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SE DEFINIO EL ALCANCE DEL MEGA AJUSTE DEL SECTOR PUBLICO
El trece, la yeta, para la poda

En el trimestre julio-septiembre, el recorte de salarios públicos y de jubilaciones por encima de los 300 pesos será del 13 por ciento. Economía fijó condiciones para subir el piso a 500 pesos. De la Rúa se jugó por el ajuste Cavallo para frenar la corrida.

El recorte que el Gobierno nacional aplicará sobre los sueldos de la administración pública y haberes jubilatorios superiores a 300 pesos mensuales será del 13 por ciento y se aplicará, por lo menos, durante un trimestre. El piso para el ajuste de las jubilaciones podrá subir a 400 pesos si los poderes Legislativo y Judicial suman a sus funcionarios y personal al sacrificio salarial, y a 500 pesos si además vota una ley eliminando las exenciones vigentes en el impuesto a las transacciones bancarias. Las remuneraciones de los funcionarios políticos se recortarán en el doble del porcentaje del resto, en un 26 por ciento, y además regirá un tope equivalente al sueldo de jefe de Gabinete (luego del recorte), por encima del cual no podrá cobrar ningún funcionario ni empleado, incluida toda forma de haberes. Ese ajuste del 13 por ciento también se extiende a los pagos de los proveedores del Estado. En la eliminación de las exenciones en el impuesto a las transacciones financieras no se aclaró qué pasará con las cajas de ahorro. También se promete un duro ajuste en las “contrataciones políticas” de asesores y funcionarios en las distintas áreas de gobierno.
De acuerdo con un “instructivo” firmado por el presidente de la Nación dirigido a cada uno de sus ministros, se enviarán tres proyectos al Congreso. Uno propone extender al ámbito legislativo y judicial (funcionarios y personal) la baja en las remuneraciones resuelta en el Poder Ejecutivo; otro proyecto se refiere a la eliminación de exenciones en el impuesto a las transacciones financieras y, finalmente, se pide una modificación en el artículo 1º de la ley de IVA para sustituir la obligación de pagar el impuesto según el momento de devengamiento de la operación (fecha de factura) por el de percepción (fecha de cobro del servicio o venta).
Según prometieron, no bien prospere una de las dos primeras iniciativas se subirá a 400 pesos el piso de jubilaciones alcanzadas por el recorte, y en caso de ser aprobadas las dos, se llevará a 500 pesos. Aunque los distintos funcionarios consultados eludieron hacer referencias a cifras, de acuerdo a lo señalado por el presidente De la Rúa en su discurso, con el piso de 300 pesos queda excluido del ajuste el 70 por ciento de los pasivos, y de llevarse el piso a 500, quedaría afuera el 85 por ciento.
Según refirió a Página/12 Armando Caro Figueroa, vicejefe de Gabinete, existen en el Estado un número no inferior a 300 funcionarios que cobrarían por encima de la remuneración del jefe de Gabinete, y unos 25 mil contratados de los cuales “muchos son cargos políticos”. Señaló que de estos últimos “primero serán reducidos por monto, y después deberá adoptarse una decisión de cuántos contratos podrá tener cada área”. Aclaró además que el ajuste salarial afectará a todo tipo de remuneración, incluidas las denominadas “unidades retributivas”, una forma de pago de manejo discrecional de cada ministro.
Las exenciones vigentes en el impuesto a las transacciones financieras serían eliminadas prácticamente en su totalidad, de acuerdo con el proyecto que el Ejecutivo le reclamará al Congreso que convierta en ley. El objetivo es bloquear las prácticas de elusión que el gobierno detectó que venían operándose en las últimas semanas. Ayer, el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, hizo referencia a maniobras realizadas a través de cooperativas y mutuales aprovechando su condición de exentas, con un costo para el fisco de 50 millones de pesos en un solo mes. Un importante banquero describió a Página/12 estas operaciones. “Las cooperativas se ofrecían como Tesorerías de las empresas, poniendo sus cuentas a disposición para hacer las cobranzas y los pagos”, a cambio de una remuneración por los servicios siempre muy inferior al impuesto ahorrado. La eliminación de la exención propuesta afectará a todas las cooperativas y mutuales, más allá de que hayan hecho o no estas maniobras. Lo mismo sucedería con los comisionistas y otras actividades excluidas de la obligación del impuesto, lo cual pondrá a más de una en riesgo cierto de desaparición. En cambio, desde el gobierno no supieron informar si entrelas exenciones que se eliminen también se incluye todo depósito o retiro en caja de ahorro.
Fernando de la Rúa se juega con este paquete, anunciado en forma desprolija el jueves pasado e intentado maquillar en los días siguientes hasta poner fin ayer al tironeo político, a tranquilizar a los mercados. Su elección por el ajuste de Cavallo frente a los amagues de fractura del Frepaso y a la presión del radicalismo de la mano de Raúl Alfonsín es su carta de presentación ante los analistas que le reclaman liderazgo. Hasta último momento buscó alternativas para no tocar las jubilaciones, pero el sector más duro del Gobierno lo convenció de que en ese capítulo no había posibilidades de dar marcha atrás.
“Es la primera vez que se lo vio tomar una medida con decisión”, exageró uno de los banqueros que participó de las negociaciones en Jefatura de Gabinete durante todo el fin de semana. Aunque, su conclusión no fue muy elogiosa sobre la capacidad de liderazgo para el Presidente: “Más vale tarde que nunca”. Ahora habrá que ver, en la apertura de los negocios, si para frenar la corrida financiera será suficiente.

