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Por Pablo Rodríguez
 La situación social
en Colombia, el futuro del país a partir de la implementación
del llamado “Plan Colombia”, la posibilidad de una solución
política o militar del conflicto del Estado colombiano con las
FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y con el ELN (Ejército
de Liberación Nacional), las perspectivas de resultados del proceso
de paz con ambas guerrillas, el papel de Estados Unidos en el país
bajo la administración Bush: de todo esto conversó el analista
colombiano Javier Zuluaga con Página/12. Zuluaga es investigador
del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales
de la Universidad Nacional de Colombia. Vino a Buenos Aires invitado por
el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y el Area de
Conflicto y Cambio Social del Instituto Gino Germani de la UBA para hablar
en las Primeras Jornadas de Conflicto Social, que reunió a investigadores
de varios países de América latina para debatir sobre la
situación social en la región.
–¿Cuál es la situación social en Colombia?
–La situación económica y social del país se
ha deteriorado mucho en los últimos años por tres razones:
la dinámica de la guerra, que afectó a la vida cotidiana
de la mayoría de la población, la recesión más
intensa de los últimos 70 años, y la ausencia de políticas
sociales del gobierno para encarar la situación tradicional ahora
agravada en Colombia. Y esto, a pesar del éxito de algunas reivindicaciones
del movimiento sindical y otros movimientos sociales. Otra dimensión
del conflicto social es la lucha de los campesinos. En el último
año, las movilizaciones aumentaron por las fumigaciones correspondientes
a la primera fase de aplicación del Plan Colombia. Estas fumigaciones
evidencian que el Plan Colombia no es un plan antinarcóticos ya
en la política de fumigaciones de cultivos de coca: está
previsto que la mayoría de estas fumigaciones se desarrollen en
zonas del sur del país, dominadas por las FARC, y no en las controladas
por los paramilitares. Y la verdad es que los cultivos de coca de los
narcolatifundios están en las zonas de los paramilitares. Los otros,
los realizados por campesinos pobres, son los que controlan las guerrillas.
–Hace un mes, las FARC lanzaron una ofensiva justamente sobre una
base del Ejército en la zona sur del país, donde está
también el batallón norteamericano que entrena a los colombianos.
¿Se trata de la primera respuesta militar al Plan Colombia?
–No todo lo que ocurre en el país debe verse en relación
al Plan Colombia. La intensificación de la guerra en Colombia es
muy anterior al Plan Colombia; data de principios de los ‘90. Y la
guerra se intensificaría aún sin Plan Colombia. El Plan
Colombia simplemente refuerza al Ejército para prepararlo para
esa intensificación. Por otra parte, la colaboración militar
norteamericana es muy estrecha desde hace muchos años y sólo
se interrumpió en parte de la década pasada, por las denuncias
de violaciones a los derechos humanos contra el Ejército colombiano
y por la mala relación de la Administración Clinton con
el gobierno de Samper, anterior al de Pastrana.
–Justamente, en relación al gobierno de Pastrana, que está
a un año de finalizar su mandato, ¿fue un fracaso o un éxito
la política doble de impulsar un proceso de paz como nunca se vio
en Colombia y de promover un plan de lucha antiguerrillera, también,
nunca visto?
–Para entender esta situación, hay que remontarse a diez años
atrás, cuando se aprobó la nueva Constitución en
Colombia. En aquel momento, la entonces Coordinadora Guerrillera Simón
Bolívar que unía a las FARC y el ELN lanzó una ofensiva
militar para presionar al gobierno a sentarse a conversar sobre el papel
de la guerrilla en el futuro colombiano. Desde aquel año, se hizo
patente que el modelo de conflicto en Colombia sería el de negociar
en medio de la guerra, sin tregua ni nada que se le parezca. Pastrana
intensificó esta lógica. La política doble es una
sola: ambas partes se fortalecen todo lo que pueden para sentarse a negociar.
