Por Irina Hauser

El ministro de Economía, Domingo Cavallo, logró imponer una modificación a la Ley de Etica Pública para flexibilizar el régimen de incompatibilidades y de paso facilitar el nombramiento del directorio que acompañará a Roque Maccarone al frente del Banco Central (BCRA). El cambio de la ley se hizo por decreto, gracias a la ley de superpoderes. Y repercutirá en todos los nombramientos que el Gobierno haga de ahora en más: ya no será un impedimento para acceder a cargos públicos haber trabajado para empresas vinculadas al Estado o reguladas por él durante el año previo a la asunción ni desempeñarse en ellas en el año posterior a dejar el puesto.
El decreto que firmó el presidente Fernando de la Rúa en medio de las turbulencias económicas, responde a un razonamiento alentado por el superministro Cavallo: las restricciones impedían “que las personas calificadas accedan a funciones destacadas en la Administración Pública Nacional o empresas privadas”, como dicen los fundamentos de la reforma. Un planteo que un asesor legal del Poder Ejecutivo tradujo así: “Estamos perdiendo la chance de tener a las mejores personas para cada área. ¿O acaso en el BCRA hay que terminar poniendo un músico en vez de banqueros expertos o personas ligadas al sector empresario?”.
Pedro Pou no es músico. Pero que sea empresario -.antiguo dueño, por ejemplo, de las bodegas Navarro Correas-. y lo reivindiquen los banqueros más poderosos del país no lo hizo un mejor funcionario en los seis años al frente del Central. O al menos eso es lo que sostiene el propio Cavallo, quien lo responsabiliza de haber provocado el actual colapso económico. Pou se perpetuó en el BCRA aun durante el gobierno de la Alianza, hasta que De la Rúa lo echó por consejo del Senado en medio de acusaciones de no haber controlado eficazmente al sistema financiero.
A la inversa, si es por el criterio que prioriza banqueros, a Enrique Olivera no le exigieron habilidades financieras al nombrarlo presidente del Banco Nación, y a Ricardo Gutiérrez tampoco al designarlo titular de Banco de la Provincia de Buenos Aires.
La noción-modelo del banquero y el super empresario es la que prima en la modificación que se hizo por decreto de una ley que al Congreso le llevó años consensuar en un producto más o menos digno. Entre los cambios introducidos se suprimió el texto que establecía que las incompatibilidades se extendían al año anterior o posterior al ingreso o egreso del funcionario. Aquella condición, puntualizada en el artículo 15, estaba pensada para evitar que quienes manejan información privilegiada en el Estado hagan uso de ella en el sector privado, o viceversa.
Ahora sólo importa que las actividades no se superpongan, es decir, que una misma persona evite cumplir simultáneamente funciones en el sector público y en empresas privadas ligadas al Estado por prestarle servicios, ser proveedora o estar bajo su control. Si trabaja en la Administración Nacional, el único condicionamiento es que se abstenga de intervenir -está claro que abstenerse es un gesto voluntario– en cuestiones “relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años o tenga participación societaria”. En caso de que se vaya de la función pública, si tuvo “intervención decisoria” en concesiones o privatizaciones de empresas o servicios públicos tendrá “vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras” correspondientes a los tres años posteriores a la última adjudicación en la que haya participado. Cómo se controlará esto, difícil tener certezas.
Por ahora, todo está centrado en la designación inminente de cuatro directores del Banco Central (ver aparte). Aunque las riñas entre los senadores continúen y tal vez los pliegos no vuelvan a ser discutidos hasta agosto, habrá un obstáculo menos gracias al decreto flexibilizador publicado en el Boletín oficial el 2 de julio con el claro objetivo defacilitar el nombramiento. De hecho, cuando Economía consultó a la Oficina Anticorrupción (OA) en principio le pidió opinión sobre los cuatro casos puntuales.
En un escrito el titular de la OA, José Massoni, recordó que la Procuración del Tesoro ya dictaminó en otros casos que la aplicación de los artículos de la Ley de Etica que se refieren a conflictos de intereses “no pueden ser entendidos y aplicados mediante un apego automático e irreflexivo a sus términos literales”. Siguiendo esa línea, aunque sin dar aval directo a los candidatos al BCRA ni sugerir que se cambie la ley por decreto, Massoni dice que deberían “excusarse de entender en aquellos asuntos que estuvieran vinculados con las entidades financieras en particular con las que tuvieron relación”. Massoni busca destacar que su opinión es “de alcance limitado” y que, en definitiva, es el Senado quien aplica la ley en este caso. En el Ministerio de Justicia es sabido que un buen sector de la OA no comulga con que la Ley de Etica no sea aplicable a los legisladores y los jueces.
Tal como quedó amputada, la norma no sólo será aplicada a los brazos económicos de la Administración Nacional sino que tocará, entre otras, a salud y educación. Los argumentos son los mismos en todos los casos y se basan en que las limitaciones (ya erradicadas) “afectan la eficiencia de las reparticiones estatales y perjudican a la competitividad de la economía”. “Que el perjuicio a la competitividad de la economía se refleja en la imposibilidad de que el Estado reclute a sus funcionarios entre quienes se encuentran actualmente en el ámbito de la actividad privada”. “Que esto pone al Estado Nacional en inferioridad de condiciones respecto de cualquier operador privado en mercados actualmente competitivos”. Y que eso “afecta a la productividad global de la economía argentina”.
Son argumentos que buscan rematar en una conclusión: haciendo más laxa una ley destinada a limitar la corrupción se pueden solucionar las crisis económicas.

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