¿Qué hará EE.UU.?

Cuando la corrida financiera se aceleró la semana pasada, y ante el temor del default, analistas y financistas empezaron a observar cuál será la reacción de Estados Unidos ante la crisis de Argentina. Lo que está claro es que Washington no estudia en la actualidad ningún tipo de asistencia o apoyo bilateral para proporcionar fondos adicionales por medio del FMI. Se sabe que el secretario del Tesoro, Paul O’Neill, ha criticado los paquetes de asistencia del anterior gobierno demócrata destinados a países como Rusia. De todos modos, la administración Bush está preocupada. El jueves pasado, miembros de alto rango del equipo de Bush, pertenecientes a entidades como el Consejo Económico Nacional, el Consejo de Asesores Económicos y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, acordaron realizar una teleconferencia para debatir la crisis de Argentina.

PACTO CON LA BANCA. SUSPENDEN LICITACION DE LETES
Acuerdo por 4200 millones

El tono del discurso fue estudiado. La puesta en escena también. La recomendación de fuertes y prolongados aplausos al final fue el broche. Pero todo ese esfuerzo para poner en el centro del escenario al presidente Fernando de la Rúa, como una muestra de su liderazgo para estar al frente del mega ajuste, tendrá la prueba de fuego hoy, cuando abran los mercados. El propio vocero presidencial, Juan Pablo Baylac, reflejó esa inquietud cuando afirmó que “lo que necesitamos es tener un lunes en que los mercados respondan positivamente”. Por lo pronto, en Economía estaban contentos porque cerraron con los bancos el programa financiero de renovación de Letes hasta fin de año por 4200 millones de dólares.
Se definió instrumentar un canje voluntario de Letes por títulos de uno a tres años, plazo que aún no se acordó, para liberar a Economía de la tortura de las licitaciones quincenales de esos papeles. Por lo pronto, la próxima, del martes que viene fue archivada. Como las necesidades de financiamiento bajarían 1500 millones por el déficit cero, en Finanzas sostienen que esos monto servirá para bajar el stock de Letes.
Como no podía ser de otra forma, en Economía esperan que, esta vez, las cotizaciones de las acciones y bonos no vuelvan a castigarlos y, fundamentalmente, que el riesgo país no siga subiendo. Ayer al mediodía, en la Jefatura de Gabinete los banqueros liderados por Eduardo Escasany aseguraron su participación en el canje de Letes, pero fundamentalmente a sentarse a negociar en términos más amistosos las tasas de interés. “No podemos seguir escupiendo para arriba”, reconoció uno de los banqueros a Página/12. Se refería al 16 por ciento anual que cobraron por las Letes en la última licitación, que disparó una nueva escalada de la corrida financiera. La caída de las cotizaciones de los bonos está destruyendo los patrimonios de los bancos, que también están viendo el rostro tenebroso del abismo. Ese miedo los impulsó a ser un poco “generosos” con el Gobierno. En concreto, los bancos se comprometieron a trocar unos 2400 millones de Letes, mientras las AFJP, controladas por las entidades, a comprar entre 600 y 1000 millones.

Las medidas, una a una

- El descuento a los empleados estatales y jubilados que ganen más de 300 pesos será del 13 por ciento en el trimestre julio–septiembre.
- El piso de las jubilaciones a podar podría elevarse a 400 o a 500 pesos.
- Ese aumento se daría si el Congreso aprueba ese ajuste del 13 por ciento también para el Poder Legislativo y Judicial.
- También si se eliminan exenciones del impuesto a los débitos y créditos bancarios.
- Si se aprueba uno de esos dos requisitos, las jubilaciones a recortar suben a 400 pesos.
- Aprobadas esas dos iniciativas, los haberes exceptuados de la tijera serían hasta 500 pesos.
- El recorte a los funcionarios políticos es del doble, 26 por ciento.
- Se pone un tope salarial en esa categoría que será el que percibe el jefe de Gabinete.
- Se eliminan contratos de asesores y personal estatal, incorporados al sector público por favores políticos.
- Cada provincia adoptará los mecanismos que considere adecuados para garantizar el déficit cero.
- Se pide que el Congreso apruebe una reforma al IVA para que sea cobrado sobre lo percibido y no sobre lo facturado.
- Se reclama que el Senado apruebe los pliegos de directores del Banco Central.
- Se impulsará la transferencia de la Justicia nacional ordinaria de la Capital Federal y la Policía Federal desplegada en esa jurisdicción a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los recursos correspondientes.
- Se coordinarán los planes sociales nacionales y provinciales con la confección de un padrón unificado de beneficiarios.
- Se coordinarán las acciones de la Nación y las provincias para “reducir el costo de las instituciones políticas”.
- Se incorporan al fondo fiduciario del desarrollo provincial hasta 1000 millones de pesos de anticipo de impuesto a las Ganancias para ayudar a las provincias a implementar sus respectivos ajustes.

 

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