Tomandoen cuenta esto, se puede decir que el éxito de Pastrana
fue abrir un proceso de paz que ya no se cerrará fácilmente.
Pero la política del gobierno para mantener abiertas las negociaciones
fue muy errática.
–El mes pasado, circularon rumores sobre negociaciones secretas para
analizar la perspectiva de un nuevo gobierno ampliado, o una nueva Constitución,
que contemple a las guerrillas. ¿Es eso posible?
–Desde su séptima conferencia en 1993, las FARC plantearon
que su objetivo es la formación de un gobierno de reconstrucción
nacional. Lo que están negociando las FARC es cómo se dará
ese gobierno; de ningún modo piensan que la plataforma básica
de ese gobierno sea negociable. En cuando a una nueva Constitución,
las FARC y el ELN insisten en la convocatoria de una Asamblea Nacional
desde la sanción de la Constitución de 1991. ¿Es
posible que un gobierno legalmente constituido renuncie a su mandato para
aliarse con una guerrilla? No. Pero se rumorea, sí, que habría
un acuerdo entre el gobierno y las FARC para convocar a una nueva Asamblea
Constituyente. El candidato presidencial del liberalismo, Horacio Serpa,
está de acuerdo con la convocatoria si antes existe un acuerdo
de paz para ser discutido allí. Otra posición propone transformar
esa Asamblea en el lugar donde las guerrillas discutan un eventual acuerdo
de paz.
–¿Eso no se parecería a la forma en la que la guerrilla
del M-19 se convirtió en fuerza política, una forma que
las FARC y el ELN rechazan?
–No necesariamente. Es una vía política de solución
de un conflicto armado, pero ambas guerrillas descartan de plano el modo
en que el M-19 dejó las armas a cambio de espacios políticos.
También descartan el modelo de negociación de Centroamérica,
que se dio en El Salvador o en Guatemala, que fue el de pactar reformas
que se aplicarían con posterioridad a la suspensión de la
guerra. Las FARC y el ELN pretenden entregar las armas una vez que las
reformas que piden estén implantadas.
–¿De qué manera puede influir en esta perspectiva,
o la del proceso de paz, el resultado de las próximas elecciones
presidenciales?
–Las dos perspectivas más probables son el triunfo de Horacio
Serpa o de la candidata independiente Noemí Sanín. En ambos
casos continuará la negociación, pero quizás no en
la forma en que lo hizo Pastrana. El hecho de que Pastrana haya entregado
la zona desmilitarizada y otras concesiones a las FARC como paso previo
al inicio de las conversaciones ha levantado varias críticas en
el país. Serpa o Sanín encararían las conversaciones
atendiendo a estas críticas y buscando ser más “duros”,
pero sin abandonar la mesa de negociaciones. Lo que continuará
igual es la colaboración de Estados Unidos en el fortalecimiento
del Ejército colombiano.
–¿Esta colaboración continuará incluso bajo
el gobierno de Bush en Estados Unidos, que no ha dado señales claras
sobre el asunto?
–La Administración Bush no dio pautas claras sobre Colombia
porque es normal que un nuevo gobierno se tome su tiempo para reevaluar
lo que hizo el anterior. Pero justamente el equipo de Bush ha enviado
señales indudables: quienes se ocuparán de América
Latina, y de Colombia en particular, tienen una amplia experiencia en
Centroamérica con los contras nicaragüenses, lo cual no es
precisamente una garantía de moderación. En segundo lugar,
la Administración Bush ha formulado la iniciativa regional andina,
que es una ampliación del Plan Colombia a los países andinos.
–¿Y con el ELN qué va a pasar? ¿Es posible,
como se dice en Colombia, que Pastrana ordene otra zona de despeje, esta
vez para el ELN?
–Sí, yo creo que va a ser así. Además, está
claro que las condiciones con el ELN serán distintas que con las
FARC. Ya se ha pactado que habrá una reglamentación de las
actividades en esa zona y que también habrá una verificación
nacional e internacional de esa verificación.
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