Por Horacio Verbitsky

En 1989, Domingo Cavallo aconsejó a Carlos Menem que no ayudara al agonizante gobierno de Raúl Alfonsín a frenar la hiperinflación. Entonces, como ahora, el Poder Ejecutivo imaginaba retóricas fórmulas de acuerdo y concertación para apaciguar el temblor. “Que le estalle en las manos. Después será más fácil aplicar las medidas necesarias”, dijo Cavallo. Doce años después, ante el llamado presidencial, Cavallo recibió un consejo similar de su familia, pero lo desechó. Hoy las manos en peligro son las suyas. Entonces como ahora, la clave de la crisis debe buscarse en la ruptura del equilibrio entre los sectores dominantes en la sociedad. En un caso se disputaban las transferencias y los subsidios pagados por un declinante Estado de bienestar para pocos, que cortado el financiamiento que lo sostenía entraba en quiebra. En el otro, el botín son las exacciones que el Estado les permite hacer a la sociedad, su conversión a moneda segura y su fuga, gracias al financiamiento en dólares que hasta ahora el mismo Estado les garantizaba. Como no puede seguir subsidiando esa fiesta, vuelve a quebrar.
La oposición se preocupa por sostener al gobierno, porque calcula que la maduración de la crisis será larga y prefiere que Fernando De la Rúa cargue con sus consecuencias. Pese a la creciente debilidad que hoy exhiben De la Rúa y Cavallo, las elecciones anticipadas son hoy un objetivo menos deseable para el gobernador de Buenos Aires Carlos Rückauf. Su propósito era forzar esa salida porque sabía que su provincia estaba al borde de la cesasión de pagos. Deseaba anticiparse, y no lo logró. El escándalo de los fondos que la Nación transfirió para el pago a los docentes bonaerenses y que fueron distraídos hacia otros fines y la cancelación de sueldos con bonos basura, que esta vez no llevarán la firma del gobernador sino la efigie más adusta de Dardo Rocha, han entibiado el fervor eleccionario de Rückauf. Su desgracia ha revivido, además, las aspiraciones de Eduardo Duhalde, quien nunca le cedió el control del aparato partidario y sueña con una segunda oportunidad. La eventual alianza que ha comenzado a aproximar a los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, José De la Sota y Carlos Reutemann, quienes piensan pagar los sueldos con pesos, también ha debilitado el impulso rucufista. Su propuesta del viernes de abandonar las camisetas partidarias y “envolverse en la bandera” evoca el célebre aforismo del doctor Samuel Johnson, el intelectual inglés más apreciado del siglo XVIII, según el cual “el patriotismo es el último refugio de los pícaros”. Rückauf no está solo en este brote. La bandera es el tema de los avisos del jabón Ala, el agua Villavicencio y el banco Credicoop, y de muchos actos sindicales. Los rollos de tela “Bandera” han inundado hasta las mercerías de barrio, como si no fueran argentinos los grandes responsables de la bancarrota. Otra curiosidad de estos días: la muerte de Juan D. Perón y la prisión de Carlos Menem han dejado al principal partido del país a la deriva, a tal punto que antes de pronunciar su presumible apoyo al ajuste sus gobernadores decidieron aguardar el pronunciamiento de Raúl Alfonsín. Aguante el Tercer Movimiento Histórico.

Ilusiones perdidas

Bajo la presidencia de Menem, los grupos económicos locales y los acreedores externos zanjaron sus diferencias a expensas de los restos del Estado, cuyo desguace alimentó la voracidad de unos y otros. Luego de unos años de superganancias esa plácida asociación se desarmó y cada sector siguió su propio rumbo. Que la fractura de esa alianza social coincidiera con el alejamiento de Cavallo del ministerio de Economía alentó la ilusión de que su regreso podría armonizar una vez más esos intereses contrapuestos. Cuatro meses más tarde, Cavallo da vueltas de calesita en torno del punto fijo de la recesión. Comenzó prometiendo reactivación y heterodoxia y terminó postulando un craso ajuste sin otro límite que la recaudación, que reduce el sueldo o la jubilación a una mera conjetura. La frialdad de psicópata con que cada día explica los indiscutibles beneficios de una política opuesta a la de la noche anterior, ha shockeado a algunas personas de buena y grande fe que, con desprecio por las señales de la realidad, se ilusionaron con sus artes de vudú. La inconsistencia técnica de las sucesivas propuestas de Cavallo sólo asombra a quienes no habían advertido que la derrota de la hiperinflación fue un proceso simultáneo en toda América Latina, conducido por los organismos internacionales de crédito y los bancos prestamistas, y no un milagro argentino debido a aquellos ojos celestes. Las políticas que llevó adelante hasta marzo José Luis Machinea implicaban penurias y no rompían con el esquema imperante desde hace más de una década. Pero no se basaban en el engaño deliberado y la mentira burda.

