el conflicto, por tratarse de una empresa privada. La decisión
de Aznar fue impulsada por las quejas de la oposición, que acusaron
al gobierno de aplicar una “política equivocada de privatizaciones”,
y consideraron que la situación del jueves “recordó
a países tercermundistas”.
El presidente de SEPLA, Jaime Lacasa, también se manifestó
en contra de las medidas tomadas por Aznar, y señaló que
el arbitraje al que deberán someterse las partes “vacía
de todo contenido el ejercicio del derecho a la huelga inscripto en la
Constitución” españolas. Tanto Iberia como el SEPLA
adelantaron que no nombrarán mediadores para la conciliación,
tarea que quedará, por lo tanto, en manos del Ministerio de Fomento.
El plan de lucha implementado por los pilotos de Iberia –que están
en conflicto con la plana mayor de la empresa desde hace varios meses–
desembocó en una campaña de diez días de huelga,
que se cumplirá entre junio y agosto de este año. El período
elegido para la protesta no es casual: en pleno verano europeo, Iberia
es una de las compañías que más pasajeros traslada
(casi 80 mil personas por día).
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