El
recorte que el Gobierno nacional aplicará sobre los sueldos de
la administración pública y haberes jubilatorios superiores
a 300 pesos mensuales será del 13 por ciento y se aplicará,
por lo menos, durante un trimestre. El piso para el ajuste de las jubilaciones
podrá subir a 400 pesos si los poderes Legislativo y Judicial suman
a sus funcionarios y personal al sacrificio salarial, y a 500 pesos si
además vota una ley eliminando las exenciones vigentes en el impuesto
a las transacciones bancarias. Las remuneraciones de los funcionarios
políticos se recortarán en el doble del porcentaje del resto,
en un 26 por ciento, y además regirá un tope equivalente
al sueldo de jefe de Gabinete (luego del recorte), por encima del cual
no podrá cobrar ningún funcionario ni empleado, incluida
toda forma de haberes. Ese ajuste del 13 por ciento también se
extiende a los pagos de los proveedores del Estado. En la eliminación
de las exenciones en el impuesto a las transacciones financieras no se
aclaró qué pasará con las cajas de ahorro. También
se promete un duro ajuste en las contrataciones políticas
de asesores y funcionarios en las distintas áreas de gobierno.
De acuerdo con un instructivo firmado por el presidente de
la Nación dirigido a cada uno de sus ministros, se enviarán
tres proyectos al Congreso. Uno propone extender al ámbito legislativo
y judicial (funcionarios y personal) la baja en las remuneraciones resuelta
en el Poder Ejecutivo; otro proyecto se refiere a la eliminación
de exenciones en el impuesto a las transacciones financieras y, finalmente,
se pide una modificación en el artículo 1º de la ley
de IVA para sustituir la obligación de pagar el impuesto según
el momento de devengamiento de la operación (fecha de factura)
por el de percepción (fecha de cobro del servicio o venta).
Según prometieron, no bien prospere una de las dos primeras iniciativas
se subirá a 400 pesos el piso de jubilaciones alcanzadas por el
recorte, y en caso de ser aprobadas las dos, se llevará a 500 pesos.
Aunque los distintos funcionarios consultados eludieron hacer referencias
a cifras, de acuerdo a lo señalado por el presidente De la Rúa
en su discurso, con el piso de 300 pesos queda excluido del ajuste el
70 por ciento de los pasivos, y de llevarse el piso a 500, quedaría
afuera el 85 por ciento.
Según refirió a Página/12 Armando Caro Figueroa,
vicejefe de Gabinete, existen en el Estado un número no inferior
a 300 funcionarios que cobrarían por encima de la remuneración
del jefe de Gabinete, y unos 25 mil contratados de los cuales muchos
son cargos políticos. Señaló que de estos últimos
primero serán reducidos por monto, y después deberá
adoptarse una decisión de cuántos contratos podrá
tener cada área. Aclaró además que el ajuste
salarial afectará a todo tipo de remuneración, incluidas
las denominadas unidades retributivas, una forma de pago de
manejo discrecional de cada ministro.
Las exenciones vigentes en el impuesto a las transacciones financieras
serían eliminadas prácticamente en su totalidad, de acuerdo
con el proyecto que el Ejecutivo le reclamará al Congreso que convierta
en ley. El objetivo es bloquear las prácticas de elusión
que el gobierno detectó que venían operándose en
las últimas semanas. Ayer, el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo,
hizo referencia a maniobras realizadas a través de cooperativas
y mutuales aprovechando su condición de exentas, con un costo para
el fisco de 50 millones de pesos en un solo mes. Un importante banquero
describió a Página/12 estas operaciones. Las cooperativas
se ofrecían como Tesorerías de las empresas, poniendo sus
cuentas a disposición para hacer las cobranzas y los pagos,
a cambio de una remuneración por los servicios siempre muy inferior
al impuesto ahorrado. La eliminación de la exención propuesta
afectará a todas las cooperativas y mutuales, más allá
de que hayan hecho o no estas maniobras. Lo mismo sucedería con
los comisionistas y otras actividades excluidas de la obligación
del impuesto, lo cual pondrá a más de una en riesgo cierto
de desaparición. En cambio, desde el gobierno no supieron informar
si entrelas exenciones que se eliminen también se incluye todo
depósito o retiro en caja de ahorro.
Fernando de la Rúa se juega con este paquete, anunciado en forma
desprolija el jueves pasado e intentado maquillar en los días siguientes
hasta poner fin ayer al tironeo político, a tranquilizar a los
mercados. Su elección por el ajuste de Cavallo frente a los amagues
de fractura del Frepaso y a la presión del radicalismo de la mano
de Raúl Alfonsín es su carta de presentación ante
los analistas que le reclaman liderazgo. Hasta último momento buscó
alternativas para no tocar las jubilaciones, pero el sector más
duro del Gobierno lo convenció de que en ese capítulo no
había posibilidades de dar marcha atrás.
Es la primera vez que se lo vio tomar una medida con decisión,
exageró uno de los banqueros que participó de las negociaciones
en Jefatura de Gabinete durante todo el fin de semana. Aunque, su conclusión
no fue muy elogiosa sobre la capacidad de liderazgo para el Presidente:
Más vale tarde que nunca. Ahora habrá que ver,
en la apertura de los negocios, si para frenar la corrida financiera será
suficiente.