De eso no se habla

En ninguna de sus presentaciones de la última semana, Cavallo dialogó con alguien que pudiera formular preguntas u objeciones a sus apotegmas. Sólo así pudo jactarse de que allegaría recursos persigui-endo a los evasores, como si la guerra al contrabando no hubiera sido una de las obsesiones de De la Rúa desde que asumió el gobierno y dijo que se ponía personalmente al frente de esa cruzada. Por lo visto, con éxito cero. Cavallo tampoco se puso al alcance de nadie que lo indagara sobre qué fundamento usa para cifrar en 1.500 millones de dólares el ahorro necesario hasta fin de año y no en 3.000, contemplando los vencimientos ya comprometidos del megacanje y siempre que el Producto Interno Bruto del año tuviera la gentileza de no arrojar una vez más saldo negativo. Y eso no para llegar al declamado déficit cero, sino al de 6.500 millones de dólares pactado con el Fondo Monetario Internacional. Al fingir demencia sobre la caída en la recaudación que sin dudas producirán estas medidas, obvió admitir que la reducción salarial, previsional y a proveedores tanto puede ser del 10 como del 20 por ciento y, en cualquier momento, complementarse con despidos masivos. Estos ya fueron anticipados en los considerandos del decreto 896, según los cuales la Corte Suprema de Justicia estableció que “el derecho a la estabilidad en el empleo público” no es absoluto y debe subordinarse al “interés general” (de los banqueros). Aun así, el sector financiero y sus intérpretes consideran que sólo determinadas transformaciones estructurales tornarían irreversible la nueva situación. Entre ellas la completa privatización del sistema de salud y, en consecuencia, la desaparición del PAMI y la desregulación definitiva de las obras sociales; el arancelamiento de la educación, ya sea sobre los lineamientos de Juan Llach o los de Ricardo López Murphy; la inducción a la baja del gasto primario de las provincias y la reformulación del sistema político, invocando su costo de funcionamiento como justificación.
Las marchas y contramarchas del período iniciado en marzo, con la simultánea llegada de Cavallo y del otoño, se explican por la tentativa una y otra vez frustrada de sintetizar los intereses nuevamente contradictorios de los sectores dominantes, como lo reflejan las propuestas de devaluar la moneda o dolarizar la economía. Lo más probable parece hoy una combinación de ambas calamidades, no una salida ordenada y con acuerdo de la Reserva Federal de los Estados Unidos sino en plena estampida y sálvese quien pueda. La sucesión de tres ministros de economía en un año y medio da cuenta de la inhabilidad oficial para definir y sostener una política sin revertir los lineamientos centrales del modelo de apertura, desregulación y privatizaciones que, por definición, es deficitario y por cada punto de crecimiento del Producto Interno Bruto genera dos puntos de incremento del endeudamiento. Ellos surgen de la suma de los fondos que salen por importaciones, remisión de utilidades, servicios reales y lisa y llana fuga de capitales. En tales condiciones, sólo la recesión puede minimizar el endeudamiento. Pero la adopción del estancamiento y la caída de la actividad como política deliberada del Estado es insostenible en términos sociales y políticos. No sólo requiere de una nueva coalición de gobierno, que ni De la Rúa ni Cavallo parecen con fuerza para sustentar. Tampoco es compatible con una democracia de calidad. Un anticipo ha sido la rebaja de salarios y la garantía de la recaudación estatal para los pagos de la deuda pública. El Congreso las excluyó en forma explícita de las facultades extraordinarias cedidas hace cien días al Poder Ejecutivo, pero el gobierno las aplica de facto. Detrás de estas extralimitaciones ilegales asoma un dispositivo de represión, en línea con el reclamo del banquero Eduardo Escasany.

