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Por
Eduardo Videla
 Un
hombre, joven y sano, no es aceptado para un puesto de trabajo porque
los análisis genéticos indican que puede enfermar en los
próximos 10 años; a otro, una empresa de medicina prepaga
le rechaza la cobertura para su familia porque su hijita puede desarrollar,
en unos años, una enfermedad de tratamiento costoso. Estos episodios
pertenecen aún a la ficción, pero pueden ser reales en poco
tiempo, cuando los laboratorios puedan obtener información genética
de cada persona y predecir futuras dolencias. A partir de la decodificación
del genoma humano, la posibilidad de que la información genética
se utilice para discriminar a las personas preocupa a la comunidad científica
internacional y a legisladores de distintos países. Ese interés
ya llegó a la Argentina: el primer proyecto para garantizar el
derecho a las personas a mantener en reserva su código genético
y sancionar a aquellos que utilicen esos datos para discriminar, fue presentado
en la Legislatura porteña y está a punto de ser aprobado
por la Comisión de Derechos Humanos. Una iniciativa similar fue
presentada en la Cámara de Diputados de la Nación.
“En el futuro, la discriminación no va a ser por razas ni
por religión sino por una forma más sutil”, advierte
el diputado Oscar Moscariello (Democracia Progresista-Alianza), promotor
de la iniciativa, que cuenta con el respaldo de la titular de la Comisión
de Derechos Humanos, la peronista Alicia Pierini. “Queremos incorporar
el tema en el mundo del Derecho, donde hoy hay un vacío sobre esta
cuestión”, sostiene Pierini.
El proyecto, redactado sobre la base del que se debate en el Congreso
de los Estados Unidos, prohíbe la discriminación de las
personas en todo el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, “sobre
la base de información genética predecible” y la difusión
de esta información, salvo consentimiento del interesado. “Un
laboratorio no podrá dar a conocer los resultados de los exámenes
a terceros”, explicó Moscariello. Según el proyecto,
en caso de violación de estas cláusulas, el damnificado
–o sus herederos– “podrán reclamar la reparación
de los daños y perjuicios, de acuerdo a las normas del Código
Civil”.
El proyecto también prohíbe a las compañías
de seguro, obras sociales, empresas de medicina prepaga o aseguradoras
de riesgo de trabajo (ART), solicitar análisis genéticos
previos a las coberturas o requerir esa información a otras entidades.
Y sostiene que se considerará como una “práctica de
empleo ilegal por parte del empleador”, despedir a una persona o
negarse a contratarla “en razón de información genética
predecible referida a la persona o miembro de su familia”.
El biólogo molecular Alberto Kornblihtt, investigador del Conicet,
sostuvo que “es muy importante que la sociedad empiece a debatir
el tema”. “El conocimiento del código genético
de una persona permitirá predecir un cierto porcentaje de riesgo
de padecer alguna enfermedad –alertó el investigador a Página/12–.
Por eso me parece bien que se establezcan mecanismos para que esta información
no se pueda usar para discriminar a las personas.”
Por su parte, Mariano Levin, investigador principal de la Facultad de
Ciencias Exactas de la UBA, también manifestó su acuerdo
en la necesidad de legislar sobre el tema, pero sostuvo que “la discusión
tiene que contemplar a todos los sectores, desde los investigadores y
filósofos hasta las empresas de medicina prepaga y las aseguradoras”.
“La comunidad científica a nivel internacional se ha puesto
de acuerdo en que ningún examen podrá hacerse y ningún
resultado podrá darse a conocer sin el consentimiento de la persona”,
agregó el especialista.
Este acuerdo está plasmado en la Declaración Universal sobre
el Genoma Humano y los Derechos Humanos, de la Unesco, incorporado como
anexo al proyecto legislativo.
La iniciativa ya fue avalada por los diputados de la Comisión de
Derechos Humanos de la Legislatura. “Una vez aprobado por la comisión,
se abre un período de observaciones, de siete día hábiles.
Estamos encondiciones de aprobar el proyecto en el recinto este año”,
aseguró Pierini.
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