¿Qué
hará EE.UU.?
Cuando
la corrida financiera se aceleró la semana pasada, y ante
el temor del default, analistas y financistas empezaron a observar
cuál será la reacción de Estados Unidos ante
la crisis de Argentina. Lo que está claro es que Washington
no estudia en la actualidad ningún tipo de asistencia o apoyo
bilateral para proporcionar fondos adicionales por medio del FMI.
Se sabe que el secretario del Tesoro, Paul ONeill, ha criticado
los paquetes de asistencia del anterior gobierno demócrata
destinados a países como Rusia. De todos modos, la administración
Bush está preocupada. El jueves pasado, miembros de alto
rango del equipo de Bush, pertenecientes a entidades como el Consejo
Económico Nacional, el Consejo de Asesores Económicos
y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, acordaron realizar
una teleconferencia para debatir la crisis de Argentina.
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PACTO
CON LA BANCA. SUSPENDEN LICITACION DE LETES
Acuerdo
por 4200 millones
El
tono del discurso fue estudiado. La puesta en escena también. La
recomendación de fuertes y prolongados aplausos al final fue el
broche. Pero todo ese esfuerzo para poner en el centro del escenario al
presidente Fernando de la Rúa, como una muestra de su liderazgo
para estar al frente del mega ajuste, tendrá la prueba de fuego
hoy, cuando abran los mercados. El propio vocero presidencial, Juan Pablo
Baylac, reflejó esa inquietud cuando afirmó que lo
que necesitamos es tener un lunes en que los mercados respondan positivamente.
Por lo pronto, en Economía estaban contentos porque cerraron con
los bancos el programa financiero de renovación de Letes hasta
fin de año por 4200 millones de dólares.
Se definió instrumentar un canje voluntario de Letes por títulos
de uno a tres años, plazo que aún no se acordó, para
liberar a Economía de la tortura de las licitaciones quincenales
de esos papeles. Por lo pronto, la próxima, del martes que viene
fue archivada. Como las necesidades de financiamiento bajarían
1500 millones por el déficit cero, en Finanzas sostienen que esos
monto servirá para bajar el stock de Letes.
Como no podía ser de otra forma, en Economía esperan que,
esta vez, las cotizaciones de las acciones y bonos no vuelvan a castigarlos
y, fundamentalmente, que el riesgo país no siga subiendo. Ayer
al mediodía, en la Jefatura de Gabinete los banqueros liderados
por Eduardo Escasany aseguraron su participación en el canje de
Letes, pero fundamentalmente a sentarse a negociar en términos
más amistosos las tasas de interés. No podemos seguir
escupiendo para arriba, reconoció uno de los banqueros a
Página/12. Se refería al 16 por ciento anual que cobraron
por las Letes en la última licitación, que disparó
una nueva escalada de la corrida financiera. La caída de las cotizaciones
de los bonos está destruyendo los patrimonios de los bancos, que
también están viendo el rostro tenebroso del abismo. Ese
miedo los impulsó a ser un poco generosos con el Gobierno.
En concreto, los bancos se comprometieron a trocar unos 2400 millones
de Letes, mientras las AFJP, controladas por las entidades, a comprar
entre 600 y 1000 millones.
Las
medidas, una a una
- El descuento
a los empleados estatales y jubilados que ganen más de 300
pesos será del 13 por ciento en el trimestre julioseptiembre.
- El piso de las jubilaciones a podar podría elevarse a 400
o a 500 pesos.
- Ese aumento se daría si el Congreso aprueba ese ajuste
del 13 por ciento también para el Poder Legislativo y Judicial.
- También si se eliminan exenciones del impuesto a los débitos
y créditos bancarios.
- Si se aprueba uno de esos dos requisitos, las jubilaciones a recortar
suben a 400 pesos.
- Aprobadas esas dos iniciativas, los haberes exceptuados de la
tijera serían hasta 500 pesos.
- El recorte a los funcionarios políticos es del doble, 26
por ciento.
- Se pone un tope salarial en esa categoría que será
el que percibe el jefe de Gabinete.
- Se eliminan contratos de asesores y personal estatal, incorporados
al sector público por favores políticos.
- Cada provincia adoptará los mecanismos que considere adecuados
para garantizar el déficit cero.
- Se pide que el Congreso apruebe una reforma al IVA para que sea
cobrado sobre lo percibido y no sobre lo facturado.
- Se reclama que el Senado apruebe los pliegos de directores del
Banco Central.
- Se impulsará la transferencia de la Justicia nacional ordinaria
de la Capital Federal y la Policía Federal desplegada en
esa jurisdicción a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
con los recursos correspondientes.
- Se coordinarán los planes sociales nacionales y provinciales
con la confección de un padrón unificado de beneficiarios.
- Se coordinarán las acciones de la Nación y las provincias
para reducir el costo de las instituciones políticas.
- Se incorporan al fondo fiduciario del desarrollo provincial hasta
1000 millones de pesos de anticipo de impuesto a las Ganancias para
ayudar a las provincias a implementar sus respectivos ajustes.
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