“Interoperabilidad”

En ese sentido no puede pasarse por alto la programación de “Cabañas 2001”, un ejercicio que el gobierno nacional se propone realizar con tropas de los Estados Unidos, nada menos que en Salta y que durará todo un mes, entre el 17 de agosto y el 16 de setiembre. El Cabañas 2000 había ocurrido en setiembre pasado, en Córdoba. El presidente del Servicio de Paz y Justicia, Adolfo Pérez Esquivel dijo a este diario que la programación original de este año debía realizarse en El Dorado, Misiones. “Eso fue denunciado hace cuatro meses por la Iglesia Evangelista y ahora, de repente, se desplaza a Salta”, dijo. El momento escogido no pudo ser más significativo. El 17 de junio la Gendarmería despejó la ruta 34 cortada a la altura de General Mosconi, en un episodio dramático que produjo dos muertes y medio centenar de heridos de bala. El 20, De la Rúa y sus ministros Chrystian Colombo, Horacio Jaunarena y Adalberto Rodríguez Giavarini solicitaron al Congreso que autorizara el ingreso al país de las tropas estadounidenses, brasileñas, chilenas, paraguayas, bolivianas, ecuatorianas, peruanas y uruguayas que participarán en el ejercicio, que simula una operación de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Esto contribuirá a “reforzar la confianza mutua” y “una mejor interoperabilidad”, fundamentaron. El propósito es el entrenamiento de las Fuerzas Armadas de la región “en un campo de batalla compuesto por civiles, organizaciones no gubernamentales y agresores potenciales” (sic). El martes pasado el pedido se trató en la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, que preside el menemista Miguel Angel Toma. Ante la ambigua explicación del objetivo se acordó que Toma pediría explicaciones adicionales al secretario de Asuntos Militares Angel Tello.

“Nuevas amenazas”

