Por Raúl Kollmann

La defensa del ex comisario Juan José Ribelli tratará de probar que toda la acusación en su contra se basa en el testimonio del armador de autos truchos Carlos Telleldín y que ese testimonio fue comprado en 400.000 pesos pagados por la SIDE o el juez Galeano. Lo intentarán probar, entre otras cosas, con una escucha telefónica que está en la causa, y en la que se escucha la siguiente conversación entre Telleldín y su esposa Ana:
“Telleldín: –Mañana vas con Víctor (Stinfale, el abogado de Telleldín).
Ana: –Sí, ya arreglé.
Telleldín: –Acordate que tiene que ser el banco Galicia, que tiene sucursal en Uruguay. Ya le expliqué a Víctor, son veinte mil para él, cuarenta mil para vos.
Ana: –Sí, sí, no hablés tanto.
Telleldín: –Y ciento cuarenta los mandás a Uruguay.”
Según la defensa de Ribelli, esos 200.000 dólares fueron el primero de los dos pagos que finalmente se depositaron en la sucursal Montevideo de la Banca Nazionale del Lavoro, en la cuenta 68217.
Los fiscales Eamon Mullen, José Barbaccia y Alberto Nisman, junto a los abogados de la AMIA y la DAIA, y los allegados a las víctimas nucleados en la agrupación Familiares, sostienen que se trata sólo de maniobras: “Las pruebas son categóricas. Ribelli y los demás policías bonaerenses tuvieron en su poder la camioneta y demostraremos que además sabían que se iba a utilizar para un atentado. El testimonio de Telleldín ni siquiera es decisivo para la causa. Hay testigos, incluso de la propia agencia de Ribelli, que lo vieron con la camioneta, y además presentaremos otros testigos”, sostiene Marta Nercellas, letrada de la DAIA.
Por su parte, el grupo Memoria Activa intentará mostrar que toda la operación del atentado ya era conocida por la SIDE en los meses previos a aquel 18 de julio y por ello, después, la central de espías hizo lo imposible por desviar la pesquisa. Una de las pruebas más sorprendentes que presentará Memoria es el testimonio de Fabián Bustos, encargado del estacionamiento Sudeley, donde se intentó dejar, el viernes anterior al atentado, la Trafic que tres días más tarde se usó como coche bomba. Las maniobras de la camioneta quedaron registradas en un video –hay circuito cerrado de seguridad–, pero la SIDE ni siquiera pidió las cintas para identificar al conductor del vehículo.
Estas son algunas de las estrategias centrales que se van a dirimir en el juicio por un aspecto parcial del atentado contra la AMIA. A siete años del ataque debe quedar claro que no se juzga, porque nada se sabe de ellos, a los que consiguieron los explosivos, a los que armaron la camioneta para hacer volar a la AMIA, a los que colaboraron con las tareas de inteligencia, al grupo local –seguramente islámico– que dio apoyo a la operación y, todavía mucho menos, al que manejó la Trafic y la incrustó en el edificio de la calle Pasteur, matando a 85 personas. Lo que sí se juzga es a un armador de autos truchos, Carlos Telleldín, y a varios policías bonaerenses por haberle suministrado, una semana antes de la explosión, el vehículo que los terroristas usaron como coche bomba.