Tello responderá que este tipo de prácticas, del nivel de un batallón combinado, se realizan desde 1996 y que el Cabañas 2002 se desarrollará en Chile. Consisten en ejercicios de mantenimiento de la paz en un país imaginario “en el cual se reafirman las políticas de cooperación regional de países sudamericanos”. De los 1.200 efectivos participantes 700 serán argentinos, 200 norteamericanos, 40 bolivianos, 45 brasileños, 45 chilenos, 40 ecuatorianos, 40 paraguayos, 45 peruanos y 45 uruguayos. Pérez Esquivel destacó que los únicos países sudamericanos excluidos fueron Colombia y Venezuela. Junto con la Cancillería y Defensa, intervendrá el Estado Mayor Conjunto (EMC).
El 25 de febrero pasado, en esta página se dio a conocer el seguimiento que el Estado Mayor Conjunto, a cargo del general de división Juan Carlos Mugnolo, practica sobre las “Amenazas hacia la República Argentina”. Mugnolo analiza un hipotético apoyo de las FARC colombianas a indeterminados “grupos violentos” argentinos, pone bajo la lupa militar a organizaciones ecologistas y de derechos humanos, contempla la participación de las Fuerzas Armadas argentinas en el conflicto colombiano pero también cuestiones tan alejadas de la competencia militar como la inmigración, el movimiento de los Sin Tierra y el lavado de dinero. Para que no queden dudas sobre el grado de autonomía intelectual de los autores, tanto el mapa de Bolivia como el de Paraguay tienen sus referencias en inglés. La frontera internacional se identifica como “international boundary”, las vías férreas como “railroad”, las carreteras como “road”. Brasil está escrito con Z.
Según el informe, cuando Estados Unidos “instaló la idea de que el narcotráfico puede ser igual a la guerrilla” lo que “era un problema de represión policial”, ahora “puede eventualmente involucrar a las Fuerzas Armadas”. Ya el 16 de marzo del año pasado, al inaugurar el Curso Superior de las Fuerzas Armadas, el ex ministro de Defensa López Murphy había enumerado las “nuevas amenazas” que se cernirían sobre la sociedad: “la pobreza extrema, la superpoblación y migraciones masivas, el terrorismo internacional, el narcotráfico, el fundamentalismo religioso y las luchas étnicas y raciales”. Frente a ellas, el poder militar tendría que “asumir nuevos roles y compromisos”.
Es notable que ninguna de las amenazas que se derivarían para la Argentina de la regionalización del conflicto colombiano sea de índole militar. El documento menciona el incremento de la producción y el tráfico de marihuana y de cocaína desde Paraguay y Bolivia “a través de Salta y Jujuy”; el desplazamiento de lugares de elaboración hacia nuestro país; el incremento del tráfico de precursores; el tráfico de armas desde Paraguay hacia la Argentina y desde la Argentina hacia Bolivia. Con la misma concepción de la seguridad nacional que en la década del 70 condujo a las Fuerzas Armadas argentinas a su peor catástrofe histórica, el informe analiza las “ocupaciones de propiedades privadas en zonas urbanas y rurales” por parte del movimiento paraguayo de los Sin Techo, a quienes atribuye presunto apoyo logístico de las FARC colombianas, que además apoyarían a “los grupos violentos, capitalizando la grave situación socioeconómica, para promover la denominada guerra social”. Su primera fase consistiría en “protestas sociales, sectoriales y sindicales en Ecuador, Colombia y Perú”. La segunda fase comprendería a Brasil, México y la Argentina “con el objetivo de lograr la desestabilización general”. El informe atribuye las denuncias de los peligros del Plan Colombia para la región a no identificadas ONG “simpatizantes de las FARC”. Este afirmación dogmática permite descalificar como presunta partidaria de la guerrilla a cualquier persona u organización que impugne la militarización estadounidense del conflicto. Añade que las FARC buscarían contacto con el movimiento de los Sin Tierra brasileños. De este modo va constituyendo un nuevo enemigo único y consigna que el 30 por ciento de los militares brasileños asignados en la Amazonia “son indígenas”. La misma impronta racista se advierte en el capítulo dedicado a Ecuador, según el cual “persiste el problema del indigenismo en el país (47 por ciento)” que “agravará los conflictos internos”. Para el Ejército argentino, que suprimió el indigenismo local con la campaña al desierto del siglo XIX, el indigenismo ecuatoriano es uno de los factores que sume a ese país “en una ola de decadencia e inestabilidad” (sic). El general Mugnolo es pelirrojo y pecoso.
Una planilla de actualización que el Estado Mayor Conjunto envió a las jefaturas de inteligencia del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea se aventuró en temas políticos, ajenos a la competencia castrense: “De mantenerse una política permeable en cuanto a control de migración nuestro país seguirá siendo utilizado por extranjeros (en su mayoría de Bolivia, Paraguay y Perú, indocumentados) para ingresar droga, con complicidad de mercaderes locales”. También prevé “presiones económicas, políticas ymilitares de Estados Unidos, para involucrar más activamente [a la Argentina] a apoyar el Plan Colombia”, de lo cual el propio documento es una buena prueba. Su vaticinio es que con tal fin “Estados Unidos podrá llevar a cabo acciones que convulsionen los ámbitos político-económicomilitar en Latinoamérica”.
El documento vaticina que cuando Estados Unidos realice “Operaciones Militares Decisivas” la estructura del narcotráfico “se va a desplazar hacia el sur, afectando no sólo a los países andinos (zona de producción) sino a los países que han sido tradicionalmente zona de tránsito y detalla tres fases. La primera (entre 2000 y 2002) consistiría en asistencia a los países de la región en el aumento de sus capacidades para actuar en las zonas de producción. La segunda (2002-2007), en el apoyo a operaciones regionales decisivas. La tercera (a partir de 2007) sería de mantenimiento de los logros obtenidos. En la primera fase se establecerán “lazos operacionales y tácticos”. El Ejercicio Cabañas demuestra que se está cumpliendo con lo previsto.

El amigo americano

Por H.V.