El Enano

Sin dudas, Carlos Telleldín será el personaje central del juicio. En la causa declaró distintas cosas y dio versiones sucesivas muy distintas de lo sucedido. Lo concreto es que el 10 de julio de 1994, ocho días antes del atentado, al camioneta Trafic estaba en su poder. El dijo primero que se lo vendió a un personaje misterioso, con acento centroamericano y con documento falso a nombre de Ramón Martínez. Después, cambió de versión: sostuvo que los policías bonaerenses lo extorsionaban por sus negocios turbios de armado de vehículos con partes robadas. En el marco de esaextorsión a la que era sometido por Ribelli y compañía –la extorsión está muy probada– les habría entregado la Trafic como parte de pago.
¿Qué versión mantendrá Telleldín en el juicio? No se sabe, pero quienes están cerca de El Enano, como lo llaman a Telleldín, sostienen que mantendrá a toda costa la versión de que les entregó la camioneta a los policías. La idea es, trascartón, acogerse a la ley del arrepentido y pedir una reducción de condena. Los allegados a Telleldín hacen el siguiente cálculo: si lo condenan a cadena perpetua, equivale a 25 años de cárcel, pero aplicando el dos por uno, Telleldín –que está preso desde 1994– ya tiene acumulado el equivalente a 15 años de prisión, por lo que aspira a quedar libre con la ley del arrepentido. Los querellantes dicen que no hay que ir tan rápido y le auguran años en la cárcel.
Más allá de lo que diga o no diga El Enano, lo trascendental igual serán las pruebas. No basta con lo que cuente, sino que los fiscales, los querellantes y el propio Telleldín deberán demostrar lo que pasó. Si le dio la camioneta a los policías, habrá que sostenerlo con pruebas o testimonios sólidos.
Para los fiscales, la DAIA, la AMIA, Familiares y Memoria Activa, Telleldín es una pieza clave de la trama y consideran que sabe bastante más de lo que dice. El letrado de Memoria Activa, Alberto Zuppi, sostiene que hay elementos de importancia que lo incriminan: “El mismo día del atentado, ya sabía qué se había hecho con la camioneta de su propiedad. Además tenía los elásticos reforzados para que no se notara la carga de explosivos y de la tierra que se usó para direccionar la explosión. Son todas pruebas contra Telleldín y siempre denunciamos que el juez Galeano se negó sistemáticamente a meter presa a la esposa de Telleldín, Ana Boragni, y al amigo de la pareja, Hugo Pérez, contra los que también hay pruebas. Hasta nosotros tuvimos que hacer una presentación para que no prescribiera la causa contra Telleldín”.
La abogada de la DAIA, Marta Nercellas, insiste en que “los dichos de Telleldín sólo vinieron a completar la investigación que el juez Galeano ya tenía en curso. En 1995 la DAIA denunció la participación de policías y eso fue antes de la declaración de Telleldín. Respecto de la participación del propio Telleldín es evidente que armó una cantidad enorme de pruebas falsas y eso lo hizo porque tuvo que ver con el atentado, o al menos con que sabía que se iba a cometer con la camioneta un hecho equivalente. Mintió reiteradamente, armó dos camionetas, una para desviar la atención, y todavía no dijo de dónde sacó ni qué hizo con la carrocería de la Trafic cuyo motor apareció entre los escombros de la AMIA. O sea que diseñó, aún antes del atentado, una trama para desviar la pesquisa. Eso demuestra que jugó el papel de partícipe necesario”.

Juancito

Una de las estrategias fundamentales de los abogados de Juan José Ribelli es demostrar que “acá se elaboró una historia mentirosa –señaló a este diario José María Ubeira, defensor del ex comisario– y armaron una causa para encubrir todo y tapar la verdad. El Estado sabía muchos meses antes, lo que se demuestra con los seguimientos que se estaban haciendo en el marco de una causa que manejaba el juez Santamarina de Lomas de Zamora. Buscaron un responsable y para ello le pagaron a Telleldín”.
La prueba más novedosa que tiene Ribelli para demostrar que al Enano le pagaron 400.000 pesos son una serie de escuchas entre Telleldín y su esposa Ana. Esas escuchas están en la causa y ésta es parte de la transcripción:
Llama al control Carlos Alberto Telleldín. Atiende en el control Boragni:
“Telleldín: –Mañana voy a Tribunales, así que cuando terminás con Víctor (Stinfale) nos vemos allá. Ana: –Sí, voy a ir después de que terminemos eso.”
En esta parte se produce el diálogo en el que Telleldín instruye a Boragni sobre la forma de distribuir los primeros 200.000 pesos supuestamente pagados para que él declare en la causa. Después sigue así:
“Ana: –Esta bien, mi amor. Vos decías que mañana termina toda esta historia.
Telleldín: –Por lo menos una parte. La otra parte va a ser la semana que viene, pero también es la misma historia.
Ana: –Ya hablaron con Víctor y ya arreglaron todo.”
La escucha se completa con otra, el lado A, de la vuelta 0800, en la que Ana habla con un tal Anietti, de la Banca Nazionale del Lavoro, en la que se hace referencia a la cuenta que supuestamente abrió Ana Boragni en Montevideo y en la que se depositó el pago por la declaración de Telleldín. Es la cuenta 68217.
Toda esta evidencia también se relaciona con el famoso video en el que aparecen el juez Juan José Galeano y Carlos Telleldín negociando una cifra que se le pagaría al acusado por realizar una especie de confesión y transcribirla en un libro. Hubo una acusación judicial contra Galeano -fue sobreseído– y otra contra Ribelli, que supuestamente intentó extorsionar al magistrado amenazándolo con hacer público el video. Todo esto será también parte del juicio oral.
La cuestión del pago de 400.000 pesos a Telleldín deberá ser evaluada por el Tribunal Oral y serán los jueces quienes determinen qué peso tiene todo este manejo. La DAIA considera que aunque se pruebe que a Telleldín le pagaron, la acusación contra los policías no cambiará mucho porque se basa no sólo en los dichos del Enano, sino en otras pruebas. Entre ellas se menciona la declaración de dos empleados de Ribelli que habrían visto a su patrón con la Trafic. También aparecen otras evidencias, como escuchas telefónicas en las que el ex comisario se muestra preocupado por la evolución de la causa AMIA y una aparición extraña de Ribelli en el hotel Conti, justo en el momento en que vivían allí investigadores del atentado. Para otros juristas, si se comprueba que el juez o la SIDE le pagaron en forma clandestina a Telleldín por su declaración, el caso sería gravísimo y pondría en riesgo toda la prueba contra los policías.
Por último, el ex comisario tendrá que explicar un blanqueo de 2.500.000 pesos realizado en época del atentado. Es una cifra de gran envergadura: el juez cree que fue el pago por la cooperación con el atentado, otros piensan que Ribelli era millonario por las extorsiones y la increíble corrupción con la que se manejaba en la Bonaerense.

La filmación

En el juicio, Memoria Activa tratará de demostrar no sólo la responsabilidad de Carlos Telleldín sino también que el atentado estaba en conocimiento de la SIDE, que a la central de espías “se le escapó” y que por lo tanto toda la investigación posterior no estuvo orientada a averiguar quién puso la bomba sino a encubrir el supuesto fracaso de la SIDE y el Estado argentino.
En esa línea de argumentación impresiona la foja 78065 del expediente en la que aparece declarando Fabián Bustos, encargado de Sudeley, el garage del sanatorio Otamendi Miroli. La playa está ubicada a unos metros de Jet Parking, el estacionamiento en el que quedó la Trafic entre el viernes 15 –tres días antes del atentado– y el domingo 17 o lunes 18, en los momentos previos al ataque. Sucede que hubo un intento de estacionar la Trafic en Sudeley y, asombrosamente, Bustos sólo relata los hechos el 20 de junio de 2000, casi 6 años después del atentado. Según el encargado, estuvo hablando unos 10 minutos con el que manejaba la camioneta aquel viernes 15 de julio: “Tenía barba prolija, altura media y color de piel medianamente oscura. Según su acento parecía extranjero, podría ser árabe,turco, iraní o algo así. Finalizó el diálogo tras entender el conductor que no era posible estacionar la camioneta en el lugar porque no entraba por la altura”.
Lo más grave es que Bustos relata que pocos días después del atentado, agentes de la SIDE estuvieron en la playa de estacionamiento y él les hizo el relato. Por entonces todavía estaban las cintas de video en la que quedaban registrados todos los movimientos que se producían en la playa. Sin embargo, la SIDE no se los llevó y en la causa judicial no aparece ninguna referencia concreta a esa pista en la que estuvieron cara a cara el playero y, supuestamente, el terrorista.
Los familiares agrupados en Memoria Activa también resaltan las declaraciones del ex secretario de Galeano, Claudio Lifchitz, quien trazó una pintura de distintas maniobras que se habrían hecho dentro del juzgado: armado de testigos, adelantarles que foto debían señalar antes de una prueba de identificación y –nuevamente– la convicción de que la SIDE sabía del atentado antes de que se produzca. Lifchitz será, según parece, un testigo importante en el juicio.

El juicio

La mayoría de los observadores coincide en que el juicio toma un aspecto muy parcial del atentado y que no estarán en el banquillo los principales responsables del ataque. Sin embargo, también se sugiere que en las audiencias orales puede haber enfrentamientos, choques y es posible que aparezcan –así lo anuncia Nercellas– varios testigos inesperados que probarían la participación de los policías.
En principio, Telleldín tratará de acogerse a la ley del arrepentido, Ribelli y los demás uniformados sostendrán que no tuvieron nada que ver y que nunca tuvieron en su poder la camioneta, los fiscales y querellantes los señalarán como cómplices y Memoria Activa intentará demostrar que la pesquisa fue un armado. Por ahora, la cita es en la segunda semana de septiembre y ante la mirada del mundo entero.

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