El International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ, divulgó hace 72 horas en Washington un completo informe sobre “Ayuda militar norteamericana y violaciones a los derechos humanos”. El ICIJ es una organización que reúne a más de 80 periodistas de casi medio centenar de países, convocados por el Center for Public Integrity para realizar investigaciones sobre temas globales*. Luego de revisar documentos oficiales y entrevistar a dirigentes militares y civiles involucrados, el informe, editado por Arthur Allen, Bill Allison y Maud Beelman, y en el que intervinieron otros catorce periodistas, concluyó que un factor clave pero no declarado del Plan Colombia es “la protección del petróleo y de los intereses comerciales estadounidenses”.
El 5 de marzo de 1998, el entonces jefe del Comando Sur, general Charles E. Wilhelm, explicó ante la Comisión de Defensa del Senado de los Estados Unidos las motivaciones del programa de ayuda militar a Colombia. Nadie cuestiona la importancia estratégica del Medio Oriente, pero Venezuela sola provee la misma cantidad de petróleo a los Estados Unidos que todos los estados del Golfo Pérsico juntos. El descubrimiento de grandes reservas de petróleo en Colombia, y las disponibilidades en Trinidad Tobago y Ecuador, realzan aún más la importancia estratégica de los recursos energéticos de esta región”. Las grandes compañías petroleras presionaron al Congreso, de modo de asegurar sus inversiones allí y “crear un mejor clima para la futura exploración de las enormes reservas potenciales de Colombia”.
Según el mismo general Wilhelm los gobiernos democráticos de la región tienen avidez por las inversiones y el comercio norteamericano. América Latina constituye un bloque comercial colosal, rico en recursos naturales, con bajos costos laborales y millones de consumidores potenciales de productos norteamericanos, comenta el informe del ICIJ. En 1990 recibía el 13 por ciento de las mercaderías norteamericanas exportadas. En 2000, el 20 por ciento. “Al ingresar al nuevo milenio se prevé que el comercio con la región superará al comercio con Europa y las proyecciones indican que en 2010 será mayor que el comercio estadounidense con Europa y Japón juntos”, dijo Wilhelm. La llegada al gobierno de Venezuela del coronel Hugo Chávez, “y su coqueteo con la guerrilla colombiana alarmó a algunos funcionarios norteamericanos”, agrega el informe.
Según el ex profesor de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, Donald E. Schulz, “en los círculos oficiales, que consideran la lucha contra la droga como una forma de combatir la insurgencia por la puerta trasera, se estima que si fuéramos sinceros acerca de lo que estamos haciendo, la oposición política sería tan grande que la ayuda norteamericana a Colombia se reduciría en forma sustancial, perjudicando las guerras contra los narcos y la guerrilla”. Algo similar, si bien con una valoración distinta, afirma el principal asesor militar del presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso. Según el general Alberto Cardoso, al extinguirse el comunismo, el narcotráfico “apareció en forma natural como la nueva causa para justificar los mismos intereses geopolíticos y geoestratégicos” de los Estados Unidos y “sus operaciones militares externas”. El predecesor del general Cardoso, el juez Wálter Fanganiello Maierovitch, renunció en abril de 2000 por la excesiva obediencia brasileña a la presión estadounidense en favor de iniciativas como el Plan Colombia, al que describió como “pura táctica de distracción”. Brasil no participó en el Ejercicio Cabañas 2000, pero sí lo hará este año. Fanganiello Maierovitch agregó que en vez de procurar la erradicación de cultivos, Estados Unidos debería centrarse en los flujos de dinero del comercio de estupefacientes, “restringiendo las transacciones bancarias ilegales y cayendo sobre el lavado de dinero”.
Durante el debate legislativo del Plan Colombia, el opositor representante demócrata por Wisconsin David Obey recordó que en 1964 la resolución sobre el Golfo de Tonkin, que escaló la guerra de Vietnam, sólo se debatió dos días en el Senado y cuarenta minutos en la cámara baja. “El Congreso no ha dejado de arrepentirse desde entonces por no haber considerado esa propuesta más detenidamente”, dijo. Ahora es el turno de que lo piensen sus colegas argentinos.

* Los miembros argentinos del ICIJ son Daniel Santoro, Ernesto Tenembaum y el autor de esta nota.

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